Gobernabilidad cuestionada

GOBERNABILIDAD CUESTIONADA,

factor que impide el desarrollo nacional

La clase política busca de cualquier modo acceder al gobierno del país, de manera excepcional mediante elecciones limpias. “Por elecciones limpias se refiere a aquellas que son competitivas, libres, igualitarias, decisivas e inclusivas, y en la cuales los que votan son los mismos que tienen derecho a ser elegidos”^[1]

La gobernabilidad o gobernanza es “el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”^[2], es una definición dada con la más buena intención; sin embargo, esto no ha sido así en el Perú. Desde que se instauró la colonia hasta nuestros días, la clase política con todo tipo de argumentos desarrollaron planes de espaldas a los intereses nacionales. En lo histórico, algunos casos, de manera grosera y de escándalo^[3].

En el Perú, la democracia no es una sociedad en la que existe una igualdad de condiciones sociales, justeza económica o política de principios positivos. Esto ha hecho que en las últimas décadas, la popularidad de los gobernantes terminara casi en cifras de un dígito por ofrecimientos no cumplidos, y lo peor es que mintiendo quisieran negarlo.

Las políticas de Estado están sujetas a los vaivenes políticos del capital extranjero, en estas últimas dos décadas con la aplicación del neoliberalismo la participación del Estado casi ha desaparecido hasta en los quehaceres básicos como la seguridad ciudadana, el financiamiento de obras públicas busca el clientelismo de rasgo populista sin proyección al largo plazo.

Los valores esgrimidos por los partidos políticos con el tiempo fueron decayendo en desmedro de una auténtica identificación con el desarrollo de la economía nacional, hasta la fecha seguimos siendo exportadores de materias primas o primario-exportadores hacia los países industrializados, el argumento siempre ha sido que no tenemos la infraestructura necesaria para el procesamiento de lo producido o que el país no cuenta con los capitales necesarios y por tanto la participación de capitales extranjeros en actividades hasta de seguridad nacional como son los puertos, la energía eléctrica y las comunicaciones.

El sacrificio del país en beneficio de los capitales privados se ha hecho siempre en contra de los trabajadores manuales o intelectuales, de manera indistinta. Casos en la historia con declarado trasfondo de corrupción como el guano de las islas, los ferrocarriles, la compra de armamento inservible, la venta de toda cosa pública para enriquecer a pequeñas castas políticas o familiares. El botín fue el Estado y los fondos públicos, en esto último las Administradoras de Fondos de Pensiones del Perú (AFP) mayoritariamente son de origen extranjero.

Las empresas privadas no declaran los impuestos que se comprometieron pagar, casos típicos de Telefónica, las transnacionales en la minería. La SUNAT estruja al extremo al poblador peruano pero por “estabilidad jurídica de las inversiones” o el Tratado de Libre Comercio a las empresas extranjeras no se les puede aplicar las mismas normas que a cualquier ciudadano de a pie. Reclamar derechos nacionales es atentar contra la estabilidad jurídica dicen.

El capital extranjero en el Perú nos ha mantenido en un status quo de país dependiente, empobrecido, no somos un país en desarrollo ni menos emergente. Nuestros gobernantes de turno no tienen el menor interés en desarrollar el país, prevalecen sus intereses egoístas; no vemos un sacrificio por la patria, le temen a la muerte temprana porque les impediría disfrutar del producto corrupto.

Se podrán establecer consensos y firmar acuerdos pero sin ninguna duda en contra de los intereses del país, eso significa el Acuerdo Nacional cuando el compromiso de fortalecer la democracia y el Estado de Derecho pasa por hacer respetar la Constitución Política de 1993 que entre otras cosas se entrega en bandeja nuestras riquezas al capital extranjero y se reprime al pueblo cuando se trata de establecer el derecho ciudadano a la consulta previa. La equidad y la justicia social la constriñen a la reducción de la pobreza y la hacen regalando lo poco que se ha conseguido con mucho esfuerzo y trabajo por las masas trabajadoras, se solventa el paternalismo o asistencialismo del Estado y no se invierte en la industria nacional; en todos los gobiernos las entidades del estado cambian de nombre pero las funciones son las mismas: cooperación popular, Fondo de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES), PRONAA, los desayunos escolares ahora Qaly warma, beca 18, pensión 65, etc. Se malgasta lo que bien pudiera invertirse en el desarrollo nacional; en impulsar la industria nacional, la producción de maquinaria propia con tecnología nacional. Casi todos los proyectos nacionales de gran envergadura están orientados a servir al capital extranjero, grandes centrales hidroeléctricas para servir a la gran minería y subsidiariamente electricidad doméstica mas no industrial (trifásica); carreteras de interés nacional al servicio de las transnacionales.  

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