Sobre el Secreto Bancario y el Lavado de Activos

Sobre el Secreto Bancario y el Lavado de Activos

El secreto bancario constituye un derecho constitucional reconocido indirectamente por nuestra carta política, específicamente señalado en el artículo 2° inciso 5; y se puede definir al mismo como “la prohibición de las empresas del sistema financiero, así como sus directores y trabajadores de suministrar cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes”^[1].

Las sanciones derivadas de su incumplimiento pueden abarcar tanto el ámbito administrativo y penal; sin embargo el mismo derecho posee ciertas limitaciones y consecuentemente el secreto bancario puede ser levantado por aquellos quienes se encuentran facultados para realizar dicha acción, los cuales son:

1. Los jueces y tribunales en ejercicio regular de funciones y con específica referencia a un proceso determinado en el que el cliente sea parte.
2. El Fiscal de la Nación o el gobierno de un país con el que se tenga celebrado convenio para combatir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de drogas o el terrorismo, o en general, tratándose de movimientos sospechosos de lavado de dinero o de activos, con referencia a transacciones financieras y operaciones bancarias ejecutadas por personas presuntamente implicadas en esas actividades delictivas o que se encuentren sometidas a investigación bajo sospecha de alcanzarles responsabilidad en ellas.
3. El Fiscal de la Nación cuando investigue enriquecimiento ilícito de funcionarios o servidores públicos, o cuando investigue a quienes administren o hayan administrado recursos del Estado o de organismos a los que el Estado soporta económicamente.
4. El Presidente de una Comisión Investigadora de Congreso en relación con hechos de interés público.
5. La Superintendente de Banca y Seguros.
6. Tanto el Fiscal de la Nación y el Presidente de la Comisión Investigadora del Congreso deben canalizar el pedido a través de la SBS^[2].

El secreto bancario se relaciona con el delito de lavado de activos pues es necesario realizar dicha operación para poder obtener más detalles y pruebas para que un Fiscal pueda acusar y así el sistema de justicia de nuestro país pueda movilizarse de la mejor manera

Redactado por: Miguel Ángel Mendoza Ortiz / SEMESTRE III SECCION

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