Derecho Constitucional

Instituir la consulta a otros órganos. Es decir, modificar la ley para incluir la

posibilidad de que el Presidente, para indultar, deba recurrir a otros poderes u

órganos, como podría ser el Senado, la Corte Suprema, los Ministros de

Estado, o un Consejo constituido específicamente para este efecto. Con esto se

reducen las coyunturas de presiones políticas en una autoridad unipersonal

que deba tomar la decisión.

d) Limitar los delitos por los cuales se puede indultar. Nadie duda que el

indulto puede ser procedente frente a infracciones como el manejo en estado

de ebriedad. Sin embargo, cuesta admitir la pertinencia de esta figura cuando

se trata de delitos como el tráfico de estupefacientes -por la connotación social

que tiene este delito-; las violaciones o los homicidios, por la importancia que

tiene el bien jurídico afectado.

e) Reglamentar los fundamentos por los que se indulta. Como se explicó en un

capítulo anterior, ningún cuerpo legal establece ni describe las razones por las

que puede proceder el indulto presidencial. Por ello, un paso básico consiste en

definir estos fundamentos, para evitar arbitrariedades y diferencias notorias de

criterios.

f) Limitar el indulto a “razones humanitarias”, evitando que se recurra a esta

figura por razones económicas. Como se ha señalado, parece más lógico que el

condenado ejerza una labor dentro del recinto penitenciario a que quede en

libertad. En este último caso no podemos saber si efectivamente él se dedicará

a trabajar y podrá, así, sostener económicamente a su familia.

g) Modificar el Decreto Supremo Nº 924, de 1981, que autoriza a los ministros

de Justicia a otorgar indultos sin la firma el Presidente. Con esta

modificación, la ciudadanía podría asegurarse que la facultad de conceder

indultos particulares vuelva a ser efectivamente presidencial, y que se le

otorgue la importancia que se merece a cada solicitud de indulto.

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