Caso Cascada Chile

El Caso Cascadas explotó en la prensa en septiembre pasado cuando la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) formuló cargos contra cuatro ejecutivos ligados a Soquimich. Luego en adelante, hubieron varias informaciones parciales y múltiples acusaciones cruzadas, lo que hace difícil seguir el hilo de los acontecimientos sin distraerse del tema de fondo: el controlador de la empresa hizo transacciones fraudulentas y poco transparentes que lo beneficiaron, perjudicando a los accionistas minoritarios.

Las sociedades cascada son sociedades controladoras de la Sociedad Química y Minera de Chile S. A. (más conocida como Soquimich o SQM) y de las sociedades Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, Nitratos y Potasios, todas ellas relacionadas directa o indirectamente con Julio Ponce Lerou.

De este grupo, Soquimich es una empresa real que produce salitre, yodo, nitrato, potasio y litio. Tiene una filial llamada Soquicom, que presta el servicio de comercialización a los productos de su empresa matriz. Todo el resto de las empresas asociadas son sociedades de inversión –varias de ellas, simplemente de papel– que permitieron a Ponce Lerou levantar capital de terceros, triangular dinero y acelerar la acumulación de riqueza en sus empresas para aumentar su presencia nacional e internacional.

Como ya es sabido, la SVS formuló cargos, en una primera etapa de fiscalización, contra el mismo Julio Ponce Lerou, Aldo Motta Camp, Patricio Contesse Fica y Roberto Guzmán Lyon por presuntas infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Mercado de Valores.

El enjambre de sociedades no es menor y permite, potencialmente, hacer múltiples transacciones entre ellas, las cuales –como se ha expuesto en esta investigación– no siempre perseguían el bien ni de la propia empresa ni de todos sus accionistas, y hacían más difícil detectar irregularidades entre las transacciones. Probablemente, también permiten eludir impuestos fácilmente, pero eso es algo que está fuera del ámbito de investigación de la SVS. Es así como esta entidad identificó 37 sociedades, de las cuales 5 son sociedades cascadas; 16 son sociedades de inversión vinculadas con Ponce Lerou –tanto en Chile como en el exterior– y otras 16 están relacionadas con sus socios Roberto Guzmán, Alberto Le Blanc, Luis Saldías Varas y Leonidas Vial.

TRANSACCIONES FRAUDULENTAS Y POCO TRANSPARENTES

La investigación de la SVS muestra la existencia de reiteradas operaciones de inversión y financiamiento en las que las sociedades cascada vendían acciones de las empresas Oro Blanco, Calichera A y SQM-B a precios bajo mercado y, además, operaban impidiendo que un gran número de inversionistas pudiera comprarlas. Para ello se hacían remates de acciones que eran anunciados con pocas horas o, incluso, minutos de anticipación, o simplemente se efectuaban órdenes directas de compra (en donde el vendedor y el comprador eran el mismo agente). Estas órdenes directas de compra se hacían sin difusión alguna a través de la corredora LarrainVial. Los compradores eran principalmente diferentes sociedades relacionadas con Ponce y Guzmán. También hay transacciones asociadas a Leonidas Vial, uno de los dueños de la corredora LarrainVial, a través de la cual se hacían las transacciones. Posteriormente, estas sociedades vendían las acciones a precios significativamente mayores a los que las habían comprado, la mayoría de las veces a precios sobre mercado (precios artificialmente altos). Las contrapartes de estas operaciones eran, mayoritariamente, las mismas sociedades cascadas.

En resumen y expresado en lenguaje entendible por todo el mundo, este es un esquema fraudulento de venta y compra de acciones que consiste en que una sociedad cascada, controlada por Ponce Lerou, vende en bolsa un paquete de acciones a un precio artificialmente bajo a un palo blanco. Este palo blanco vende, luego de transcurrido poco tiempo, ese mismo paquete de acciones a otra sociedad cascada, pero en esta oportunidad lo hace a un precio artificialmente alto. Con ello se maneja artificialmente al alza el precio de las acciones. El gran ganador de la transacción es Ponce Lerou y, en menor medida, sus palos blancos. Los perdedores son los accionistas minoritarios de cada una de estas sociedades cascada. Perdedores adicionales son las AFP y las pensiones de todos los chilenos al comprar acciones artificialmente caras que no valían ese precio.

Los accionistas minoritarios han calculado, comparando los precios de compra y de venta establecidos en la investigación de la SVS, que Julio Ponce Lerou habría ganado US$ 155 millones; Roberto Guzmán, US$ 150 millones, y Leonidas Vial unos US$ 70 millones Por otro lado, la Superintendencia de Pensiones informó que los fondos de pensiones invertidos en empresas ligadas a Soquimich, hasta el 9 de octubre de 2013 llegaban a US$ 757,9 millones, es decir, al 0,46% del total de los fondos. Sin embargo, no sabemos aún la magnitud del efecto negativo final en las pensiones de todos los chilenos.

Estas operaciones fueron reiteradas en el tiempo, por lo que el monto total involucrado no es menor y llega a cerca de US$ 9.000 millones. Adicionalmente, los porcentajes de la propiedad de cada de una de las sociedades cuyas acciones se transaron tampoco es menor, por lo que sorprende que esto no haya llamado la atención de las autoridades y de los accionistas minoritarios mucho antes.

La SVS calculó que las sociedades que participaron en este esquema transaron 70,26% de las acciones de Calichera A en 2009, el 86,46% en 2010 y el 88,58% en 2011. Esas mismas sociedades transaron 73,8% de las acciones de Oro Blanco en 2009, el 34,9% en 2010 y el 10,35% en 2011. La SVS indica que “la masividad de transacciones efectuadas mediante mecanismos engañosos y su reiteración y extensión en el tiempo habrían afectado el correcto funcionamiento del mercado de valores y, por tanto, la confianza y transparencia del mismo”.

ALGUNAS PREGUNTAS ABIERTAS

Aún no está todo dicho y queda mucho por avanzar en este caso. Falta información, la investigación de la SVS no ha concluido y hace poco se recibieron los descargos de los acusados. Sin embargo, hay varias preguntas abiertas para las que aún no tenemos respuesta y que hoy cuesta explicar: ¿por qué la SVS no investigó ni formuló cargos mucho antes? Mal que mal, las operaciones fraudulentas comenzaron el año 2009. ¿Por qué la SVS no formuló cargos –en la primera instancia– contra Leonidas Vial y la corredora LarrainVial, que fueron, al menos, cómplices de estas operaciones? ¿Por qué las AFP invirtieron en acciones que estaban artificialmente sobrevaloradas? A fin de cuentas, tienen un ejército de analistas bien pagados para decidir dónde invertir y estudiar la salud financiera de cada empresa en la que invierten. Lo mismo corre para las

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