Derecho a la seguridad social

Esta pandemia suscitó preocupaciones sobre el valor de un sistema sanitario público y gratuito, la importancia de los determinantes sociales de la salud, el impacto de las desigualdades e inequidades preexistentes en la calidad de vida y, por supuesto, el deterioro de las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios. Aunque el sistema sanitario y sus políticas no pueden continuar con la visión de la salud como una mercancía, que prevalece en muchos países y organizaciones internacionales, deben modificarse si quieren combatir con éxito esta pandemia u otras amenazas para la salud y la vida.

Todos los sistemas de salud del mundo fueron puestos a prueba por la pandemia de COVID-2019, pero ninguno más que el nuestro, azotado desde hace años por una implacable ola de corrupción que ha dejado al Estado en ruinas y al sistema de salud sin personal, insumos médicos ni medicamentos. A todos los niveles, esta situación se ha hecho más infame ante esta pandemia, en la que también se ha visto una oportunidad para violar gravemente la ley.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los sistemas sanitarios como aquellos que comprenden a todas las personas, organizaciones o actividades cuyo principal objetivo es promover, restablecer o mantener la salud. Los sistemas sanitarios dan prioridad a promover buenas condiciones de salud, garantizar que los usuarios de los servicios sanitarios reciban suficiente atención y proporcionar niveles de seguridad financiera que sean aceptables.

Toda persona, como miembro de la sociedad, "tiene derecho a la seguridad social", que se considera un sector del bienestar relacionado con la protección social o la cobertura de necesidades socialmente reconocidas, como la salud, la vejez o la discapacidad, según el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Con muy pocas excepciones, la hegemonía de la doctrina neoliberal se aplica rigurosamente desde los años 90 en América Latina y el caribe, donde la exclusión social y la marginación son tan elevadas, el papel del Estado en la salud está fragmentado y la regulación de la oferta privada es escasa. Esto se debe en gran medida a la fuerte influencia de organizaciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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