Los Pagos Por Servicios Ambientales Hidrológico

Los pagos por servicios ambientales hidrológicos: Más allá de la conservación pasiva de los bosques

Lucía Madrid Ramírez

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C.

Septiembre 2011

Los servicios ambientales hidrológicos o servicios ambientales de cuenca como son también llamados (Porras et al. 2008), incluyen una variedad de beneficios como la provisión de agua, la regulación de los flujos pluviales, la purificación del agua, la regulación de la erosión, entre otros. Todos estos servicios dependen del buen funcionamiento hidrológico de una cuenca, así como del uso y manejo del recurso hídrico, el suelo, la vegetación, los desechos, etc. (Smith et al. 2006). Por lo tanto, estos servicios no se proveen exclusivamente por la conservación de los polígonos arbolados de un territorio sino por la interacción de procesos naturales y sociales que resultan en el buen manejo de las cuencas (Shilling, J., y Osha, J. 2002). Desafortunadamente, estos servicios al igual que otros servicios ambientales han sido poco entendidos en su complejidad por el público y por los diseñadores de políticas públicas (Chomitz y Kumari, 1998), y México no es la excepción. Por esa razón, este documento busca hacer una reflexión sobre la naturaleza de estos servicios y los elementos clave a incluir en las políticas públicas que buscan garantizar la provisión de estos.

Como se mencionó anteriormente, la provisión de los servicios ambientales hidrológicos depende de una interacción entre distintos elementos de una cuenca: geología, topografía, suelos, vegetación, cuerpos de agua y manejo (Smith et al. 2006). Así, la unidad territorial apropiada para atender la cantidad y calidad del agua que recibimos es la cuenca (Ibid), ya que atendiendo sólo polígonos arbolados u otro tipo de polígonos corremos el riesgo de que lo ganado en el buen manejo de éstos se pierda por el mal manejo del resto de la cuenca. El agua es un recurso

extremadamente móvil a lo largo de una cuenca y mantener su calidad y cantidad dependerá de cómo la manejamos a lo largo de todo el flujo que desarrolla.

Al ser servicios difíciles de medir, los esquemas de pagos por servicios ambientales hidrológicos en el mundo han utilizado una serie de “proxies” o elementos en representación del servicio ambiental para poder hacer el pago a cambio de algo medible (Porras et al. 2008). Es decir, se paga por actividades que se considera resultan en la provisión del servicio y no directamente por el servicio obtenido, por ejemplo, se paga por buen manejo, por conservación, por restauración, etc. Para fundamentar un pago por servicios ambientales usando un tipo de proxy del servicio es indispensable conocer la conexión entre la actividad promovida por el pago y el resultado en la provisión del servicio ambiental valorado (Smith et al. 2006). En un estudio hecho por Porras et al. 2008, se encuentra que de 41 esquemas locales estudiados en países en desarrollo, el 90% pagan por actividades de buen manejo del territorio, en cambio en los 9 esquemas nacionales estudiados se favorece la reforestación y la conservación de los bosques. Adicionalmente, estudiando los esquemas de PSA que están siendo diseñados actualmente, los investigadores encontraron una clara tendencia hacia eliminar los esquemas de prohibición del uso de los recursos y generar en vez otros que compensen el buen manejo (Porras et al. 2008).

Así podemos concluir que después de varios años de probar esquemas de PSA en el mundo, los aprendizajes han llevado a una tendencia por favorecer esquemas que promueven el buen manejo de los ecosistemas. A continuación veremos qué es lo que ha ido sucediendo en México.

Los enfoques de PSA-H en México

En México, los primeros programas gubernamentales para el pago por servicios ambientales hidrológicos, tuvieron una fuerte influencia del esquema nacional de PSA de Costa Rica. Estos primeros programas surgieron al interior de instituciones preocupadas por la conservación de los bosques (Alix-Garcia et al. 2009), como por ejemplo, el Municipio de Coatepec, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y tiempo después Probosque (entidad del gobierno del Estado de México). Esta preocupación, la influencia del esquema Costarricense y las atribuciones de las instituciones a cargo de estos programas, permeó en los diseños de los esquemas de PSA acotándolos a pagos por la conservación de polígonos arbolados.

Asimismo, este enfoque permeó también en la asociación del público entre cantidad y calidad de agua y cobertura arbolada, dejando de lado el valor de los otros usos de suelo y el valor de la integralidad de los territorios en la provisión del servicio. Sin embargo, este enfoque es muy cuestionable, ya que la relación entre agua y bosques es normalmente aceptada sin utilizar suficiente evidencia científica para respaldarla (Chomitz y Kumari, 1998) y sin tomar en cuenta que los beneficios hidrológicos que sí proveen los bosques y selvas, usualmente pueden ser provistos igualmente por algunos usos alternativos del suelo como pastizales, cultivos perennes y agricultura con buen manejo de suelo y agua (Bruijnzeel, 2004).

Adicionalmente, este enfoque no sólo promueve una clara segregación entre polígonos arbolados y el resto de los usos del territorio, sino también contiene un fuerte componente conservacionista prohibitivo del manejo del recurso forestal. Es decir, se paga a los dueños de bosques y selvas por conservar polígonos arbolados sin aprovecharlos. Con esto, se refuerza un mito ya existente y propagado que sostiene que el aprovechamiento de bosques y selvas disminuye la funcionalidad ambiental de estos ecosistemas y por lo tanto su capacidad de proveer servicios

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