Parlamento actual

2.6 El Parlamento actual

Así como el despotismo ilustrado sostiene: “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, las Constituciones políticas actuales mantienen el régimen parlamentario y proclaman que todo, incluida la Hacienda Pública, sea para el pueblo y con el pueblo. Por eso, junto al principio de la soberanía popular, proclaman el derecho de todos a participar en las funciones de gobierno por medio de unos representantes democráticamente elegidos.

El pueblo aprueba por mayoría una Constitución y se somete a sus normas. Y encarga a sus representantes que legislen de acuerdo con ella y que controlen las tareas del Gobierno que tenga su confianza. Las Cortes promulgan leyes que regulan los tributos a recaudar, los gastos públicos a realizar y los recursos que los ciudadanos pueden interponer en defensa de sus derechos ante posibles errores o extralimitaciones de la Hacienda Pública.

La Hacienda Pública adquiere plena consideración en el Estado que se organiza y rige según una Constitución política. Y si esa Constitución establece la división de poderes –ejecutivo, legislativo, judicial-, la igualdad de todos ante la Ley, la distribución de los tributos según la capacidad económica de quienes tienen que pagarlos, la asignación equitativa de los gastos públicos, estaremos ante un planteamiento justo de la actividad de la Hacienda Pública.

El Parlamento, o sea la representación de todos los ciudadanos, tiene confiada la función de dictar leyes, entre las que se encuentran las tributarias y presupuestarias. Leyes que son aprobadas democráticamente y obligan por igual a legisladores y legislados.

Así vemos regulados nuestros deberes para con la Hacienda Pública como nosotros mismos hemos querido al refrendar una Constitución y al votar en las elecciones generales una determinada opción en cuanto a los bienes y servicios públicos que deseamos recibir del Estado y en cuanto a los tributos que estamos dispuestos a pagar al Tesoro Público.

Por su parte, los Tribunales de Justicia velan por la correcta aplicación y el estricto cumplimiento de las leyes, entre ellas las financieras y fiscales, y juzgan y sancionan a los que se apartan de sus disposiciones.

Pero la misión de los Parlamentos modernos no acaba con la discusión y votación de las leyes sobre Presupuestos y tributos, sino que, mediante interpelaciones, ruegos y preguntas al Gobierno, pueden los diputados y senadores controlar la actividad de las oficinas de la Hacienda Pública, para que la Administración pública respete los derechos de los contribuyentes y cumpla sus obligaciones para con ellos.

Asimismo, al final de cada año, el Tribunal de Cuentas, que depende del Parlamento, examina y comprueba la gestión del Gobierno: cómo ha ejecutado lo dispuesto en las leyes de Presupuestos y en las tributarias. Después el Parlamento

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