El Gasto Publico

LOS GASTOS PUBLICOS

Son gastos públicos las erogaciones dinerarias que realiza es estado en virtud de ley para cumplir sus funciones consistentes en la satisfacción de necesidades públicas.

Mediante el gasto público el Estado se moviliza para atender las necesidades de la población por medio de los servicios públicos, cuyo destino es la cobertura de las necesidades públicas. Pero también el Estado puede satisfacer dichas necesidades con prescindencia de los servicios públicos y utilizando los efectos que “en sí mismos” los gastos públicos provocan en la economía nacional, atento a su importancia cuantitativa y cualitativa (por ejemplo: Un incremento considerable en la cuantía del gasto público puede obrar como reactivador de un economía en recesión con prescindencia del destino del gasto).

Sin embargo, y cualquiera que sea la forma de satisfacción utilizada, el concepto está siempre ligado al de necesidad pública. Ésta, en efecto, juega el papel de prepuesto de legitimidad del gasto público, puesto que es indispensable su preexistencia para que el gasto se materialice justificadamente.

Ello es así porque los recursos deben obtenerse proporcionalmente a lo que se debe gastar, y los gastos solos se entenderán razonablemente calculados si se tienen en cuenta los recursos posibles.

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO.

El gasto público no sólo debe ser estudiado como causa de los ingresos requeridos para poner en funcionamiento las actividades mediante las cuales se satisfacen necesidades públicas. La evolución del concepto demuestra que el gasto público, por sí solo y con prescindencia de la financiación de servicios públicos, significa un importante factor de redistribución del ingreso y del patrimonio nacional, de estabilización económica, de incremento de la renta nacional y que su influencia es decisiva sobre aspectos tan esenciales como la plena ocupación, el consumo, el ahorro y la inversión.

Esta evolución del concepto está íntimamente ligada a la nueva concepción sobre la misión del

Estado.

A)Para los clásicos, el Estado es un mero consumidor de bienes: los gastos públicos constituyen una absorción de una parte de esos bienes que están a disposición del país. Es cierto que ello es indispensable porque el Estado tiene importantes cometidos a cumplir (ejército, policía, justicia), pero eso no quita que económicamente sea un factor de empobrecimiento de la comunidad, la cual se ve privada de parte de su riquezas. Éstas caen a un “abismo sin fondo” del cual no retornan. De ahí, la expresión vulgarizada del“estado pozo”.

Para las concepciones modernas, el Estado no es un consumidor sino un redistribuidor de riquezas. Ellas no desparecen en un abismo sin fondo, sino que son devueltas íntegramente al circuito económico. Es decir, el conjunto de sumas repartidas a los particulares mediante el gasto público es equivalente al conjunto que le fue recabado mediante el recurso público. El Estado actúa, de esta manera, como un “filtro” o como una “bomba aspirante e impelente”: procede a modo de bomba aspirante de las rentas de la comunidad y como impelente de la riqueza obtenida, mediante los gastos públicos, expandiéndola sobre toda la economía.

Características esenciales:

Para ello partimos de la definición dada al comienzo del bloque

a. Erogaciones dineraria: el gasto público siempre consiste en el empleo de bienes valuables pecuniariamente.

b. Efectuadas por el estado: se incluyen todas las sumas que por cualquier concepto salen del tesoro público (gastos de la Administración pública, de entidades descentralizadas, de empresas estatales, etc)

c. En virtud de ley. En los estados de derecho rige el principio de legalidad en cuanto al gasto, es decir, no hay gasto público legítimo sin ley que lo autorice.

En el derecho argentino (y en el orden nacional), la base legal se manifiesta de una triple manera:

• En primer lugar, el régimen del gasto público está regulado por la Ley de Contabilidad Pública que establece pautas jurídicas comprensivas de todas las erogaciones que se presuma deben hacerse en el ejercicio. Esta ley reglamenta el gasto en sus diversos aspectos y especialmente en su ejecución

• También surge la juricidad del gasto de la estimación y autorización de erogaciones que debe realizarse mediante la ley anual del Presupuesto General de la Nación, que estudiamos más adelante

• Por último, la tercera manifestación de la legalidad del gasto público est5á referida a un momento posterior al de su ejecución y se identifica con el control del adecuado empleo de los dineros públicos.

d) Para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas.

Idealmente, la erogación estatal debe ser congruente con los fines de interés público asignados al Estado (la satisfacción de necesidades públicas), pero cabe preguntar qué sucede con los fondos salidos de la tesorería estatal que no atienden estos fines.

Aquellos gastos que ocurren en la realidad y que no responden a la satisfacción de las necesidades públicas no dejan de ser gastos públicos si son realizados por el estado con los caudales públicos, pero no cabe dudas de que se tratará de gastos públicos ilegítimos. Por eso la necesidad pública es el presupuesto de legitimidad del gasto público, pero no su presupuesto existencial.

REPARTO.

En relación al lugar y en relación al tiempo, prescindiendo de otras formas de repartos mencionada por la doctrina (reparto entre las diversas clases sociales y reparto del gasto entre los diversos poderes públicos).

A) En relación al lugar. Este tema ha sido motivo de discusiones doctrinales. Por un lado se sostiene que el reparto debe efectuarse proporcionalmente al importe comparativo de los ingresos que el Estado obtiene en cada región o provincia en particular- se dice que es totalmente injusto que el Estado obtenga los ingresos de un lugar y que luego los gaste en otro lugar diferente.

Las teorías adversas sostienen, por el contrario, que el gasto debe efectuarse en aquellas regiones donde su utilidad sea máxima, sin considerar el origen de los recursos. Se argumenta que la reunión de varias regiones territoriales en un solo Estado implica una renuncia a la consecución del máximo bienestar regional, en cuanto éste no sea compatible con la exigencia del fin más elevado que trata de lograr el máximo bienestar general. Es decir, refiriéndolo al Estado como un todo sin consideraciones de regiones. Parece imposible lograr un reparto de los gastos públicos de tal forma que cada región o provincia obtenga un servicio estatal exactamente equivalente, en cuanto a su gasto, a

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