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Marco Constitucional Del Poder Judicial


Enviado por   •  12 de Noviembre de 2012  •  2.637 Palabras (11 Páginas)  •  1.034 Visitas

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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL

DE LOS LLANOS OCCIDENTALES

“EZEQUIEL ZAMORA”

BARINAS, ESTADO BARINAS.

UNELLEZ – AMBIENTE LA CARAMUCA

Marco Constitucional del Poder Judicial

(IGUALMENTE SE RECOMIENDA LEER TODO EL TRABAJO, NO SOLO EL PUNTO QUE LE TOCO)

Integrantes:

Albarran Genesis C.I: 24.111.683

Arias Yvan C.I: 8.995.668

Lopez Andris CI. 21.293.621

Monsalve Adolfo CI. 16.979.705

Rangel César C.I: 15.383.854

Yanez Yolimar C.I: 17.950.544

Prof. Argenis Picado

Derecho: III año Sección “F4”

Barinas, Noviembre 2012

ABRE GENESIS

INTRODUCCIÓN

Uno de los elementos característicos del Estado es la denominada “sociedad jurídicamente organizada”. Este concepto no es mero capricho de los doctrinarios constitucionalistas y de derecho político al hablar del Estado; si no abarca la esencia de un concepto del Estado y principalmente del estado de derecho.

El estado de derecho es aquel en el que todos gobernantes y gobernados están sometidos a la ley. Esto en principio tiene su justificación en la bases ius filosóficas aportadas por Rosseau, Locke y Hobbes.

Sin embargo a lo largo de la evolución de los Estados de derecho y de los sistemas políticos constitucionales se estableció la división de poderes del Estado que sirvió en suma para reforzar el concepto de estado de derecho y los llamados pesos y contrapesos dados en cada sistema político.

La división de poderes planteada por Monstequieu, establecía que los poderes del Estado debían ser independientes pero complementarse unos a otros (pesos y contrapesos) y dar paso así a un verdadero estado de Derecho.

Uno de los pilares fundamentales entonces del estado de derecho son los operadores de justicia, los cuales sirven para el efectivo funcionamiento de la legalidad en una sociedad jurídicamente organizada.

Por tanto, la temática aquí presentada pretende dar una visión general de la organización y marco legal del sistema de justicia en Venezuela, y en especial, del Poder Judicial. Para ello, es ante todo importante hacer referencia a los cambios constitucionales que se materializaron en Venezuela en 1999, por la entrada en vigencia de una nueva Constitución, la cual introdujo una nueva concepción de la administración de justicia, que constituye un avance y podrían ser un factor determinante para la definitiva modernización del Poder Judicial venezolano. 

CESAR INICIA TEMA

ÓRGANOS DE JUSTICIA

La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias.

En tal sentido, a continuación, se enumeran las innovaciones fundamentales de la nueva Constitución: La administración de justicia se concibe de forma sistémica, de hecho, la Constitución se refiere al Sistema de Justicia del cual forman parte todos los sujetos y órganos que participan o se relacionan con la administración de justicia que son: “el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia y los abogados autorizados para el ejercicio” (artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

Por tanto, los órganos del Poder Público que forman parte del Sistema de Justicia, y que además, se relacionan con éste, son los siguientes:

El Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, quien tiene a su cargo el sistema penitenciario.

El Ministerio Público, el cual es responsable de garantizar el respeto de los derechos constitucionales en los juicios y ejerce en nombre del Estado la acción penal. Su máxima autoridad es el Fiscal General.

La Defensoría Pública, quien tiene a su cargo defender a las personas que no disponen de los medios para contratar a un abogado.

El Poder Judicial, que está compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, la Defensa Pública, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la Inspectoría General de Tribunales, la Escuela Judicial, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración y la Comisión de Evaluación y Concursos.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, institución que garantiza la eficiencia en la Investigación del delito, mediante su determinación científica, asegurando el ejercicio de la acción penal que conduzca a una sana administración de justicia.

La Guardia Nacional Bolivariana que conduce operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país, coopera en el desarrollo de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación, ejerce las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuyan las leyes, así como también participa activamente en el desarrollo nacional, en el territorio y demás espacios geográficos del país.

La Dirección General de Inteligencia Militar se encarga de difundir inteligencia estratégica, oportuna, cierta y objetiva, acerca de amenazas o vulnerabilidades a los objetivos y coordinar las actuaciones de la dirección como órgano auxiliar de justicia militar, a objeto de coadyuvar con la seguridad del estado.

La Policía Nacional Bolivariana protege y garantiza los derechos de las personas frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad, riesgo o daño para su integridad física, sus propiedades, el ejercicio de sus derechos, el respeto de sus garantías, la paz social, la convivencia y el cumplimiento de la ley.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional organismo de inteligencia y contra-inteligencia interior y exterior de Venezuela, además de su policía política, depende del Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia.

Las Policías estadales y municipales implementan estrategias y procedimientos que garanticen la participación de la comunidad organizada en el Servicio de Policía Comunal, a fin de garantizar la paz social. Ejercer el Servicio de Policía en su espacio territorial y ámbito de competencia, primordialmente orientados hacia actividades preventivas y control del delito, con estricta

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