La Ley de Justicia y Paz

¿Qué es Justicia y Paz?

Frente a diversos hechos violentos, enmarcados dentro del conflicto suscitado por los Grupos Armados Organizados al margen de la Ley (GAOML), el Estado colombiano promulgó una ley especial: La Ley de Justicia y Paz, que tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de GAOML y garantiza los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación.

La Ley de Justicia y Paz busca llegar a la verdad, derecho de carácter colectivo para la sociedad y un derecho particular para los familiares de las víctimas; a la justicia mediante la participación en las audiencias penales tanto en la fase de instrucción como de juzgamiento, y a la reparación que conlleva la restitución plena, la indemnización, rehabilitación, reparación simbólica, colectiva e individual.

En estricto sentido, no se trata de una amnistía, porque en ella no se utilizan penas a los amnistiados, se aplica el perdón y olvido; en esta justicia especial se aplica una pena alternativa como consecuencia de un proceso penal especial en el que la policía judicial, la Defensoría Pública, la Procuraduría, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Fiscalía y la Magistratura, tienen distribuidas varias funciones en la misión de la búsqueda de la verdad, la construcción de la memoria histórica y la garantía de no repetición

El sustento de la Ley de Justicia y Paz está dado en un fundamento político criminal, que consiste en otorgar beneficios a quien se desmovilice, deje de delinquir y confiese los delitos, basada en la necesidad de saber la verdad de lo sucedido hace tantos años; delitos cometidos por grupos armados que han sido archivados, de los que no se sabe quién fue su autor material e incluso, en algunos eventos, no se conoce si la víctima está viva o muerta. Existe en el fondo una impotencia investigativa que no puede quedarse en la impunidad total.

El proceso penal comienza con la desmovilización de los integrantes de los grupos armados al margen de la Ley, se continúa con la confesión de todos los delitos cometidos por los integrantes de dichos grupos, y termina con la imposición de una pena de prisión alternativa que se aplicaría a un condenado por delitos graves como masacres, desaparición forzada, homicidio, violación, entre otros. Esta pena que se impone entre cinco y ochos años de prisión es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena máxima de hasta cincuenta años, y reemplazarla por una pena mucho menor que se concede por la confesión, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y la adecuada resocialización del postulado.

El condicionamiento para tal alternatividad es que el desmovilizado que ha sido postulado y se ha ratificado en su versión libre, confiese de manera

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