UNA SOCIEDAD ENFERMA

UNA SOCIEDAD ENFERMA….

Vivimos y somos parte de una sociedad globalizada  enferma emocional, psicológica y físicamente, cada vez estamos más aislados, llenos de miedo y desconfianza, cada quien por su lado, como átomos; y aquí pareciera que no importa si pertenecemos al  1er o el 5o mundo, si se es rico o pobre, educado o ignorante, esta enfermedad está en toda la sociedad. La situación de desigualdad de género que, en nuestro país ha ido incrementándose de una manera  holística y desenfrenada,  y que hasta  en cierto punto por algunos grupos de la sociedad  se ha vuelto  invisible, aunque las podemos evidenciar  en las  tasas de analfabetismo, los niveles salariales, la propiedad de la tierra y las labores del trabajo del cuidado, entre otros, siguen siendo desfavorables y más precarias para las mujeres en comparación con los hombres. Es decir ha habido una profundización de las desigualdades de género en los últimos años. El concepto de equidad está vinculado a la justicia, imparcialidad e igualdad social. El género, por otra parte, es una clase o tipo que permite agrupar a los seres que tienen uno o varios caracteres comunes. Se conoce equidad de género a la defensa de la igualdad del hombre y la mujer  en el control y el uso de los bienes y servicios de la sociedad. Esto supone abolir la discriminación entre ambos sexos y que no se privilegie al hombre en ningún aspecto de la vida social, tal como era frecuente hace algunas décadas en la mayoría de las sociedades occidentales. De ahí que podamos establecer, por tanto, que para que tenga lugar la mencionada equidad de género se tiene que producir o generar dos situaciones concretas y fundamentales. Por un lado, estaría la igualdad de oportunidades y por otro, la creación de una serie de condiciones determinadas para que se puedan aprovechar las citadas oportunidades. La equidad de género consiste en estandarizar las oportunidades existentes para repartirlas de manera justa entre ambos sexos. Los hombres y las mujeres deben contar con las mismas oportunidades de desarrollo. El Estado, por lo tanto, tiene que garantizar que los recursos sean asignados de manera simétrica. Una mujer no debe obtener menos que un hombre ante un mismo trabajo. Cualquier persona debe ganar lo que propio de acuerdo a sus méritos y no puede ser favorecida en perjuicio del prójimo. Un hombre y una mujer deben recibir la misma remuneración ante un mismo trabajo que contemple idénticas obligaciones y responsabilidades. Esto por supuesto que son expresiones de violencia y discriminación hacia las mujeres, y supone la violación de sus derechos, nos falta mucho camino por recorrer para lograr la igualdad real de hombres y mujeres en nuestro país. Cito un ejemplo, El Salvador ya ha recibido una demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de Manuela, una mujer pobre que murió en la cárcel luego de haber sido condenada a treinta años de prisión por haber sufrido un aborto debido a una enfermedad no detectada, una muerte evitable y todo porque la ley penaliza toda forma de interrupción del embarazo. La demanda busca que se haga justicia y haya reparación a la familia de la víctima, no hay un avance sustantivo en la emancipación de los derechos de las mujeres en nuestro país, puesto que la institucionalidad vigente, las políticas y programas implementados no atacan las causas y las raíces que fundamentan a la sociedad patriarcal, y únicamente se quedan en el ámbito del asistencialismo y la pompa mediática. Podría pensarse que nuestro país está avanzando en el logro de la equidad e igualdad de género, puesto que en los últimos años se han aprobado normativas en el marco de garantizar los derechos de las mujeres, por ejemplo en 2010 se aprobó la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, y a inicios de 2011 se aprobó la Ley de Equidad e Igualdad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, y se ha implementado el programa presidencial Ciudad Mujer. Pero en la realidad actual esto podría convertirse en un mecanismo ideológico (un velo) que impida ver u oculte la realidad desigual entre hombres y mujeres que continúa profundizándose. Una lectura de la realidad salvadoreña desde una perspectiva de género permitiría  profundizar en el análisis y realidad tanto de las mujeres como de los hombres de los distintos grupos generacionales. Asimismo, permitiría  establecer de manera más adecuada cuáles son los retos y desafíos para poder alcanzar una Real Equidad en nuestro país. Sin embargo, en la sociedad salvadoreña persisten desigualdades en el goce y el ejercicio de los derechos entre hombres y mujeres que producen un conjunto de brechas de género muchos de los problemas que existen en El Salvador, como la inseguridad, la violencia, el incremento de la pobreza, el desempleo, el subempleo o la salud, tienen su base en las desigualdades sociales, entre ellas, la más importante la  de género. Para reducir estas brechas, hay que   plantearnos  políticas públicas específicas, integrales y eficaces para reducir la desigualdad. El Salvador es uno de los países más desiguales en materia de género en  América Latina. El país centroamericano ocupa la posición número 27 de 34 países  de América Latina y el Caribe que fueron analizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el informe regional titulado “Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad”. Esto quiere decir que El Salvador es uno de los lugares donde las mujeres realizan más trabajo sin recibir remuneración a cambio, y  las que reciben un salario ganan menos que los hombres aun desempeñando tareas similares. El Salvador, en términos generales es uno de los países que más desarrollo humano está perdiendo como consecuencia de la desigualdad: es el quinto de los 18 países analizados y que en ese sentido de debe poner atención  cuando se formulen las políticas de desarrollo, hay que ponerle atención al crecimiento, a la pobreza pero también a la desigualdad ”según el  coordinador del área de Desarrollo Humano y ODM de PNUD en El Salvador. Manifiesta que  en materia de acceso a servicios básicos, entre 18 países considerados de América Latina y el Caribe, El Salvador ocupó la tercera posición de desigualdad de acceso a agua. Mientras el 88 de los hogares más ricos (entendiendo por eso el 20 % de la población que tiene mayores ingresos) tiene acceso al agua, únicamente el 44% de los pobres (el 20% con los menores ingresos) tiene este acceso. Esta desigualdad, además, es alta, persistente y se reproduce en un contexto donde es difícil moverse en la escala social. Esto supone un obstáculo para el avance en desarrollo humano. Las políticas públicas específicas deben llegar a la gente, contemplar el conjunto de restricciones que perpetúan la pobreza y la desigualdad y las personas deben sentirse y ser agentes de su propio desarrollo, agrega el documento. En un  informe elaborado por PNUD presenta también una novedosa medición que muestra cómo la desigualdad impacta al desarrollo humano. Según esta estimación, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los países de la región disminuiría, en promedio, entre 6% y 19% si se corrigiera atendiendo a la desigualdad. El documento presenta un diagnóstico centrado en cuatro de las principales áreas de desigualdad entre hombres y mujeres: la participación política, la violencia, la salud y la pobreza. El documento, titulado Hacia la igualdad de género en El Salvador, tres líneas de acción, aborda la desigualdad en las áreas de participación política, violencia, pobreza y salud. El ámbito de la política sigue siendo eminentemente masculino, ya que a pesar de que las mujeres constituyan el 52.7% de la población, sólo el 11.1% de las alcaldías son encabezadas por mujeres alcaldesas y en la Asamblea Legislativa únicamente el 19% de los cargos titulares de la Asamblea Legislativa están ocupados por mujeres.  Los empleos con condiciones menos favorables son la maquila y el trabajo doméstico y en estas dos ocupaciones las mujeres son mayoría: 80% en empleo doméstico y 73% en maquila. Si se valorizara el trabajo doméstico realizado por las mujeres, su valor representaría la tercera parte de la riqueza nacional, sin embargo es un trabajo cuya contribución social no es reconocida.                En El Salvador, una de cada dos mujeres alguna vez casadas o en unión libre sufrió violencia por parte de su pareja durante su vida marital según datos reportados por la Encuesta Nacional de Salud Familiar 2008. La misma encuesta reporta que una de cada diez mujeres ha sufrido  violencia sexual con o sin penetración, siendo el grupo de edad más vulnerable al primer tipo de violencia el que se encuentra entre 15 a 19 años y al segundo tipo, el de 10 a 14 años. Los feminicidios  aumentaron considerablemente, pasando a duplicarse de 1999 a 2005, de 195 a 390 casos. Sólo en 2008, se cometieron 348 asesinatos de mujeres. En una década (1999-2008),  los feminicidios han alcanzado la cifra de 2840 asesinatos, según datos de Instituto de Medicina Legal. A pesar de los importantes avances realizados en el campo de la educación, el analfabetismo adulto sigue siendo un problema que afecta una mayor cantidad de mujeres que hombres: de las personas analfabetas de 15 años y más,  18.3% son mujeres y de 12.8% hombres (censo 2007). En el campo de la salud, de acuerdo a ISDEMU, el embarazo de adolescentes, del total de partos atendidos en 2007 en Maternidad, el 31.4 % correspondieron a adolescentes. En cuando al VIH/SIDA, la  relación hombre/mujer afectados por esta epidemia ha cambiado de 3 a 1 en el año 2000, a 1.5 a 1 actualmente, sugiriendo una feminización de la misma. Las brechas de género en El Salvador siguen existiendo y  es necesario generar información que permita dar seguimiento a dicha situación para generar las acciones que permitan la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Para enfrentar estos desafíos hay que  plantearse  algunas líneas estratégicas de acción. Como por ejemplo Fortalecer el posicionamiento del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), así como la Política Nacional de la Mujer y garantizar el seguimiento y cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el país. En nuestro país se realizó una consulta regional de los países de América Latina y El Caribe, en la cual se reunieron mandatarias de toda la región para unificar criterios y presentar ante la ONU, recomendaciones para avanzar en la prevención y eliminación de la violencia de género, las cuales estarían en sintonía a lo ya establecido en las convenciones internacionales CEDAW y Belem do Pará, las cuales han sido ratificadas por el Estado salvadoreño. En dicho evento el ex-presidente Funes y su esposa recalcaron los esfuerzos que se habían hecho desde el gobierno que estuvo a su cargo y su compromiso por combatir la violencia hacia las mujeres. Lamentando casos como el muy conocido del personaje Rodrigo Samayoa donde  la Asamblea Legislativa le devolvió el fuero, luego que la Cámara de lo Penal resolviera que las expresiones de violencia contra la mujer encontrados en el artículo 55 de la Ley Especial Integral para una Vida libre de violencia para las Mujeres, son consideradas como delitos “no graves”, e incluso se señaló restituirle los salarios y prestaciones no devengados durante el tiempo que fue desaforado. Si fuese realmente cierto el avance en materia de equidad e igualdad de género, ¿por qué se sigue premiando a los victimarios y castigando a las víctimas? y lo más indignante es que los casos como este son muchos en nuestros país.

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