DECISIONES TRASCENDENTES EN U.S.A.

NOTA ES INFORMACIÓN TOMADA DE INTERNET DE INTERES GENERAL:

"El Tribunal se atiene a las lecciones de la experiencia y la fuerza del mejor razonamiento, y reconoce que el procedimiento de tanteo, tan útil en las ciencias físicas, también es válido en la función judicial"

— Louis D. Brandeis, Magistrado del

Tribunal Supremo de los EE.UU

Burnett contra Coronado Oil and Gas Co., 1932

Desde que el Tribunal Supremo fuera convocado por primera vez en 1790, desde entonces ha emitido miles de dictámenes sobre todo tipo de cuestiones, desde las atribuciones del gobierno a los derechos civiles y la libertad de prensa. Aunque muchas de esas decisiones son poco conocidas y de escaso interés para el público en general, varias destacan por el efecto que han tenido en la historia de Estados Unidos. A continuación se presenta una relación sucinta de algunos de los casos más destacados.

Una caricatura muestra que, si bien el Tribunal respeta los precedentes legales, también interpreta el derecho a la luz de las circunstancias contemporáneas.

MARBURY vs. MADISON (1803)

Marbury contra Madison, a menudo calificado como el fallo más importante en la historia del Tribunal Supremo, estableció el principio de revisión judicial y el poder del Tribunal de dictaminar sobre la constitucionalidad de las medidas legislativas y ejecutivas.

El caso surgió como resultado de una querella política a raíz de las elecciones presidenciales de 1800, en las que Tomás Jefferson, republicano demócrata, derrotó al entonces presidente John Adams, federalista. En los últimos días del gobierno de Adams, el Congreso dominado por los federalistas, estableció una serie de cargos judiciales, entre ellos 42 jueces de paz para el Distrito de Columbia. El Senado confirmó los nombramientos, el presidente los firmó y el secretario de Estado estaba encargado de sellar y entregar las comisiones. En el ajetreo de última hora, el secretario de Estado saliente no entregó las comisiones a cuatro jueces de paz, entre los que se contaba William Marbury.

El nuevo secretario de Estado del gobierno del presidente Jefferson, James Madison, se negó a entregar las comisiones porque el nuevo gobierno estaba irritado por la maniobra de los federalistas de tratar de asegurarse el control de la judicatura con el nombramiento de miembros de su partido. Marbury recurrió al Tribunal Supremo para que ordenara a Madison entregarle su comisión.

Si el Tribunal fallaba a favor de Marbury, Madison todavía podría negarse a entregar la comisión y el Tribunal no tendría manera de hacer cumplir la orden. Si el Tribunal se pronunciaba contra Marbury, se arriesgaba a someter el poder judicial a los jeffersonianos al permitirles negar a Marbury el cargo que podía reclamar legalmente. El presidente del Tribunal Supremo John Marshall resolvió este dilema al decidir que el Tribunal Supremo no estaba facultado para dirimir este caso. Marshall dictaminó que la Sección 13 de la Ley Judicial, que otorgaba al Tribunal estas facultades, era anticonstitucional porque ampliaba la jurisdicción original del Tribunal de la jurisdicción definida por la Constitución misma. Al decidir no intervenir en este caso, el Tribunal Supremo aseguró su posición como árbitro final de la ley.

GIBBONS vs. OGDEN (1824)

El primer gobierno de Estados Unidos con arreglo a los Artículos de la Confederación era débil, en parte porque carecía de atribuciones para regular la economía del nuevo país, incluido el comercio interestatal. La Constitución otorgaba al Congreso de Estados Unidos la facultad de "regular el comercio . . .entre los diversos estados. . .", pero esa facultad fue impugnada con frecuencia por los estados, que deseaban retener el control de las cuestiones económicas.

A comienzos del decenio de 1800, el estado de Nueva York promulgó una ley por la que se exigía una licencia de Nueva York para los barcos de vapor que navegaban entre Nueva York y Nueva Jersey. Aaron Ogden tenía dicha licencia; Tomás Gibbons no la tenía. Cuando Ogden se enteró de que Gibbons estaba compitiendo con él y no tenía licencia de Nueva York, le llevó ante los tribunales.

Gibbons tenía licencia federal para navegar por las aguas costeras con arreglo a la Ley de Navegación de cabotaje de 1793, pero los tribunales del estado de Nueva York convinieron con Ogden en que Gibbons había infringido la ley porque no tenía licencia del estado de Nueva York. No obstante, cuando Gibbons elevó su caso al Tribunal Supremo, los magistrados declararon anticonstitucional la ley de Nueva York por infringir las atribuciones del Congreso de los Estados Unidos de regular el comercio. "La palabra 'regular' implica, por su propia naturaleza, plenos poderes sobre la cosa objeto de la regulación", dictaminó el Tribunal. Por tanto, "excluye, necesariamente, la acción de todos los demás que realizarían la misma operación sobre la misma cosa".

JUNTA DE RELACIONES LABORALES (NLRB) vs. JONES & LAUGHLIN STEEL CORP. (1937)

Si Gibbons contra Ogden estableció la supremacía del Congreso en la reglamentación del comercio interestatal, NLRB vs. Jones & Laughlin extendió la autoridad congresional de la reglamentación del comercio mismo a la reglamentación de las prácticas comerciales de las industrias dedicadas al comercio interestatal.

Jones & Laughlin, una de las principales empresas siderúrgicas del país, infringió la ley nacional de relaciones laborales de 1935 al despedir a 10 empleados por participar en actividades sindicales. La ley prohibía una variedad de prácticas laborales injustas y protegía el derecho de los trabajadores a establecer sindicatos y negociar colectivamente. La empresa se negó a cumplir la orden de NLRB de readmitir a los trabajadores. Un tribunal de circuito de apelaciones se abstuvo de hacer cumplir la orden de la junta, y el Tribunal Supremo revisó el caso.

Lo que se ventilaba en este caso era si el Congreso estaba o no facultado para regular las actividades "locales" de empresas dedicadas al comercio interestatal, es decir, las actividades que tienen lugar dentro de un estado. Jones & Laughlin aducía que las condiciones de su fábrica no afectaban al comercio interestatal y, por tanto, su regulación no era incumbencia del Congreso. El Tribunal Supremo disintió al estipular que "la interrupción de las operaciones [fabriles] por conflictos industriales tendría un efecto sumamente grave en el comercio interestatal. La experiencia ha demostrado cumplidamente que el reconocimiento del derecho de los empleados a organizarse y a tener representantes de su propia elección para fines de negociación colectiva es, con frecuencia, una condición esencial

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