Estado brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos

5. C- 836/01 82 - 144 wfafasfasfastación recta y eficaz (...). En suma, esa concepción impediría su funcionamiento eficaz, y conduciría a la imposibilidad de que el Estado brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos. Todo lo cual sí resultaría francamente contrario a la Carta.

De esta manera, la norma demandada no impide el acceso a la justicia para demandar los actos preparatorios o de trámite, simplemente lo condiciona: primero, el interesado debe esperar a que termine el proceso de responsabilidad fisca; y, segundo, debe demandar el acto que le puso fin al proceso para mostrar la relevancia de la irregularidad previa para la decisión fina. Ambas condiciones son adecuadas para asegurar que la administración de justicia no sea perturbada ni sobrecargada.

Finalmente, es apropiado recordar que esta Corte ha admitido la procedencia de acciones de tutela contra actos preparatorios o de trámite cuando se cumplen varios requisitos que hacen necesaria la intervención del juez constitucional. Entre estos requisitos cabe mencionar dos directamente relevantes para este proceso: (i.) el primero, es que el proceso dentro del cual se expidió el acto de trámite o preparatorio no haya terminad; (ii.) el segundo, es que el acto defina una situación especial y sustancial dentro de la actuación administrativa que se proyecte en la decisión fina.

De otro lado, sobra también aclarar que cuando se demanda el acto definitivo, no es necesario siempre demandar o controlar algún(os) acto(s) de trámite. Ello sólo debe hacerse en los casos en que el interesado desee cuestionar una parte de la actuación previa a la expedición del acto administrativo que le puso término.

6.2. Por consiguiente, no considera la Corte que la norma parcialmente demandada vulnere los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso. Tampoco se estima que se estén limitando las facultades del juez contencioso administrativo pues, como fue expuesto, éste no sólo estudiará la legalidad del acto definitivo de la actuación administrativa sino que analizará las irregularidades que, a juicio del recurrente, se hayan cometido durante el trámite.

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