Promocion y prevencion salud

ES POSIBLE QUE CON EL MODELO DE SALUD PREDOMINANTE EN COLOMBIA, LAS POLITICAS DE PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD PÚBLICA SE CONVIERTAN EN REFERENTES ACTUANTES MAS QUE SOLO DISCURSIVOS?

Esta reflexión se inicia con la definición dada en la Carta de Ottawa de 1986 (1), según la cual la promoción de la salud consiste en proporcionar a la gente los medios necesarios para mejorar la salud, desarrollar habilidades personales, reforzar la acción comunitaria y reorientar los servicios de salud, y esto  involucra, sin duda, la necesidad de actuar para construir bienestar en la sociedad, el cual no se refiere exclusivamente a cuestiones sanitarias, sino que abarca ese estado adecuado de bienestar físico, mental y social a través de la identificación y realización de sus aspiraciones, satisfacción de sus necesidades y adaptación al medio ambiente.  

Ahora bien, lo anterior implica empoderar a la gente para alcanzar el poder de transformar su entorno y de tomar las decisiones para ello. Dado que aún no existe una infraestructura estatal en Colombia que permita subsanar los problemas planteados en el sistema, ya que persiste una fuerte dependencia de la economía global y de los grandes conglomerados económicos farmacéuticos, además del terrible flagelo de la corrupción, se pueden plantear entonces las siguientes preguntas:

¿Es posible desarrollar planes de salud pública que fortalezcan los esquemas tanto en promoción como en prevención, identificando, de acuerdo a Castellanos (2), los ejes problemáticos en cada grupo social o territorio y localizando las instituciones en donde se reproducen dichas problemáticas? ¿Es posible cambiar los paradigmas respecto al manejo integral de la salud, cuando desde las mismas organizaciones mundiales de salud, tales como la OMS, se cambian las reglas del juego en lo referente a  valores morales considerados universalmente válidos?.  Estas nuevas reglas, se fundamentan en un nuevo universalismo, el cual establece una elección en prioridades en salud y  programas de costo-beneficio, que además de violar los valores  consagrados en la ética-bioética, propicia escenarios de corrupción.

 Para dar una aproximación a dichos interrogantes, es necesario  establecer una vision centrada en políticas de salud integral, que articulen acciones apoyadas en los diversos componentes que caracterizan las lógicas orientadoras en las nociones de prevención de la enfermedad (PE) y promoción de la salud (PS) y, lo más importante, que permitan poner de relieve el puesto especifico que se han ganado los conceptos de PE y PS y que dejen de ser solo conceptos referentes discursivos, para volverse conceptos referentes actuantes.  Este es sin duda, el criterio reflejado en cada uno de los artículos revisados y su análisis, está determinado, de una u otra forma, por las condiciones sociales que hacen posible o no, un abordaje desde el ideal colectivo de la salud de las poblaciones partiendo del modelo de atención en salud predominante en Colombia.

Para Eslava (3) “una comparación entre las lógicas que guían la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, con el fin de aclarar sus rasgos distintivos y proponer, desde su diferencia, la articulación de las acciones en una política de salud integral” debe ser la clave que permita especificar el ámbito de cada una y articular sus componentes diferencia, con el ánimo de construir lineamientos de política de salud.  Este autor considera necesario “superar la visión asistencial-curativa de la salud y, por otro lado, explicitar la distinción entre la lógica preventivista y la lógica de la promoción de la salud así como las formas en las cuales estas lógicas pueden acoplarse en un trabajo conjunto” (3 p.2).

Dentro de la lógica de prevención, Restrepo (4. Pág. 28-29, 39-40) argumenta que una de las causas de confusión en este terreno ha sido la dualidad que se dio en Estados Unidos, priorizando ya sea los cambios de comportamiento o estilos de vida mediante intervenciones mas individuales, o defendiendo la acción socio-política que significa el trascender al sector de la salud. No obstante, en América Latina es muy difícil hacer coincidir una política de prevención en salud con el carácter político que implica un escenario de equidad y bienestar social, que notoriamente no existe en estos países. Esto dio pie entonces, a que en países como Colombia, se haya producido confusión al respecto, por lo que no es fácil implantarla como estrategia factible en el logro de la equidad, al menos tal y como está concebido nuestro modelo de atención en salud.

Existen numerosos obstáculos que dificultan el establecimiento de un modelo que no solo privilegie la prevención y la atención primaria en salud, sino que también haga hincapié en la transparencia y el buen uso de los recursos dirigidos a la calidad en salud, lo que no logró la Ley 100, la cual solo dio lugar a una concentración de profesionales de la salud y de entidades prestadoras de salud, en las grandes ciudades, descuidando las zonas rurales y las ciudades más pequeñas.  El propósito de la ley era loable, pero en la práctica resultó no efectivo al reconocer que la utilidad provenía más de la atención y tratamiento de la enfermedad, más que en la prevención.  Al final el sistema no generó coherencia en la relación ingresos-egresos, tanto en el régimen contributivo como el subsidiado, dado que entran en juego las empresas privadas, los recursos generados hacen eficientes estas empresas, pero no hacen eficiente la prestación del servicio de salud (5), (6), (7).  Cardona (8) señala al respecto que El Congreso de la República y el gobierno nacional deben someter a un juicioso escrutinio las consideraciones que vienen haciendo numerosos investigadores y académicos, que muestran las notables inconsistencias del ordenamiento legal vigente con las condiciones sociales y económicas del país. No luce admisible que una política pública tan importante como la de la seguridad social en salud siga siendo adoptada obstinándose en consideraciones ideológicas sobre la economía de mercado y que se desconozca la realidad social, que muestra tozudamente que millones de seres humanos que se debaten en la miseria requieren con inmediatez el compromiso y la solidaridad del Estado y del conjunto de la sociedad.

De otro lado, el Ministerio de Salud en 2007 (9) fijaba su posición respecto a la Salud Pública, reconociendo que la salud pública no puede ser concebida sino como un conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva, ​​ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad.

Así mismo, para el 2018, el Ministerio se propuso reimpulsar la salud pública, la promoción y prevención, con acciones y medidas concretas que persiguen el bienestar de todos los colombianos. En esta materia, en primer lugar hay que destacar que a pesar de las dificultades fiscales, en 2018 se perseveró en las inversiones públicas que se requieren para disminuir la mortalidad y morbilidad evitable, especialmente en la primera infancia, a través de la vacunación gratuita. También se destacan las acciones ante el fenómeno migratorio desde Venezuela. Particularmente, desde agosto de 2018 se resaltan, entre otros aspectos, el lanzamiento de la Política de Salud Mental y de Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, la Iniciativa de Eliminación de la Malaria, el Estudio Nacional de Equidad en Salud Ambiental, la Encuesta Nacional de Salud en Escolares y de Tabaquismo en Jóvenes, así como el trabajo intersectorial para la prevención y atención de la incidentalidad vial (10).

Estas inversiones en promoción y prevención desde la parte estatal, a pesar de los déficits fiscales, abre una nueva discusión en el sentido de que los recursos serían más eficaces si fueran unificados  los planes de salud en función de las necesidades de la población, y no en virtud de discriminaciones regresivas asociadas con la capacidad de pago de pacientes y afiliados.

A fin de desarrollar planes de salud pública que fortalezcan los esquemas tanto en promoción como en prevención, muchos autores coinciden en la necesidad de desarrollar un concepto unificado de promoción en salud, con base al contexto histórico, de modo que lo que se considere sea una promoción en salud que busque encontrar nuevos manejos sobre los aspectos sociales y de comportamiento que excedan la demanda de recursos de atención médica, y esto se logra especialmente a través de la prevención primaria y el desarrollo de capacidades para la autogestión comunitaria, familiar e individual de problemas y programas de salud. En esto consiste el nuevo tratamiento de la Salud Publica para el presente milenio (11) (12).

Mays & Cochran (13) argumentan sobre la necesidad de modernizar los sistemas de estadísticas sobre salud a nivel nacional, a fin de lograr una transición a un sistema en tiempo real que permita cumplir la función de la salud publica en ser un detector temprano de epidemias emergentes tales como suicidios o aumento de homicidios por raza o género.  En el caso colombiano, las epidemias relacionadas con salud mental han incrementado su porcentaje, aunado a los casos tradicionales de violencia intrafamiliar y violencia de género, así como consumo de sustancias psicoactivas.  Otros estudios como los de Zhang (14) & McLeroy (15), reconocen los efectos directos de las condiciones sociales de la salud y la importancia del manejo de las condiciones sociales como parte de la agenda de promoción en salud.  Es claro que factores sociales como pobreza y discriminación puede  tener efectos directos sobre el estado de la salud, independiente de sus efectos sobre el comportamiento.  La aceptación de la importancia en el manejo de estos factores sociales a través de modelos apropiados de promoción en salud, puede ser la siguiente etapa en la evolución de PS.

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