Ordenamiento Territorial y Comunidades Indígenas

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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA

MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

NÚCLEO TEMÁTICO: ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO

ENSAYO: ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Actualmente el planeta atraviesa una crisis medioambiental sin antecedentes, aunada por la prevalencia de beneficios económicos particulares de las grandes potencias vs las crecientes necesidades básicas de territorios desprotegidos y olvidados por sus gobernantes, por esta razón el ordenamiento territorial pasa a ser un componente esencial, constituyéndose como una de las estrategias más importantes en la consolidación de una nación. El OAT, se describe como un acuerdo social de los habitantes con su territorio, en donde mecanismos técnicos/normativos de planeación y gestión son la base para el crecimiento territorial en los años venideros, controlando el uso, ocupación y alteración de dichos espacios en ese sentido.^[1] Mientras que la ley 99/1993, en su artículo 7° establece el OAT como “la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible”.^[2] Claramente en este artículo se entrega al estado la responsabilidad de administrar las riquezas territoriales, así como el manejo, explotación y conservación de los recursos naturales que posee.  Destacando la importancia de la educación y protección ambiental de aquellas áreas consideradas de relevancia ecológica, muchas veces desconocidas por los habitantes que se encuentran en sus zonas y que no conocen las características ni las dimensiones de las mismas.  

Lo anterior es argumentado por las comunidades indígenas basado en la permanencia ancestral como principal garante de la propiedad de la tierra, sus riquezas y recursos, lo que muchas veces por desconocimiento favorece la contaminación medioambiental, especialmente el de las fuentes hídricas, a través de la incorrecta eliminación de residuos sólidos, desechos fisiológicos y al no establecimiento de controles de aprovechamiento, afectando de manera significativa el entorno actual y venidero de dichas comunidades. El OAT debe estar fundamentado en criterios de equidad, e inclusión social, adaptabilidad ante fenómenos naturales, fortalecimiento de las intervenciones públicas y la minimización de segregación social y territorial. Por lo tanto, se debe ubicar a la persona como eje central de análisis ante el crecimiento y desarrollo del territorio, partiendo de la revisión de las actividades económicas, la zonificación y otros aspectos que puedan ejercer mayor presión sobre los recursos naturales.^[3]

Con base en esto, y teniendo en cuenta las características particulares del territorio colombiano, en donde convergen diferentes culturas y poblaciones, se establecen enfoques de derechos y diferenciales que requieren que el Estado implemente mecanismo que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos. El Departamento Nacional de Planeación define el enfoque diferencial como “una forma de analizar, actuar, valorar y garantizar el desarrollo de una población, basada en sus características diferenciales desde una perspectiva de equidad y diversidad”.^[4] Partiendo del análisis de las características y de esta manera determinando las necesidades de esa población, considerándolos sujetos de desarrollo. Los cuales deben atenderse mediante políticas diferenciales, promoviendo así una visión múltiple de las opciones de desarrollo que respetan la diversidad de género, momento del ciclo de vida, situación de discapacidad y/o pertenencia étnica.

Desde ese punto, y según lo expone Borrero, en Colombia existen cuatro grupos étnicos diferenciados: pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y pueblo rom o gitano de vista.^[5] Lo que fortalece el postulado de amparo de las comunidades indígenas bajo un enfoque diferencial étnico, que les otorga reconocimiento y protección en el marco de la diversidad étnica y cultural del país, incluyéndolos en la planificación territorial y considerando su enfoque diferencial. Al planificar el ordenamiento de sus territorios, es importante poseer una línea de base que contemple sus particularidades con el fin de garantizar su sustentabilidad medioambiental y económica a futuro. Las estrategias implementadas deben en la medida de lo posible minimizar las amenazas del territorio, potencializar sus fortalezas, atender las necesidades de los grupos poblacionales y lograr la transformación de conflictos, a través de políticas y estrategias que de manera eficiente apunten al cumplimiento de objetivos y metas en un tiempo determinado para el beneficio común.

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