Requisitos Preocesales

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y no gozar de otra nacionalidad.

b) Poseer título de licenciado en Derecho expedido y registrado legalmente y con la correspondiente cédula profesional.

c) Tener un promedio mínimo de 8 en los estudios de licenciatura.

d) Acreditar con documentos, por lo menos tres años de experiencia profesional, contados a partir de la expedición del título profesional.

e) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso, o por delito culposo calificado como grave por la ley, ni estar sujeto a un proceso penal.

f) No estar suspendido ni haber sido sustituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento administrativo alguno, en los términos de las normas aplicables.

g) En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional.

h) No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo.

i) Poseer conocimientos básicos de computación.

j) Demostrar que se han cumplido los requisitos de ingreso, siendo indispensable la aprobación de los exámenes y las pruebas de admisión fijadas en el procedimiento de ingreso, de acuerdo con los ordenamientos jurídicos procedentes y la convocatoria respectiva.

GARANTIAS DEL JUZGADOR

Explica Ovalle, “Por garantías judiciales, se suele entender el conjunto de condiciones previstas en la Constitución, con el fin de asegurar, en la mayor medida posible, el desempeño efectivo y justo de la función jurisdiccional”.

Clasificación de Couture:

a) garantía de independencia. Fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal.

Garantía de autoridad. Tercer párrafo artículo 17 Ley fundamental federal

b) Garantía de responsabilidad. Título cuarto de la Constitución federal y la ley orgánica del poder judicial prevén la responsabilidad disciplinaria.

Por lo que respecta a la remuneración, la independencia económica es un derecho del juez y una garantía para el justiciable.

Esto implica, como señala Armienta Calderón, “...la percepción de emolumentos y de prestaciones sociales garantes de una estabilidad económica que los libere de las inquietudes provenientes de la escasez de recursos indispensables para atender su salud y la de su familia, la educación de sus hijos y disfrutar de una vivienda decorosa, en suma, para llevar una vida digna”.

La inamovilidad judicial como derecho del juez y presupuesto de su independencia, consiste en el derecho que tiene tanto el juez como el magistrado a no ser suspendido, destituido o separado del cargo,

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