El Estado hondureño dirigida a profundizar el modelo neoliberal y el sistema político excluyente y antidemocrático vigente

En el presente documento intentaremos hacer una revisión puntual en cada eje temático y observando los diferentes elementos que, agregados, nos permiten concluir que se trata de una propuesta de cambios en el Estado hondureño dirigida a profundizar el modelo neoliberal y el sistema político excluyente y antidemocrático vigente.

Argumentaremos que la ley (a la que en adelante nos referimos como Plan o Visión de país para acortar), no representa una continuidad de la larga lista de fallidas iniciativas de “concertación” o de “diálogos nacionales” que muestra la historia de Honduras.

Esto es, no se trata de un intento más de ofrecer válvulas de escape a la presión social o de manipular a la sociedad civil para lograr la legitimación de políticas de gobierno como en el pasado lo han sido diversas instancias e instituciones de “participación de la sociedad”, y que han explotado la voluntad de negociación de los sectores populares (y sus estrategias de incidencia política) para legitimar modelos excluyentes.

Argumentaremos que no es casual que se trate del último decreto aprobado por el gobierno de facto: se trata de la puesta en concreto del plan para Honduras de un sector del empresariado/ejército/partidos para garantizar la sobrevivencia del bipartidismo y continuar las dinámicas de explotación económica y saqueo nacional. Se trata de un nuevo “pacto de dominación” -repartición- para reconfigurarse como bloque hegemónico tras el golpe de Estado. Se trata pues de una genuina “visión” de un sector de la clase dominante, una visión para el enriquecimiento de unos cuántos, uno de los motivos y trasfondos del golpe de Estado de junio 2009.

La “Visión de país”, de entrada, se supone como enmarcada en el inexistente proceso de “Diálogo y reconciliación nacional” y se refiere a sí mismo como “armónico e incluyente”.

Es interesante notar, sin embargo, que a diferencia de otros documentos similares del pasado (planes de desarrollo, estrategia de reducción de la pobreza) en este caso los gobiernos producto del golpe no se tomaron la molestia en fingir un proceso de legitimación via consulta de organizaciones sociales, y que la única legitimidad del documento es la de la fuerza.

El proceso de creación de la ley empieza durante el primer semestre de 2009, impulsado desde el Congreso nacional. Después del golpe el proyecto sería recuperado y ratificado por los candidatos presidenciales, incluyendo a la Unificación Democrática y asumido como compromiso “fundamental” por los tres poderes del Estado. A partir del gobierno de Lobo ha sido constantemente presentado como una gran estrategia nacional de desarrollo.

La ley incluye lineamientos estratégicos, un plan de nación primera fase (2010-2022), enmarcando responsabilidades de los próximos 3 gobiernos y una matriz de 58 indicadores.

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