La razón de Estado

razón de Estado

Viene de la vieja expresión francesa raison d’état, con la que los políticos europeos designaron la tesis de que las acciones de gobierno solamente pueden ser juzgadas por su éxito. Desde entonces, se conoce como razón de Estado a la motivación, generalmente secreta o inconfesable, que mueve a un gobernante a tomar determinadas decisiones de interés público aun cuando se vulneren principios morales o de justicia. La seguridad estatal, la estabilidad del gobierno, el interés económico, la conveniencia del gobernante son, por lo general, las principales razones de Estado. Ellas suelen superponerse a cualquier otra consideración —principios morales, compromisos contraídos, legalidad— en la adopción de las determinaciones del poder.

Un escritor italiano afirma que la razón de Estado es ”un principio superior a todos los principios, una razón superior a la misma razón, para elevarse por encima de todos los gobiernos”.

La razón de Estado plantea casi siempre un conflicto entre la moral y la política, no solamente porque para muchos pensadores cada una de ellas tiene sus propias normas, independientes entre sí, sino también porque no siempre la moral garantiza el éxito político. A veces hasta conspira contra él. De modo que el gobernante debe escoger si ha de regirse por las normas de la moral o por las de la política. El conflicto se plantea, entonces, entre la acción política que se reduce al juego de intereses inmediatos y la moral que mira más lejos. Solamente alguna “razón” puede permitir superarlo: es la razón de Estado, cosa que históricamente ocurre especialmente a partir del Renacimiento en que la realidad política se independiza de la moral, se erije en una realidad autónoma e invoca su propia “razón” de ser para justificar sus actos. Esto le permite al político despojarse de toda preocupación que no sea la de la eficacia de sus acciones y a continuación acallar de algún modo las protestas de la conciencia propia y de la ajena.

En nombre de la razón de Estado se incumplen compromisos contraídos o se realizan operaciones deshonestas desde el gobierno.

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