Ciencias Sociales

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Nacionalización de la industria eléctrica

El presidente Lázaro Cárdenas emitió una histórica Ley en 1937 sobre la potestad del estado sobre la industria eléctrica en el país; sin embargo, la expropiación petrolera dominó la escena nacional y se postergó hasta el sexenio de Manuel Ávila Camacho, entre 1940 y 1941, iniciar el proceso de nacionalización de la industria eléctrica. La intervención del Estado se debió a que las empresas privadas desatendían a las comunidades rurales del país (la inmensa mayoría del territorio nacional) por el alto grado de inversión que se requería realizar contra las mínimas ganancias que resultarían de electrificar a poblados dispersos y que tendrían poca demanda. Sería el presidente Miguel Alemán quien decretaría en 1949 la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios que se encargaría de llevar luz a todos los rincones del país.

Durante diez años este esquema mixto de empresas privadas en las urbes y zonas industriales del país junto con la CFE en el resto del país funcionó sin contravenir intereses. Pero en 1960 se decidió nacionalizar la totalidad de la industria eléctrica del país. Por lo que el presidente Adolfo López Mateos estableció la compra de las empresas que tenían a cargo el suministro de la energía eléctrica. De esta forma, el gobierno adquirió en 52 millones de dólares, el 90% de las acciones de The Mexican Light and Power Co., y se comprometió a saldar los pasivos de esa empresa que ascendían a 78 millones de dólares. Por la suma de 70 millones de dólares obtuvo las acciones de la American and Foreign Power Co. Posteriormente cerró la operación comprometiendo a ambas empresas a invertir en México el dinero que recibieran para evitar una excesiva exportación de divisas.

Plan de 11 años

En diciembre de 1958, Adolfo López Mateos, asumió el poder. El sistema político mexicano se encontraba sólidamente establecido. El país había logrado un notable crecimiento económico que se reflejaba en un importante desarrollo industrial. Sin embargo, junto este progreso, el panorama educativo era desalentador. La explosión demográfica había adquirido proporciones sorprendentes y el presupuesto del Estado, no obstante su considerable incremento, no permitía dar los servicios que la población requería a la velocidad que ésta se multiplicaba. Ante estas crecientes exigencias, los esfuerzos de gobernantes y educadores habían quedado rezagados: el analfabetismo ascendía al 38%, el número de escuelas seguía siendo insuficiente y cada año, según las estadísticas escolares, cerca de tres millones de niños en edad escolar quedaban sin escuela. Desde el inicio de su gestión, el mandatario advirtió que la educación pública sería una de las prioridades de su gobierno. El nuevo proyecto

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