Federalismo en México

La forma de gobierno de los estados miembro de la Federación Mexicana

Además de seguir las reglas de la lógica, y en especial de la lógica jurídica, el hecho de que las entidades federativas tengan la misma forma de gobierno que la Federación en sí, es una cuestión regulada por nuestra Carta Magna, ya que en el artículo 115, primer párrafo, se prevé que los estados deben adoptar en su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular, razón por lo cual las Constituciones locales de los estados miembro tienden a adoptar dichas características. Se entiende, por lo tanto como elementos de una república la renovación periódica de los titulares del poder público y la participación de la voluntad ciudadana, para determinar quienes deberán de ostentar dicha titularidad gubernamental, que va de la mano con la representatividad, que habla de la proporcionalidad entre las personas que serán representantes con el pueblo que los elige, y por último encontramos la popularidad, concepto también interdependiente con los anteriores, en donde la voluntad de elegir a sus representantes reside únicamente en el pueblo.

En nuestro país las Constituciones locales abrazan la misma forma de gobierno que adopta nuestra Carta Magna, y en caso de que no sea así y una entidad federativa se niegue adoptar el modelo federal, la misma contempla consecuencias jurídicas, ya que se atenta contra el orden lógico-jurídico y funcional de toda la federación. Aquí podemos mencionar a la “garantía federal”, que Tena Ramírez la ve como la obligación de los poderes federales, en especial el legislativo y el ejecutivo, de proteger a los estados miembro contra los trastornos que puedan derivar de hechos alteradores del orden, y nada más alarmante para el orden de un estado que se altere su forma de gobierno.

Considero que la necesidad de que tanto los estados miembro de una federación como la federación misma tengan la misma forma de gobierno, es una característica de un Estado Constitucional de Derecho, que se basa en la estructura lógica de un Estado, que atiende a la teoría de la regularidad de los actos jurídicos de Kelsen, en la cual las normas inferiores deben ser de conformidad con la norma superior, que se traduce en seguridad jurídica para el gobernado de que la forma de gobierno será uniforme en toda la federación y la Carta Magna protege esa seguridad jurídica.

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