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Uno de los principios más importantes que se encuentra recogido, en las constituciones contemporáneas y en los tratados internacionales sobre derechos humanos es el debido proceso. Es el derecho que tiene todo sujeto a alcanzar la justicia a través del proceso. Se presenta en primer lugar como un derecho subjetivo que garantiza la libertad y el status jurídico de sus titulares en todos los ámbitos de su existencia, permitiendo que puedan ejercer los derechos que integran su contenido, exigir el respeto y la adecuada protección a los mismos, así como el cumplimiento de aquellas prestaciones necesarias –especialmente por parte del Estado– para su concreción efectiva.

En segundo lugar, aparece como un elemento esencial del ordenamiento jurídico político, con propia fuerza normativa de la mayor jerarquía, vinculando en forma directa e inmediata tanto a los órganos y organismos del Estado (sea que pertenezcan al ejecutivo, legislativo o judicial) como a los particulares. Como consecuencia de ello, todo sujeto de derecho –incluyendo el Estado– debe adecuar su conducta al pleno respeto del derecho a un debido proceso y está llamado a realizar los actos que les correspondan para su concreción en la realidad. La elevada importancia del debido proceso es tal que, cuando no es respetado y tutelado, se origina una situación de injusticia que socava las bases mismas del ordenamiento; por lo tanto, su reconocimiento y respeto irrestricto son algunas de las condiciones necesarias – mas no suficientes– para la vigencia efectiva de los demás derechos y del ordenamiento jurídico político en su conjunto. Será ilícita toda forma de ejercicio del poder, tanto público como privado, que viole el debido proceso.

El proceso, en cualquiera de sus manifestaciones, surge de su propia finalidad dual: cuando la necesidad de justicia y de paz social, cuando la necesidad de convivencia humana en sociedad hace indispensable para el desarrollo social se hace vital el proscribir la autotutela o autodefensa como forma violenta e individual para la preservación de los derechos conculcados. Es decir, se hace necesario proscribir la justicia privada, la justicia por mano propia, o la Ley de Talión.

En este caso podemos observar que se violaron varios derechos humanos, empezaremos a enumerar los siguientes

a. EL DERECHO A LA VIDA: Tanto las normas internacionales como regionales de derechos humanos reconocen el derecho y la obligación de los Estados de proteger a las personas de su jurisdicción.

b. LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL USO DE LA TORTURA y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes para extraer información del sospechoso de terrorismo está absolutamente prohibido, así como el uso en actuaciones judiciales de pruebas obtenidas mediante la tortura, ya sea internamente o en el extranjero, y de «pruebas secretas» utilizadas por la acusación y otras autoridades en las actuaciones judiciales

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