El Estado reconoce el derecho de la propiedad intelectual

El Estado reconoce el derecho de la propiedad intelectual, específicamente el de propiedad industrial, en el artículo 28 Constitucional^[1], al señalar que no constituirán monopolios los privilegios que por un determinado tiempo concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora  a las invenciones.

Mediante la función legislativa, se crean distintas leyes, preponderantemente del orden federal, para regular lo señalado en la base constitucional de las invenciones.

La principal de ellas, es la llamada Ley de Propiedad Industrial, la cual regula todo lo relacionado con invenciones, y que se definen como toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacción de sus necesidades concretas.^[2]

Además del concepto de invención señalado anteriormente, se señala dentro del cuerpo normativo lo que no se considerará invención para los efectos de la regulación del mismo. El listado se encuentra en el artículo 19 de la Ley de Propiedad Industrial:

“Artículo 19.- No se considerarán invenciones para los efectos de esta Ley:

I.- Los principios teóricos o científicos;

II.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;

III.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos; Fracción reformada DOF 02-08-1994

IV.- Los programas de computación;

V.- Las formas de presentación de información;

VI.- Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;

VII.- Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y

VIII.- La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.”

Por su parte, en el mismo cuerpo normativo, el Estado reconoce a los sujetos de la invención a la persona física creadora de la invención; las personas físicas o morales causahabientes de los derechos que otorgan las patentes; y a las personas físicas o morales que en virtud de un contrato de licencia o de franquicia pueden disfrutar los derechos que confiere la patente de un tercero. ^[3]

Particularmente el beneficio que le otorga la ley a los particulares es el de tener el derecho exclusivo de la explotación en su provecho por determinado tiempo improrrogable, por lo que al concluir dicho plazo se vuelve del dominio público. En las invenciones este derecho se obtiene mediante la patente, la cual se tramita ante el organismo administrativo denominado Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.^[4]

Ahora bien para garantizar dicho beneficio que otorga el orden jurídico, el Estado cuenta con distintos mecanismos para proteger las invenciones. Esto con la finalidad de no mermar el patrimonio del inventor, y por otro lado no estancar el desarrollo económico y tecnológico debido a la creación de los inventos, que al final del camino impactan en la evolución humana lo que por consecuencia justifica la necesidad de la sociedad de proteger dichos derechos.

En la rama penal, considera esta protección mediante los tipos penales que pudieren ocasionar un daño a dicho bien tutelado que es la propiedad industrial, imponiendo penas a quienes encuadren dentro de dichos preceptos.

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