Los Impuestos Turísticos En Venezuela.

Los Impuestos Turísticos En Venezuela.

Es un deber establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo, en el artículo 15 que dispone que los prestadores de servicios deberán cancelar la contribución especial equivalente al 1% de los ingresos brutos mensuales obtenidos por ellos. De esta manera, el monto será destinado a los planes de promoción turística, capacitación y formación de los venezolanos y las venezolanas que impulsen el desarrollo turístico del país.

A continuación citaré el art 15 de la Ley Orgánica del Turismo el cual reza de la siguiente manera:

Artículo 15. Los prestadores de servicios turísticos deberán cancelar la contribución especial equivalente al uno por ciento (1%) de los ingresos brutos mensuales obtenidos.

El monto de la contribución especial será destinado para los planes de promoción turística y de capacitación y formación de las ciudadanas y ciudadanos para el desarrollo del turismo.

Los prestadores de servicios turísticos son responsables de la contribución prevista en este artículo y en ningún caso podrá ser transferida al usuario final, debiendo efectuar el prestador del servicio turístico la respectiva declaración, registro y demás deberes establecidos por el Instituto Nacional de Turismo

(INATUR). El incumplimiento de esta disposición será sancionado de acuerdo a lo previsto en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo.

Sanciones administrativas: Por sanción administrativa se entiende un mal infligido por la Administración (turística) a un administrado (sujeto responsable de la infracción turística). Este mal consistirá en la privación de un bien o derecho o en la imposición de la obligación de pago de una multa.

En todo caso, las condiciones para la imposición de sanciones administrativas son las siguientes:

a. La potestad sancionadora queda sujeta al principio de legalidad, lo que determina la necesaria cobertura de ésta en una norma con rango legal.

b. La prohibición de establecer penas de privación de libertad.

c. El respeto a los derechos de defensa reconocidos en el art. 24 de la Constitución (derecho a la presunción de inocencia, a no declarar contra uno mismo, a utilizar los medios de prueba que se consideren pertinentes, etc..9 en los procedimientos que la Administración siga en la imposición e sanciones.

d. La subordinación de la potestad sancionadora de la Administración a la autoridad judicial, que consiste en el control posterior de los actos sancionadores por la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

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