Ley Amparo

Históricamente el juicio de amparo ha sido el instrumento de control de constitucionalidad más importante dentro de nuestro sistema jurídico. En la actualidad, es uno de los medios con que cuentan los ciudadanos para cuestionar la constitucionalidad de la actuación de toda autoridad del Estado. Al mismo tiempo, es el mecanismo más eficaz que éstos tienen para evitar o corregir los abusos o equivocaciones del poder público que lesionan o vulneran sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

El 2 de abril de 2013 se publicó el Decreto por el que se expidió la nueva Ley de Amparo, que reglamenta los artículos 103 y 107 de la Constitución, y se realizaron modificaciones a diversas leyes secundarias.

Esta reforma fue hecha para ampliar la protección que el amparo proporciona a los derechos de los ciudadanos, con el propósito de hacer más expedita y eficaz la aplicación de la justicia; simplificar y modernizar los procesos legales, y para fortalecer al Poder Judicial de la Federación. En este sentido, la reforma a la Ley de Amparo tiene tres ejes principales:

Primero. Se amplía la esfera de protección de los derechos.

Los Derechos Humanos previstos en los tratados internacionales serán objeto de protección directa.

Se dota de efectos generales a las sentencias de inconstitucionalidad de una norma general emitidas por parte de la SCJN de forma reiterada, con lo que se tutelan los derechos de todas las personas aun cuando no hayan interpuesto el juicio de amparo.

Se otorga la calidad de parte agraviada a quien tenga un interés legítimo, ya no necesariamente jurídico.

No se otorgarán suspensiones del acto reclamado que causen más perjuicios sociales que beneficios para el quejoso.

Segundo. Se eleva la eficacia de la justicia mexicana.

La sentencia de todo “amparo para efectos” señalará con precisión los términos en que ésta deba cumplirse.

La presentación de la demanda de amparo podrá efectuarse en línea, mediante el uso de la Firma Electrónica.

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