Postulado

Postulado

El filosofo llama "divorcio entre ley, moral y cultura" a la falta de congruencia entre la regulación cultural del comportamiento y sus regulaciones moral y jurídica, falta de congruencia que se expresa como violencia, como delincuencia, como corrupción, como ilegitimidad de las instituciones, como debilitamiento del poder de muchas de las tradiciones culturales y como crisis o debilidad de la moral individual. El divorcio entre los tres sistemas se expresa en: a) acciones ilegales pero aprobadas moral y culturalmente; b) acciones ilegales desaprobadas culturalmente pero moralmente juzgadas como aceptables, y c) acciones ilegales reconocidas como moralmente inaceptables pero culturalmente toleradas, aceptadas. Y se expresa también como obligaciones legales que no son reconocidas como obligaciones morales o que en ciertos medios sociales no son incorporadas como obligaciones culturalmente aceptadas (Mockus, 2002: 5).

Por otra parte, el concepto de Cultura Ciudadana asumido desde el currículo de la Cátedra parte de esa visión integradora del Dr. Antanas Mockus que busca que los ciudadanos y ciudadanas, en este caso la comunidad Cartagenera se haga corresponsable del cuidado de lo público y el respeto a las normas a través de herramientas de auto y mutua regulación para el bien común y la convivencia fraterna dentro de la ciudad, como mecanismo para reducir los niveles de violencia que vienen afectando a la población local (Garcés, Romero & Oliveros, 2010).

Esto sin lugar a dudas implica una nueva concepción de ciudadanía, en donde ésta según Mockus se construye en la mutua regulación entre desconocidos (aprender a corregir amablemente, aprender a dejarse corregir) y entre una relación distinta e incluyente entre el Estado y el Ciudadano. En donde el Estado debe procurar por brindarle mejores garantías y atención de acuerdo a necesidades colectivas o públicas, lo cual requiere que haya amplios canales de interacción entre los gobernantes y gobernados, haciendo de cada dinámica normativa o de cada acción sociopolítica una oportunidad de aprendizaje, significa además "promover la autorregulación y la corresponsabilidad también en lo relacionado con la gestión pública. Ese enfoque que busca armonizar ley, moral y cultura llevó a adoptar estas fórmulas: recursos públicos, recursos sagrados y una más genérica: lo público es sagrado". (Mockus, 888:16).

Por supuesto, que este enfoque integrado entre ley, moral y cultura pone en la agenda política una perspectiva mucho más pedagógica de la Norma, en donde el ciudadano puede concientizarse de la necesidad de respetarla porque la entiende y dimensiona los beneficios colectivos de asumirla; la puede internalizar porque puede esperar mejores garantías de vida de un Estado que no lo persigue sino que lo protege, puede también reflexionar de los costos y afectaciones sociales que genera al violarla, y puede redimensionarse una nueva manera de entender la ley menos represiva y más educativa cuando logra pasarla del terreno de lo racional y lo amenazante, al terreno de lo afectivo, cultural y emocional.

Algo de esta aproximación emotiva y cultural de las normas que plantea Mockus, viene influenciada de los postulados sociológicos de Jon Elster (1991) que propone una visión de la adopción de la norma menos centrada en la elección racional que está sujeta al cálculo y el pago de incentivos, y mucho más enfocada al terreno de lo emocional y de los referentes colectivos entretejidos con la cultura y la comunidad que envuelven la dinámica de vida de los ciudadanos. Aquí la norma posibilita una doble comprensión de la sociedad en donde se tiene en cuenta las particularidades culturales que envuelven el "ethos social" como también entender los aspectos colectivos de ese "todo social" analizando cada uno de los componentes complejos que la conforman. Es claro que estas precisiones teóricas no desconocen la importancia de promover escenarios de deliberación pública que generen consensos sociales delimitando parámetros pertinentes para alcanzar mejores niveles de convivencia social, tampoco excluye la necesidad de definir acuerdos cooperativos estables, pero para Mockus y Elster son las normas sociales las que pueden garantizar el orden social, pues actúan como cemento para alcanzar la cohesión entre los ciudadanos, aspecto que es útil para prevenir que surjan anarquías y caos sociales.

A los aportes anteriores se suman los de Sánchez & Castro (2006:1) que consideran que la generación de cultura ciudadana implica la generación de tejido democrático, y esto requiere de condiciones sociales y educativas, de igualdad de oportunidades, de acceso a la información, del desarrollo de los partidos y de la educación entre otros factores, pero para lograr esas condiciones no solo es necesario que exista un compromiso político real de los gobernantes de reducir los males estructurales, sino que además se requiere un compromiso activo de los ciudadanos en la construcción de ese "ethos democrático" que exige mayores garantías en la participación, mejores niveles de organización socio-comunitaria, desarrollo de valores, actitudes y comportamientos favorables hacia la democracia, y capacidades ciudadanas para la concertación y el cumplimiento de acuerdos.

La distinción entre los tres sistemas regulatorios, ley, moral y cultura, es el resultado de un proceso histórico de diferenciación2. Aún hoy en día, posiciones fundamentalistas reivindican la unidad, la identificación, entre los tres. Por el contrario la Modernidad, con su invitación a la autonomía moral del individuo y su énfasis en el Estado de derecho y sus garantías ha generado una marcada diferenciación y separación entre los tres. Mientras el ciudadano cumpla la ley, goza de una gran autonomía individual (moral) y mientras respeten el ordenamiento legal pueden convivir tradiciones culturales muy distintas. Es más, para Rawls, la solidez de las democracias contemporáneas depende del hecho de que tradiciones culturales apoyen

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