LA LUCHA POR LA OBLIGATORIEDAD DEL TITULO DE MAESTRO

LA LUCHA POR LA OBLIGATORIEDAD DEL TITULO DE MAESTRO

Juan Diego Cortes Salinas

La disputa por los títulos no es exclusiva del ámbito magisterial y nace a partir de la reglamentación del artículo tercero de la constitución de 1857, en especial lo que hace a la exigencia de títulos para el ejercicio de las profesiones.

El título y las profesiones

El objetivo de la unificación nacional exigía un mayor control por parte del poder ejecutivo central, la constitución de un mercado profesional nacional, mientras el mercado no trascendiera los límites de las comunidades locales, podía sostenerse un procedimiento tradicional de certificación de saberes.

Se es socialmente habilitado en virtud de una trayectoria pública, conocida por todos los integrantes de una comunidad. Pero cuando las situaciones locales y corporativas son parcialmente disueltas por el desarrollo de las comunicaciones en el nivel nacional, los criterios y estilos de aprendizaje particulares tuvieron que ser reemplazados por otros de validez más general. Este proceso supone un aprendizaje formal y una credencialización de los saberes y habilidades.

En 1857 Díaz cuvarrubias era un ferviente defensor del principio de libertad de profesiones: parte diciendo que no hay razón para confundir la libertad de enseñanza con la libertad de profesiones. Esto supone que todo ciudadano es libre de ejercer la profesión de su preferencia, sin que el estado le exija ningún requisito. El mismo Díaz cuvarrubias cita las críticas a su posición: “la autorización a todos para ejercer cualquier profesión sin título ni diploma alguno que garantice de algún modo su competencia, no es más que la autorización al charlatanerismo, y la sanción de peligro constante de que la vida, los intereses, la honra de cada ciudadano, queden a merced de la ignorancia y de la audacia”. Además, esta libertad no estimula la adquisición de conocimientos verdaderos.

Con el correr de los años debido a los avances en el desarrollo de las comunicaciones, difusión del saber científico-teórico, se van consolidando los intereses de los partidarios del ejercicio controlado de las profesiones. La conformación de un mercado nacional de profesionistas, impulsado por la creciente movilidad de la fuerza de trabajo, obliga a la homogeneización de las calificaciones mediante la información de los medios de aprendizaje y de los mecanismos de reconocimiento social (el titulo).

La conformación de un mercado nacional de títulos fie resultado de un proceso lento y de avances parciales. El primer proyecto parlamentario de reglamentación de las profesiones es presentado por Hilarion Frias y Soto en 1879. En dicho proyecto s proponía exigir un título a los profesores de las escuelas federales, a los notarios, a los ingenieros de las minas ensayadores y apartadores de metales, farmacéuticos, médicos, dentistas y parteros. El proyecto fue aprobado.

Otros proyectos presentados en 1980 llevan el senado a un arduo debate ante el reconocimiento de los títulos, argumentos como los que hacían referencia a personajes históricos como Luis Pasteur quienes no tenían un título eran presentados para evitar la aprobación del proyecto de ley y el interés de aquellos profesionistas quienes no contaban con un título y no estaban dispuestos a reconocer la ilegitimidad de sus saber y de su práctica, y sobre todo, no estaban dispuestos a ceder sus posiciones.

Maestros “empíricos” vs. Maestros “titulados”

De los aproximadamente 8000 maestros que había en 1857, dice Covarrubias que es difícil saber cuántos están titulados o “merezcan este nombre por haberse dedicado a estudios especiales y delicadísimos de esta carrera”. Esto según el autor, serían unos 2000 en la época, solo seis estados tenían normales. En la capital solo había una escuela para formar maestros. Esta situación era la responsable de la “falta de ciencia y método” de la mayoría de los profesores.

Ya en este tiempo se empiezan a advertirse las ventajas de la institucionalización de los procesos de formación de los maestros, ya que aun cuando es posible que el maestro se forme por sí solo, las instituciones especializadas abrevian el tiempo de estudio y unen la teoría a la práctica; es decir enriquecen la practica con el conocimiento teórico.

El segundo congreso de instrucción pública, que sesionó desde el 29 de noviembre de 1890 hasta el 28 de febrero de 1891. Discutió ampliamente la cuestión jurídica de la exigencia del título para ejercer el magisterio. Esto llevó al debate entre congresistas, por un lado estaban los que pugnaban por la legitimidad pedagógica y constitucional del título, y por el otro aquellos que la cuestionaban y la negaban.

La cuestión técnico-pedagógica

Durante la lucha por la obligatoriedad

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