America Latina

En la nueva Constitución venezolana promulgada en 1999, el tema de la política petrolera y del papel del Estado en su ejecución, ocupa un importante puesto ya que dicho texto constitucional hace varias referencias directas a ese tema, entre las cuales están:

En su artículo 12, la Constitución establece que los yacimientos mineros y de hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin importar su naturaleza, son bienes del dominio público y por tanto, inalienables e imprescriptibles.

En su artículo 302 señala que, por razones de conveniencia y soberanía nacional, el Estado venezolano se reserva todo lo relativo a la actividad petrolera.

El artículo 303 establece que por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado se obliga a conservar la totalidad de las acciones de PDVSA.

Es importante destacar que luego del año 2000, el gobierno nacional inició un profundo proceso de reestructuración de PDVSA, cambiando su esquema organizativo y, eliminando muchas de las tradicionales filiales de esta empresa; desde ese año en adelante, la política petrolera del gobierno nacional se ha concentrado en la defensa de los precios del petróleo en los mercados internacionales, defensa que se ha llevado adelante mediante el fortalecimiento de la OPEP, y el mantenimiento de bajas cuotas de producción.

Posteriormente el 1o de Mayo de 2007, el gobierno Venezolano recuperó su soberanía energética de forma total al proceder a la nacionalización de la faja petrolífera del Orinoco, económicamente muy lucrativa y que contiene el reservorio mas potencial del mundo. De ahora en adelante PDVSA controlará al menos el 60% de las ganancias de las operaciones de la región, y el 40% restante se encargaran las transnacionales British Petroleum, Exxon Mobil, Chevron, Conoco Phillips, Total y Statoil, pero solo podrán participar como socios minoritarios.

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