Tesis organizaciones de consumidores en Chile

“Las organizaciones de consumidores en Chile: en camino hacia la asociatividad y empoderamiento”

Trabajo para optar al grado académico de

Magíster en Dirección de Empresas (MBA Executive),

mención Recursos Humanos

Profesor Guía: Sr. Eduardo Lawrence

Alumno: Christian Carvajal Yunis

2007/ 2008

INDICE

Capítulo 1

Introducción

Presentación del área de estudios

Definición del tema

Justificación de la relevancia del problema (valor agregado de la información)

Capítulo 2

Objetivos del Trabajo

Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Capítulo 3

Marco teórico del estudio

- Revisión bibliográfica

- Definiciones y modelos conceptuales

- Discusión reflexiva sobre los enfoques teóricos de diferentes autores.

- Opción teórica

Capítulo 4

Antecedentes Generales de la Unidad bajo estudio

Capítulo 5

Conclusiones

Bibliografía

Anexos:

- Listado de Asociaciones de Consumidores en Chile

- Ley 19.496, de Protección de los derechos de los consumidores.

Capítulo 1

Introducción

A partir de la promulgación de la Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, popularmente conocida como Ley del Consumidor, en 1997, se comienza a tomar paulatinamente una mayor conciencia entre la ciudadanía acerca de los derechos y deberes que les corresponden en su papel de consumidores, haciéndose eco de una tendencia internacional de empoderamiento del consumidor y de una necesidad social que surge producto, entre otros temas, del cambio de eje del mundo de la política al mundo de la economía y que, de alguna forma, redefine el rol del ciudadano dándole una mayor preponderancia a su calidad de consumidor.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN CHILE

El tema del consumo comienza a tratarse en la agenda pública en nuestro país en la década del 30, luego de la denominada “gran crisis, como se denominó a la depresión financiera de 1929, tuvo su efecto en Chile en los años 30 con la crisis del modelo monoproductor dependiente del comercio exterior. Su consecuencia directa fue el desarrollo de un modelo económico caracterizado por una fuerte participación del Estado, a fin de generar las condiciones para el desarrollo de una industria nacional pública y privada capaz de sustituir una gran cantidad de importaciones. Para ello, creó empresas y fijó aranceles altos, a fin de potenciar la producción nacional. Con similar énfasis, reguló precios y estableció condiciones para la competencia interna. Las actividades de comercio fueron, entonces, también objeto de regulación y los temas de consumo tuvieron la atención de las políticas de Estado.”

Años mas tarde, esto determinaría la creación del Comisariato General de Subsistencia y Precios, organismo que buscaba "asegurar a todos los habitantes de la República las más convenientes condiciones económicas de vida" y cuyas funciones en el gobierno del Pdte. González Videla, “se redujeron a controlar, fiscalizar y defender a los consumidores de posibles prácticas nocivas y abusivas.” Posteriormente, “el Presidente Carlos Ibáñez del Campo sustituyó al Comisariato por la Superintendencia de Abastecimiento y Precios (SAP), a la cual le otorgó personalidad jurídica y patrimonio propio.

Siete años después, bajo la Presidencia de Jorge Alessandri Rodríguez, se la volvió a sustituir, esta vez por la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO). El nuevo organismo quedó definitivamente radicado en el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y sus funciones fueron centradas en la fiscalización: recibía denuncias de los consumidores, comprobada su veracidad y, si era procedente, sancionaba al infractor. Para tales efectos contaba con las atribuciones correspondientes y personal compuesto por especialistas para emitir juicios y dictámenes técnicos sobre las características de una amplia gama de productos y servicios.” El gobierno de la Unidad Popular desvirtuó la labor de la Dirinco, pues como consecuencia del desabastecimiento de artículos y la aparición de un fuerte mercado negro, creando las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), organizaciones de carácter vecinal y fuertemente politizadas que al borde de la ley se arrogaron funciones propias de la Dirinco y terminaron por desfigurar su trabajo.

Al instaurarse en nuestro país el sistema económico de libre mercado, a pocos meses de la llegada del gobierno del General Pinochet, en 1974 con la dictación del Decreto Ley 280 se sistematizan “en un solo cuerpo legal de las diferentes figuras delictivas que constituían el llamado delito económico y tenía como principal fundamento "resguardar la normalidad de las actividades comerciales y productivas, permitiendo una sana competencia del mercado que conduzca al país a un verdadero bienestar económico". Con todo, este cuerpo legal no era propiamente una ley de protección al consumidor.”

En 1980 “se declaró a la DIRINCO en reestructuración y, conforme a las directrices del Ministerio de Economía de 1982, la labor del organismo fue "procurar la orientación destinada a implementar acciones que permitirán la transparencia del mercado mediante la información y educación de los consumidores". La DIRINCO perdió así su función fiscalizadora. En tales condiciones, el tratamiento de los reclamos no contaba con una metodología claramente definida ni una inserción completamente funcional en la estructura del organismo. Muchas de las prácticas dependieron de modalidades adoptadas espontáneamente por los funcionarios.”

En 1983, se publica la ley N°18.223, que “sí estableció normas de protección al consumidor y derogó el D.L. 280, con el mérito de abrir camino hacia una regulación más específica representando un verdadero avance respecto de la legislación anterior.”

En 1990 y con la llegada al poder del presidente Aylwin, nació el SERNAC. “Sin embargo, hasta ese momento el cambio sólo consistió en un nuevo nombre para el organismo, más cercano a las funciones que debía desempeñar. No hubo una nueva legislación que le fijara una estructura orgánica, ni tampoco atribuciones que le permitieran llevar a cabo la labor que el Gobierno le había encomendado. Así, el SERNAC asumió como una de sus funciones naturales la mediación en los conflictos entre consumidores y proveedores,

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