La biopolitica en el uso de drogas

La popularización de drogas de diverso tipo en Chile, se ha permeado en los diversos estratos de la sociedad y es principalmente en la juventud, quienes son más propensos a experimentar con sustancias. Las drogas, al encontrarse inmersas en distintos formatos y escenarios de consumo, están al alcance de toda la población y es donde la “gubernamentalidad”, que tiene la tarea de regular la vida en sociedad y velar en consecuencia, por la salud pública o el ‘bien común’ de los individuos, que se circunscriben dentro del territorio, a través de un:

“conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad” (Foucault, pág. 136),

Por definición, las drogas son “toda sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad o aumentar la salud física o mental y en farmacología como toda sustancia química que modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos o los organismos” (OMS, 1994, pág. 33). Sin embargo en el lenguaje y la cultura es utilizada de manera coloquial para referirse a las ilegales, que en su contexto, tienen un comportamiento atávico con la adicción, desinhibición y la ‘delincuencia’, además de estar su consumo socialmente catalogado como tabú, por la relación que tienen con el ‘crimen’ y ‘narcotráfico’, los cuales en este escenario del mundo de las drogas, son un “poder más” dentro de la intrincada red que interactúa con todos los individuos (Foucault, 1999).

Desde la puesta en marcha de la Ley 20.000, el aumento de la población penal ha ido en aumento, ya que, la nueva figura penal de “microtráfico” ha convertido a miles de consumidores, que han sido procesados por los “dispositivos de control”, en delincuentes y concentrando todos los esfuerzos en la ‘prevención del delito’ (Salineros, 2012). La ‘guerra contra las drogas’ que data de a mediados del siglo XX, ha conducido a los Estados a generar una carrera de persecución contra las sustancias ilegales, que pocos frutos ha rendido (Escohotado, 1996). Su constante criminalización y persecución hacia los consumidores, siendo estos funcionales o no funcionales para el sistema, las deficientes políticas de prevención que son meramente campañas panfletarias de prohibición, antes que información para las masas, como también la baja taza de rehabilitación y reinserción (Observatorio Chileno de Drogas, 2015), son algunos ejemplos de que el dilema no se ha contenido. Como es un 'problema sanitario’ el consumo de drogas y la toxicomanía, este ha sido abordado principalmente desde un carácter legal y con una política de persecución del consumo, como lo es en Chile además del carácter punitivo de la ley 20.000 (Ley 20.000, 2005), no ha generado las respuestas esperadas, aumentando los delitos relacionados a las drogas, esto por la ineficiencia para perseguir y/o la vinculación de los aparatos represivos con los carteles del narcotráfico y como también por la influencia que tiene la industria farmacéutica en los individuos que participan de las instituciones legislativas y administrativas del estado (Escohotado, 1996).

El SENDA en 2015 arrojo en su estudio de población general que las cifras de consumo de todo tipo de drogas, va en aumento (Observatorio Chileno de Drogas, 2015). Esto evidencia un escenario ideal para que las mafias del narcotráfico ocupen grandes partes de territorio dentro de las zonas urbanas de menor nivel socioeconómico, ejerciendo “soberanía” sobre las comunidades que allí residen, siendo afectadas no solo por el problema de la toxicomanía que la pasta base genera por ejemplo, también son afectados por los “fines”  que persiguen las mafias. El crimen asociado al mundo de las drogas deja a la deriva a los testigos de delitos que tienen relación con el narcotráfico, convirtiendo el ‘sapeo'^[1] en lo que “no debes hacer”.

A pesar de todo el aparato represivo y los dispositivos para controlar el crimen organizado, como dice Foucault, “la delincuencia es útil económicamente” (Foucault, 1999, pág. 248), y por ende el narcotráfico cumple la función de satisfacer la demanda de drogas para la población, ampliando la oferta a nuevas variedades de sustancias, que el último tiempo han estado ingresando a Sudamérica y principalmente Chile (OID, 2015).  Por otra parte el Estado, aprovecha esta situación de vulnerabilidad que genera a la población el crimen, la drogadicción y el narcotráfico, siendo la justificación para que sea más “deseable el sistema de control policial” (Foucault, 1999, pág. 248).

En los últimos años en Chile, se han puesto marchas nuevas legislaciones, normativas y planes que contribuyen a otorgar mayor facultades a los aparatos represivos para realizar controles de identidad y prevención de delitos, mayor presupuesto para investigaciones, sin embargo estas alternativas que ha implementado el Estado, se han visto cuestionadas, frente a la corruptibilidad de los escalafones de la jerarquía dentro de las policías y las instituciones a cargo. Es por eso que si el narcotráfico, el consumo de drogas y la toxicomanía va en aumento y esta tiene una utilidad “económico-política” ¿no debería ser responsabilidad del Estado, de velar por la salud de la población?, en el sentido de que sus políticas públicas en materia de drogas ¿deberían estar orientadas a la reducción de riesgos y daños?

Las políticas antidrogas o de prevención de drogas terminan por ser muy agresivas y poco efectivas a la hora de plantearse, esto se evidencia con cómo se plantean los programas de rehabilitación, dados que los propios programas de tratamiento por lo general están diseñados para varones (Contreras, 2011),por otro lado, la prohibición no es lo ideal en el aspecto cuanto se tiene ‘usuarios informados o funcionales’, que cuando caen en los aparatos represivos y de control, estos son tratados con ‘toxicómanos’ y ‘criminales’, los que se alejan bastante del contexto de consumo que realizan los ‘usuarios funcionales’ (Vega, 2004).

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