La relación entre el Pueblo, la Nación y el Estado.

La relación entre el Pueblo, la Nación y el Estado.

Del análisis realizado en torno a los conceptos de pueblo, nación y Estado, se desprende claramente que si bien: tales conceptos no pueden ser objeto de una asimilación o identificación automática, tampoco cabe considerarlos como realidades sociales absolutamente inconexas y dispares.

El Estado constituye una forma de organización, históricamente más evolucionada, de las relaciones político-económicas de una comunidad territorialmente definida mediante la conjugación del poder y de la solidaridad.

Por ello, el Estado contribuye a la satisfacción de un importante número de las necesidades (materiales y psíquicas) básicas tanto de los individuos, tomados aisladamente, como de los grupos sociales.

Nada tiene de extraño, por tanto, que el Estado sea la forma de organización a la que aspiran los pueblos para consolidar plenamente su propia existencia y la identidad política común que une a sus miembros. Todo pueblo aspira, en definitiva, a dotarse de una estructura estatal independiente o a participar en un Estado ya constituido en condiciones de garantía de sus intereses y objetivos políticos propios.

Pero de lo anterior no cabe deducir que la existencia de un pueblo, en tanto que particular forma de agregación socio-política, desaparezca tras la constitución del Estado subsumida o absorbida por la estructura de éste último.

Si bien la nueva estructura orgánica estatal, como expresión de unas determinadas relaciones político-económicas, puede llegar a asumir una parte importante de los vínculos que se desarrollan entre los miembros de una colectividad popular, nunca puede llegar a borrarlos definitivamente, en todo caso puede llegar a transformarlos, precisamente porque, como ya hemos señalado, la existencia y actividad del Estado se desarrolla dialécticamente, ya sea mediante la dominación y la cooperación, ya sea en el interior o hacia el exterior, lo que impide una plena identificación entre el pueblo, con los diversos grupos que lo conforman, y el Estado.

Precisamente porque el Estado no puede llegar a borrar las diferencias político económicas y las desigualdades que subyacen en el seno de todo pueblo, acentuándolas con frecuencia, resulta erróneo llegar a la idea de que tras la constitución del Estado el pueblo desaparece como actor internacional relevante. Tal conclusión olvida que todo pueblo mantiene viva su capacidad de retomar suprotagonismo político al margen, por encima o en contra de la organización estatal, porque como afirma ENGELS en su inconclusa obra El papel de la violencia en la historia:

«En política no existen más de dos fuerzas decisivas: la fuerza organizada del Estado, el ejército, y la fuerza no organizada, la fuerza elemental de las masas populares».

En efecto, aunque es patrimonio habitual del Estado organizar, movilizar y representar al pueblo interna e internacionalmente, ésta no es una facultad exclusiva de la institución estatal.

El pueblo es, con frecuencia, organizado, movilizado y representado por otros grupos paraestatales, entre los que destacan los partidos políticos y los movimientos de liberación, y en ocasiones incluso por ciertos dirigentes o personalidades que gozan de un liderazgo populista o «caudillaje».

El protagonismo internacional de los pueblos, que sometidos a largos períodos de colonización lucharon por lograr su independencia estatal, terminó finalmente, por ser reconocido jurídicamente en la memorable Resolución 1.514/XV de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 14 de diciembre de 1960, bajo el título de Declaración sobre la independencia de los pueblos coloniales, y en cuyo punto 2 se afirma: «Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su estatuto político y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural».

La titularidad jurídico-internacional de los pueblos ha ido progresivamente afirmándose en conjunción, y a veces en competencia, con la reconocida titularidad jurídica de los estados como prueba irrefutable de la diversidad de realidades sociopolíticas que ambos representan.

En efecto, como una consecuencia del derecho de los pueblos a la libre determinación surgirán otros derechos fundamentales referibles a los pueblos, tales como el derecho de los pueblos a la soberanía permanente sobre los recursos naturales, reconocido por la Resolución 1.803/XVII de la Asamblea General de las Naciones Unidas y recogido en el artículo 1,

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