MANUAL DE CONTABILIDAD

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

INTRODUCCION

El presente Manual de Contabilidad Gubernamental que expide el Ministerio de Economía y Finanzas fue

elaborado en la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, Coordinación de Directrices y Normativa

Contable, conforme a lo prescrito en el Art. 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,

está basado en la codificación de la normativa técnica contable del Sistema de Administración Financiera,

junto a la cual persigue establecer y mantener en cada institución del Estado, un sistema específico y

único de Contabilidad y de información gerencial que integre las operaciones financieras, presupuestarias,

patrimoniales y de costos e incorpore los principios de contabilidad generalmente aceptados aplicables al

sector público y que está destinado a satisfacer los requerimientos operacionales y gerenciales de

información, para la toma de decisiones.

Este aporte constituye un Manual de procedimientos técnicos de operación contable y tiene entre sus

finalidades, la de cubrir la demanda de las personas que están al servicio de instituciones públicas en

áreas financieras o de control, necesitan disponer de una guía metodológica de aplicación práctica de la

normativa del Sistema de Administración Financiera que entró en vigencia en el país a partir de Enero de

2001 y que funciona bajo la rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas.

Inicia su primer capítulo con el desarrollo teórico conceptual que le sirve de sustento, en el que se

explican los aspectos básicos de la Contabilidad Gubernamental y de su integración con la ejecución

presupuestaria, que se producen en los momentos en que los hechos económicos ocurren.

En su segundo capítulo se presenta ejemplos de registros contables que constituyen aplicaciones de las

Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, relacionados con ingresos corrientes, de capital y de

financiamiento; de igual modo, se ejemplifican registros en cuanto a gastos corrientes, de producción, de

inversión, capital y aplicación del financiamiento; de modo que se cubre en gran parte las posibilidades de

registro de eventos contables de origen presupuestario, a la luz de la normativa contable de más

relevancia y uso en el ámbito del Sector Público no Financiero.

En dicho capítulo también se insertan ejemplos de transacciones que no tienen incidencia en el

Presupuesto y otras, relacionadas con las cuentas de orden, destinadas a brindar a la administración mayor

información para control y administración de sus derechos y obligaciones contingentes.

En los siguientes capítulos se han organizado varios ejercicios completos de aplicación, correspondientes

a hipotéticas entidades del Gobierno Central y del Gobierno Seccional Autónomo, a fin de cubrir de

forma más específica las diferentes casuísticas operacionales contables que tienen.

Tras dichos ejercicios se hallarán las salidas o la información contable y presupuestaria que las unidades

financieras respectivas deben producir mensualmente, parte de la cual debe entregarse con el carácter de

obligatorio y con la periodicidad antes señalada, al Ministerio de Economía y Finanzas.

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CAPITULO I

Fundamentos Legales y Conceptuales de la Contabilidad Gubernamental

Base Legal

El Art. 97 de la Constitución Política de la República del Ecuador, establece los deberes y

responsabilidades que tienen todos los ciudadanos, sin perjuicio de otros previstos en esa Constitución y

la ley; entre otros en el numeral 9 establece: “Administrar honradamente el patrimonio público.”, y en el

13 señala: “Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad, y rendir cuentas a la

sociedad y a la autoridad, conforme a la ley.”.

El Art. 120 de la “Suprema Ley” del Estado ecuatoriano prescribe: “No habrá dignatario, autoridad,

funcionario ni servidor público exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus

funciones, o por sus omisiones.”.

Por otra parte, su Art. 121 dispone: “Las normas para establecer la responsabilidad administrativa, civil y

penal por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos, se aplicarán a los dignatarios,

funcionarios y servidores de los organismos e instituciones del Estado.

Los dignatarios elegidos por votación popular, los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de

las instituciones del Estado y los funcionarios y servidores públicos en general, estarán sujetos a las

sanciones establecidas por comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.

La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los

juicios se iniciarán y continuarán aun en ausencia de los acusados. Estas normas también se aplicarán a

quienes participen en estos delitos, aunque no tengan las calidades antes señaladas; ellos serán

sancionados de acuerdo con su grado de responsabilidad.”.

El Art. 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dice: “La Contabilidad

Gubernamental, como parte del sistema de control interno, tendrá como finalidades establecer y mantener

en cada institución del Estado un sistema específico y único de contabilidad y de información gerencial

que integre las operaciones financieras, presupuestarias, patrimoniales y de costos, que incorpore los

principios de contabilidad generalmente aceptados aplicables al sector público, y que satisfaga los

requerimientos operacionales y gerenciales para la toma de decisiones, de conformidad con las políticas y

normas que al efecto expida el Ministerio de Economía y Finanzas.”.

Dicha “rendición de cuentas” a la sociedad y a la autoridad, se produce en cuanto a la gestión financiera y

patrimonial a través de la entrega de la información producida como resultado del proceso Contable, que

transparenta el cómo se han administrado y utilizado los “recursos públicos” puestos a la disposición de

los ciudadanos, al asumir funciones públicas.

Por otra parte el Art. 21 de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal

establece que las máximas autoridades de cada entidad u organismo del sector público enviarán,

mensualmente, dentro de los 30 días del mes siguiente, al Ministerio de Economía y Finanzas,

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