Nueva Cultura Del Agua

2.2 NUEVA CULTURA DEL AGUA

El concepto de una Nueva Cultura del Agua (NCA) surgió de un movimiento social mayor en España. La NCA ofrece un contraste respecto al convencional manejo del agua que da por sentado la demanda de agua y promueve soluciones de oferta a través de grandes programas de obra pública. De acuerdo con la NCA, los grandes proyectos de infraestructura reflejan un enfoque del servicio de agua que ignora el impacto social y ambiental de la extracción de la misma, y enriquece a limitados sectores políticos e industriales de la sociedad.

La NCA emplea el término cultura para representar la necesidad de un cambio de pensamiento entorno al agua. En este marco, el agua no es simplemente un factor de producción, sino que tiene un gran valor en todos los espacios sociales, económicos y recreativos, como parte integral de los paisajes culturales de vida, y como un componente crítico de los ecosistemas. No sólo requiere los cambios en el gobierno y su política, sino también en la sociedad como un todo.

En este nuevo milenio, según Arrojo (2006) la humanidad afronta un triple reto histórico en materia de gestión de aguas:

1-Garantizar la sostenibilidad de nuestros ecosistemas acuáticos;

2-Promover nuevos modelos de gestión pública participativa que garantice los derechos humanos y universalice los derechos básicos de una ciudadanía global;

3-Recuperar nuestra relación emocional con el agua, rescatando los valores patrimoniales, de belleza, de disfrute y de identidad territorial y colectiva de nuestros ríos, lagos y humedales.

La lucha por garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, es un reto de la máxima prioridad, especialmente en los países y comunidades más pobres.

La capacidad de recuperación de la comunidad de vida y el bienestar de la humanidad dependen de la preservación de ecosistemas saludables y, aunque aún queda mucho por hacer, lo cierto es que algunos acontecimientos, como la aprobación de la Directiva Marco del Agua (DMA) en Europa, han sentado las bases legales para afrontar el reto histórico que supone cambiar el enfoque de la gestión tradicional del agua, pasando de la simple gestión del recurso a una gestión integral ecosistémica.

El texto de la DMA está impregnado de nuevos valores medioambientales que van a marcar un cambio de tendencia radical respecto a los modelos de gestión dominantes hasta ahora. Se establecen nuevos criterios y directrices para la gestión de los recursos hídricos basados en la racionalidad y el compromiso de respeto a los ecosistemas fluviales, que son entendidos como ecosistemas que albergan vida y producen bienes y servicios para la sociedad.

Se trata de evolucionar desde los tradicionales modelos de gestión de la oferta, basados en las grandes obras hidráulicas bajo masivo subsidio público escudados en el supuesto interés general, a nuevas estrategias de gestión de la demanda y de conservación de los ecosistemas acuáticos.

Arrojo (2005) argumenta que la NCA promueve un nuevo enfoque ético que exige distinguir las diversas funciones del agua y valores en juego. Sus funciones son diversas y están relacionadas con valores de rangos muy diferentes que es preciso distinguir, en cuanto a establecer adecuadas prioridades y criterios de gestión.

El agua para la vida, en funciones básicas de supervivencia de los seres humanos y de los demás seres vivos en la naturaleza debe ser reconocida y priorizada de forma que se garantice la sostenibilidad de los ecosistemas y el acceso de todos a cuotas básicas de aguas de calidad, como un derecho humano.

El agua para actividades de interés general, en funciones de salud y cohesión social (como los servicios urbanos de agua y saneamiento), debe situarse en un segundo nivel de prioridad, en conexión con los derechos sociales de ciudadanía y con el interés general de la sociedad.

El agua para el desarrollo, en funciones económicas legítimas, ligadas a actividades productivas, debe reconocerse en un tercer nivel de prioridad. Ésta es la función en la que se usa la mayor parte de los recursos hídricos extraídos de ríos y acuíferos, siendo la clave de los problemas de escasez y contaminación más relevantes en el mundo.

Por otro lado, el agua como negocio, usada en actividades productivas privadas (más allá de los usos productivos de subsistencia en comunidades tradicionales, que deben protegerse), representa un porcentaje alto del agua extraída de ríos y acuíferos. Tales actividades, aun siendo legítimas, no pueden malentenderse como de interés general, ni pueden justificarse en nombre de los derechos humanos o ciudadanos. Uno de los retos a afrontar es la racionalización económica de estos usos, desde sólidos compromiso éticos de sostenibilidad y equidad social.

Sin embargo, aplicar esa nueva racionalidad económica desde la gestión pública al agua como negocio exige asumir el principio de recuperación de costes para este tipo de usos, mediante adecuadas tarifas del servicio.

La aplicación de adecuados modelos tarifarios, por bloques de precio creciente, debe incentivar actitudes responsables, permitiendo la recuperación de costes en todos los ámbitos, bajo criterios redistributivos de carácter social.

Según Arrojo (2006) con esto se trata de evitar las consecuencias de ineficiencia y de crecimiento insostenible de las demandas que vienen induciendo las tradicionales políticas de subsidio público indiscriminado a los usos

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