La Salud: ¿Un Negocio O Una Política De Estado?

La Salud: ¿Un Negocio o una Política de Estado?

LA SALUD: ¿UN NEGOCIO O UNA POLÍTICA DE ESTADO?

INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren de cáncer en el mundo cerca de ocho millones de personas. Cuba ha desarrollado ya cuatro vacunas contra diferentes tipos de esta enfermedad. Sin embargo, los grandes medios internacionales han ignorado estos avances casi por completo. Este hecho no es sorprendente si se tienen en cuenta las afirmaciones del Premio Nobel de Medicina Richard J. Roberts quien denunciaba recientemente que “las farmacéuticas orientan sus investigaciones no a la cura de las enfermedades, sino al desarrollo de fármacos para dolencias crónicas, mucho más rentables económicamente. Y señalaba que las enfermedades propias de los países más pobres–por su baja rentabilidad- sencillamente no se investigan. Por ello, el 90% del presupuesto para investigación está destinado a las enfermedades del 10% de la población mundial.” (Nueva Tribuna, 2013) Los enfermos crónicos argentinos no escapan a esta realidad: viven dependientes de medicamentos muy caros, que no sólo no mejoran su dolencia sino que gradualmente deterioran su calidad de vida al no detener el avance de la enfermedad. Los laboratorios médicos intervienen además en la economía argentina, concentran el mercado, fijan precios y con ello tienen injerencia sobre la inflación y su respectiva consecuencia en la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. En las antípodas de la preocupante e injusta situación argentina se encuentra el Sistema de Salud cubano, que es direccionado por el Estado y se concibe como una totalidad que se conforma desde el financiamiento, el control, producción y desarrollo de fármacos, la formación profesional y la investigación científica tecnológica hasta la atención médica universal y gratuita de los cubanos. La investigación científica médica se entiende desde una perspectiva dialéctica de los problemas sociales. Las políticas sanitarias y de prevención de enfermedades hubieran sido imposibles sin los cambios en políticas de educación que introdujo la revolución. Ambas políticas se articulan y complementan, alcanzando niveles iguales o superiores a los de los países más desarrollados del mundo. El desarrollo científico cubano ha tenido desde el inicio de la revolución los obstáculos perversos que todos los gobiernos de Estados Unidos le han impuesto, el bloqueo económico como así también la manipulación mediática han sido un límite a dicho desarrollo, pero también han potenciado la creatividad del pueblo cubano junto a sus científicos y la solidaridad de otros pueblos que pretenden para sí la independencia política y económica. El bienestar de la población cubana deriva de un sistema de carácter socialista con autonomía en la producción de conocimiento científico, en contraposición con el caso argentino, cuyo sistema es capitalista y dependiente de las potencias mundiales, viéndose privado de la posibilidad de generar un desarrollo autárquico y por ende perjudicando la salud y calidad de vida del pueblo argentino.

LA SALUD COMO UN NEGOCIO DE POCOS: EL CASO ARGENTINO

En el este apartado me refiero a las ciencias médicas en su conjunto y más específicamente a las prácticas reaccionarias de intervención de los laboratorios de especialidades medicinales, en el ámbito político, económico y de carácter ético profesional en la Argentina. En mi opinión estas prácticas limitan y estancan el desarrollo científico de dichas ciencias. Estas consideraciones se contextualizan en el marco de la economía capitalista y dependiente de nuestro país. Este conjunto de intervenciones y métodos han pretendido y pretenden mantener su posición de dominante de mercado, acentuar más aún la dependencia en el desarrollo científico médico y direccionar proyectos de salud pública.

Reseña histórica: laboratorios de especialidades medicinales y golpe de Estado

La presidencia de Arturo Illia se desarrolla entre el 12 de octubre de 1963 y el 28 de junio de 1966. Dicho presidente, miembro y dirigente de la UCR, se impuso con apenas el 25,15% de los votos. La segunda fuerza fue el voto en blanco ordenado por Perón desde Madrid: 19,72%. Esta situación revela una debilidad en relación al apoyo de su asunción así como también en su gestión.

En el verano de 1964 seguramente impulsado por su vocación médica, Illia reforzó su interés en mejorar la calidad de la salud pública, que se iba a materializar a través del proyecto de ley de medicamentos que el 15 de enero de ese año ingresó al Congreso. Este proyecto de ley había sido desarrollado por el estudio de dos comisiones. Una de ellas estaba conformada por médicos, bioquímicos, y especialistas en farmacología y era presidida por un profesor de la Universidad de Buenos Aires. La segunda comisión estaba integrada por contadores y economistas, y se centró en el estudio de los costos de los medicamentos. La comisión formada por especialistas en ciencias de la salud trabajó sobre muestras de más de veinte mil medicamentos: descubrió que muchos de ellos carecían de las drogas e ingredientes que decían contener, o bien no las tenían en las proporciones explicitadas en sus prospectos. La comisión de contadores pudo constatar que los grandes laboratorios poseían un doble juego de libros de contabilidad que les facilitaba exagerar los costos para maximizar sus ganancias. Esta doble contabilidad tenía por objetivo defraudar al fisco. La ley 16.462, impulsada por el ministro de salud Dr. Arturo Oñativia, que congeló el precio de los remedios, definía a éstos como "bienes sociales". Al concebir al medicamento como bien de mercado, es imposible no pensar en el derecho a la propiedad intelectual-patente farmacéutica, aquella que protege al descubridor-inventor-creador de algo; pero ese algo en este caso es en realidad aquel bien social que defendía el Dr. Oñativia, y al definirlo como social, esta propiedad intelectual indefectiblemente se opone al derecho a la salud: si la emergencia supera a la demanda de medicamentos, esa patente farmacéutica ya no tiene razón de ser. La Ley 16.463, también llamada Ley Oñativia en homenaje al Ministro de Salud Arturo Oñativia, fue sancionada el 23 de julio de 1964 y promulgada el 8 de agosto de 1964.

La reacción de los laboratorios, que en su mayor parte eran de origen europeo, fue inmediata. En primer lugar, sostuvieron que sólo ellos poseían expertos con la pericia necesaria para realizar esos estudios, por lo que el gobierno les dio seis meses para presentar una declaración jurada relativa al costo y la calidad de los medicamentos, al tiempo que mantuvo la congelación de los precios. Ninguno de ellos presentó la declaración jurada. La ira de los grandes

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