La ley como institucionalización y como imposición del cambio

4.8.3 La ley como institucionalización y como imposición del cambio

Es el proceso histórico que marca el tránsito entre el poder político arbitrario, sujeto enteramente al influjo personal de quienes lo ostentaban, sin límites conocidos, y el poder reglado por normas jurídicas, sometido a competencias, cuyos titulares no pueden hacer algo que previamente no esté autorizado por la ley. Proceso que marchó paralelamente al del constitucionalismo. Uno de los índices para medir el desarrollo político de los pueblos es el grado de conversión del poder personal en el poder impersonal de la ley.

El poder institucionalizado es el que ha sido despojado de lo personal, caprichoso, incierto y accidental que tuvo desde los albores de la sociedad humana. Uno de los grandes valores del desarrollo político de los pueblos es la previsibilidad del poder, es decir, la posibilidad de saber hasta dónde pueden llegar sus efectos y cuáles son las limitaciones de la autoridad pública. Aquí descansa la seguridad jurídica de los gobernados, o sea su certeza de ánimo de que no serán molestados si no cometen actos contrarios a la ley.

En las sociedades primitivas no existía la institucionalización del poder. El caudillo político era, a la vez, legislador, juez, jefe militar, hechicero y sacerdote. Ejercía un mando total y arbitrario hasta que alguien, imponiéndose por la fuerza o por la astucia, lo sustituía en el poder. Nada había que se pareciera a delimitación de competencias. Todos los elementos del poder estaban concentrados en una sola persona, que invocaba una serie de supersticiones para gobernar. Generalmente decía descender de los dioses o personificarlos, en medio de la magia de las sociedades rudimentarias. El factor de cohesión del grupo era el parentesco, que después fue sustituido por el territorio. Esto correspondió aproximadamente a lo que los modernos antropólogos políticos denominan “sociedades sin Estado” y “sociedades estatales”, como lo hacen Meyer Fortes y Edward E. Evans-Pritchard después de sus investigaciones en los grupos primitivos africanos.

En todo caso, lo que interesa saber es que la institucionalización del poder es una categoría relativamente reciente, que adviene cuando maduran y se consolidan en la sociedad ciertas instituciones políticas, o sea modelos de comportamiento y reglas de conducta considerados como correctos y convenientes, de aceptación general, que con el correr del tiempo se protegen por normas jurídicas.

El poder institucionalizado es, en definitiva, el que se apoya sobre instituciones permanentes que superan las veleidades personales en la vida de una sociedad política.

4.9 El nuevo orden social y el derecho

En una sociedad hay orden social cuando una buena parte de los actos individuales y grupales están coordinados y regulados con fines sociales. Para que esa coordinación y regulación de conductas se produzca, generalmente es necesario establecer diferenciaciones jerárquicas entre los integrantes de la sociedad, vale decir, establecer relaciones políticas, de mando y obediencia, que revelen el orden imperante.

Esa diferenciación no es el único medio posible para tal fin: en comunidades primitivas es frecuente observar que, más que el jefe, impera la costumbre; en el otro extremo, en sociedades muy avanzadas, la participación activa de los ciudadanos acentúa el carácter bidireccional y recíproco de la relación política y atenúa su carácter de subordinación, pero en la mayoría de los casos, el orden social es generado por el establecimiento de relaciones políticas de mando y obediencia, que evidencian la existencia de un poder, en nombre de una finalidad social: la convivencia armónica entre los hombres. El orden social no es estático ni establecido de una vez para siempre.

Es dinámico, pero su movimiento no es anárquico: tiene una dirección y un sentido, parcialmente afín con los imperativos del orden vigente. La estabilidad social no es inmovilidad sino equilibrio de fuerzas; es producto de la capacidad del orden para integrar a su seno las fuerzas que tratan de renovarlo: de ese modo evoluciona y cambia sin dejar de ser él mismo.

En una sociedad hay orden social cuando una buena parte de los actos individuales y grupales están coordinados y regulados con fines sociales. Para que esa coordinación y regulación de conductas se produzca, generalmente es necesario establecer diferenciaciones jerárquicas entre los integrantes de la sociedad, vale decir, establecer relaciones políticas, de mando y obediencia, que revelen el orden imperante.

Esa diferenciación no es el único medio posible para tal fin: en comunidades primitivas es frecuente observar que, más que el jefe, impera la costumbre; en el otro extremo, en sociedades muy avanzadas, la participación activa de los ciudadanos acentúa el carácter bidireccional y recíproco de la relación política y atenúa su carácter de subordinación, pero en la mayoría de los casos, el orden social es generado por el establecimiento de relaciones políticas de mando y obediencia, que evidencian la existencia de un poder, en nombre de una finalidad social: la convivencia armónica entre los hombres.

El orden social no es estático ni establecido de una vez para siempre. Es dinámico, pero su movimiento no es anárquico: tiene una dirección y un sentido, parcialmente afín con los imperativos del orden vigente. La estabilidad social no es inmovilidad sino equilibrio de fuerzas; es producto de la capacidad del orden para integrar a su seno las fuerzas que tratan de renovarlo: de ese modo evoluciona y cambia sin dejar de ser él mismo.

4.9.1 El sistema liberal burgués

Fue la natural consecuencia del Liberalismo doctrinario; se adaptó más a los intereses de las clases adineradas y dotadas de propiedades; debido a que el clero y la nobleza habían sido desposeídos de su poder político, éstas fueron las únicas clases que pudieron usar de las nuevas instituciones, no estando el pueblo suficientemente organizado e instruido para hacerlo.

Las ricas clases industriales, además, fueron, muy desde el comienzo en todos los países, el principal sostén del Liberalismo y, el Liberalismo por su parte, fue forzado para favorecer sus intereses. Esta clase de Liberalismo burgués gozó de su más alto favor en Francia durante el tiempo del rey ciudadano Luis Felipe (1830-40), quien abiertamente reconoció su dependencia de él. Floreció en Alemania, como “Liberalismo nacional”, en Austria, como “Liberalismo político en general”, en Francia como el Liberalismo del partido Oportunista de Gambetta.

Sus rasgos característicos son materialistas; sus ideales sórdidos atienden sólo a un irrestricto disfrute de la vida, al egoísmo en la explotación del

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