El Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido

• Tercero, a principios del siglo XXI, como resultado de la liberalización del comercio internacional, la eliminación gradual de régimenes de preferencias a las exportaciones y la integración de China a la OMC, las economías del Caribe experimentarán otra ola de cambios económicos importantes que marginan a los productores de la región de la cadena global de la industria del vestido y otras industrias livianas y las impulsa a buscar espacio en las industrias de servicios internacionales, especialmente en los sectores de turismo y entretenimiento.

El Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) de 1995 inició un proceso de liberalización que resultaría en el surgimiento de China, India y los países menos desarrollados de Asia como los principales productores globales de estos productos, relegando al Caribe a un rol marginal en esta cadena de producción global y poniendo en crisis no sólo la industria sino la red de zonas francas que le servía de infraestructura. La implantación del ATV inció un proceso de apertura de mercados que para el 2005 culminaría con la eliminación de todas las restricciones tarifarias y cuotas de exportaciones de ropa y textiles. Entre 2001 y 2010, las importaciones a Estados Unidos de ropa confeccionada en el Caribe y México declinaron significativamente, mientras aumentaban las importaciones de China. A partir de 2005, las importaciones de China también declinaron, favoreciéndose las de países como India y Vietnam (Mathews, 2002 y 2011).

Anticipando los cambios en la economía mundial, desde los años noventa la División del Caribe del Banco Mundial había explorado alternativas en el sector de servicios internacionales, recomendando el desarrollo de actividades como procesamiento de datos y centros de telemercadeo (Banco Mundial, 1994 y 1996). Los gobiernos del Caribe se movieron a proveer la infraestructura necesaria en la forma de puertos y redes digitales con capacidad para la transmisión de datos en las escalas requeridas. Además, el Caribe contaba con una fuerza de trabajo con niveles adecuados de destrezas y dominio del inglés, francés y castellano distribuido regionalmente. No obstante, un estudio sobre la industria informática en Jamaica observaba que el establecimiento de la compañía Jamaica Digiport International en la Zona Franca de Montego Bay, mediante por un consorcio de ET de telecomunicaciones con el "auspicio" del Fondo Monetario Internacional, resultó en una estructura de precios que perjudicó la incipiente industria local y favoreció sectores transnacionales que creaban empleos en ocupaciones de poca destreza y bajos salarios (Mullings, 1998).

La República Dominicana también invirtió en los años noventa en la creación de una de doce estaciones de retransmisión de Internet en el mundo, iniciando un proceso para convertirse en un centro de telemercadeo para el Caribe, Centro y Norteamérica. Transnacionales de telecomunicaciones como Claro y Liberty Global utilizan las facilidades de República Dominicana para funciones de servicio al cliente en el Caribe hispano parlante. Asimismo, empresarios y compañías de telemercadeo están aprovechándose de la proximidad geográfica a los Estados Unidos, la ubicación en la misma zona de tiempo y la liberalización de las telecomunicaciones para suplir la demanda de servicios del mercado latino de los Estados Unidos.

Pero la experiencia de los servicios de telemercadeo hasta el presente confirma que los segmentos de servicios que se han proliferado no son los que requieren mayores destrezas ni los de mayor valor añadido, como el diseño computarizado o el desarrollo y administración de sistemas de información. En los años noventa proliferaron los servicios de entretenimiento, desde líneas psíquicas y de "amistad" hasta líneas para hacer apuestas en los deportes norteamericanos, vía telecuentas, que utilizaban números libres de cargos (código internacional "800"). Figuras célebres, como el astrólogo Walter Mercado y la cantante Celia Cruz auspiciaban líneas psíquicas que ofrecían consultas con psíquicos que aconsejaban a residentes de la región y de las comunidades hispanas en Estados Unidos, sobre materias tan diversas como el amor, el trabajo y la suerte. Estas líneas operaban en la República Dominicana, pero sus dueños eran corporaciones con base en Estados Unidos (típicamente en Miami). La porción mayor del valor de estas operaciones va principalmente a las corporaciones de telecomunicaciones, a las corporaciones que operan la línea y a las figuras célebres que ofrecen su nombre en franquicia, en forma de ganancias y pago de derechos. Los operadores dominicanos son asalariados que trabajan en condiciones muy similares a las de las maquiladoras (bajos salarios, sin beneficios marginales, sin seguridad de empleo) (Pantojas García, 2002, pp. 18-20).

Una iniciativa más innovadora, que proponía una incorporación más sofisticada en la cadena de valor de servicios basados en telecomunicaciones, consistía en establecer un nicho de servicio de casinos y apuestas por Internet ubicado en Antigua y Barbuda. Esta actividad empresarial se inicia en los años noventa con el desarrollo de programas de juegos de azar con estándares de seguridad que garantizaran la confiabilidad a los apostadores. En 1999, los ingresos globales de esta "industria de servicio internacional" se estimaban en un billón de dólares; para 2003 ascendían a US$6.3 billones y en 2009 se reportaban ingresos de US$26 billones. El desarrollo de esta actividad se planteaba como la creación de un nicho de alto valor añadido y de innovación tecnológica (creación de nuevos productos) para la pequeña nación caribeña Antigua y Barbuda. A pesar de que esta actividad fue sancionada por el Reino Unido, el gobierno de Estados Unidos proscribió esta actividad. El gobierno de Antigua y Barbuda acusó a Estados Unidos de trato discriminatorio ante la OMC. El caso fue visto por el OSD, que falló a favor del reclamo del gobierno de Antigua y Barbuda encontrando al gobierno de Estados Unidos en violación del Acuerdo General sobre Comercio en Servicios (GATS, por sus siglas e inglés). La OMC impuso una sanción que permitía al gobierno de Antigua y Barbuda ignorar los derechos de autor de productos de Estados Unidos (películas, música) en una magnitud igual a los ingresos perdidos por el trato discriminatorio. No obstante, la sanción no disuadió al gobierno norteamericano que insistió en la prohibición de casinos y negocios de apuestas por Internet en su jurisdicción nacional. La asimetría económica entre Antigua y Barbuda y Estados Unidos hizo que la magnitud del castigo no fuera suficiente para lograr la apertura del mercado norteamericano. Ello ha limitado de manera importante el desarrollo de este nicho económico, poniendo de

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