Análisis jurídico de la responsabilidad del Estado Peruano por Violaciones a los Derechos Humanos durante las Protestas Sociales
Enviado por cesarchuco • 29 de Enero de 2025 • Ensayo • 3.521 Palabras (15 Páginas) • 21 Visitas
[pic 1]
“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”
CURSO:
Derecho Internacional Público.
TEMA:
‘’Análisis jurídico de la responsabilidad del Estado Peruano por Violaciones a los Derechos Humanos durante las Protestas Sociales’’
DOCENTE:
Baldeón Carbajal, José Antonio.
INTEGRANTES:
Risco Hidalgo, Aracelly Lourdes (23201169)
Chuco Yantas , Cesar Raymundo (21211710)
Cornejo Lujan , Lucero Karina (22328277)
Lima - 2025
INDICE:
1. Introducción: 3
2. Situación fáctica y política. 4
2.1. Eventos que desencadenaron las protestas. 4
2.1.1. Acciones y omisiones del Estado Peruano. 5
3. Análisis jurídico 6
3.1. Marco normativo nacional 6
3.1.1. Principios de responsabilidad del Estado 7
4. Discriminación y terruqueo. 11
4.1. Responsabilidad del Estado y medidas adoptadas 11
4.1.1. Jurisprudencia relevante 11
5. Conclusiones: 13
6. Recomendaciones: 13
7. Referencias: 15
Introducción:
En diciembre de 2022, en algunas regiones de nuestro país, se registraron graves violaciones de los derechos humanos. La asunción de Dina Boluarte como presidenta de la república, tras el fallido intento de golpe de Estado por parte de Pedro Castillo, desencadenó una serie de protestas que fueron recibidas con una represión violenta por parte de las fuerzas de armadas y la Policía Nacional del Perú. Este acontecimiento social político se ha caracterizado por la profunda desconfianza de la población hacia las instituciones del Estado y un clamor generalizado por cambios estructurales, que comprende la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales, la convocatoria a una asamblea constituyente y en otros casos la restitución del expresidente Pedro Castillo.
Las manifestaciones, que comenzaron como una expresión del descontento popular, contra el Gobierno y el Congreso de la República porque muchos ciudadanos consideraban que no se les habían respetado su voto, rápidamente se convirtieron en escenarios de violencia y represión. Según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH), La Defensoría del Pueblo y otras organizaciones internacionales de derechos humanos, y medios nacionales, se evidenció un uso desproporcionado y letal de la fuerza por parte del Estado, lo cual resultó en la muerte de 49 civiles y más de 900 resultaron heridos, de los cuales 42 sufrieron lesiones físicas permanentes. Las víctimas eran adolescentes, jóvenes, madres y padres de familia, la mayoría de comunidades campesinas, algunas de las cuales no participaban en las protestas, solo observaban o retornaban de sus trabajos. A otros ciudadanos les dispararon cuando auxiliaban a heridos de gravedad.
El informe de Amnistía Internacional, titulado ¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú, ha señalado posibles responsabilidades penales de altos funcionarios, incluida la presidenta Dina Boluarte, como autora mediata de violaciones graves a los derechos humanos. Este documento resalta patrones de intimidación estatal y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, con una preocupante permisividad para el uso de la fuerza letal durante las manifestaciones.
El objetivo de este informe es analizar las circunstancias que rodearon estos eventos y evaluar la responsabilidad del Estado peruano y sus altos funcionarios en la afectación de derechos humanos, y proponer mecanismos que garanticen justicia y reparación a las víctimas. Asimismo, es elemental que el Consejo de Ministros cuente con un análisis técnico jurídico que no solo aborde las causas y consecuencias inmediatas de estos hechos, sino que también evalúe las obligaciones nacionales e internacionales del Estado Peruano, los estándares de derechos humanos aplicables y las políticas públicas necesarias para prevenir la repetición de estos actos.
Situación fáctica y política.
Eventos que desencadenaron las protestas.
Las protestas sociales que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 e inicios de 2023 fueron desencadenadas por la destitución de Pedro Castillo tras un fallido golpe de Estado y la subsecuente asunción de Dina Boluarte como presidenta de la República. Muchos ciudadanos de regiones como Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Puno, entre otras, consideraron que este cambio de gobierno no reflejaba su voluntad.
Estas protestas surgieron como una expresión de rechazo a la clase política y a la desigualdad estructural que afecta a estos ciudadanos. Entre sus demandas se incluían el cierre del Congreso, la renuncia de Dina Boluarte, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y, en algunos casos, la reposición de Pedro Castillo.
Durante este período, las fuerzas del orden, conformadas por la Policía Nacional y el Ejército, implementaron medidas represivas para contener las protestas. Según la Defensoría del Pueblo, más de 900 civiles resultaron heridos durante estos eventos, y al menos 42 de ellos sufrieron lesiones graves permanentes. Las repercusiones de estas acciones han dejado profundas secuelas en las vidas de los afectados, quienes en muchos casos han perdido su capacidad laboral y enfrentan desafíos significativos para su recuperación.
...