El caso Ayotzinapa

El caso de Ayotzinapa.

Las escuelas normalistas del Estado de Guerrero, al sur de México, en especial la Escuela Normal Isidro Burgos, están asociadas a las luchas sociales y a la guerrilla de los años 70.

Durante los últimos días del mes de septiembre de 2014, alumnos de esta escuela planeaban viajar a la Ciudad de México para asistir a las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco del día 2 de octubre.

El 26 de septiembre comenzaron el viaje en tres autobuses que previamente habían robado y al llegar a la localidad vecina de Iguala, intentaron apoderarse de otros dos autobuses más en la Central Camionera de la ciudad, pero el chofer de uno de ellos escapó y dio aviso a la policía de lo ocurrido.

El alcalde de Iguala José Luis Abarca estaba casado con María de los Ángeles Pineda, quien era el enlace del gobierno municipal con el cártel Guerreros Unidos. Los padres y hermanos de Pineda habían pertenecido al famoso cártel de los hermanos Beltrán Leyva, quienes históricamente se disputaron el territorio de los Estados de Guerrero y Morelos con el Cártel del Pacífico, que encabezaba Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera; y luego se unieron a Guerreros Unidos.

Ángeles Pineda era directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); pues en México se acostumbra que la esposa del alcalde de turno sea quien dirija esa oficina municipal. Esa noche del 26 de septiembre, el DIF de Iguala daría una fiesta para celebrar los logros obtenidos bajo la dirección de Pineda y anunciar su candidatura como alcaldesa de la ciudad en las próximas elecciones.

Según la línea de investigación de la Procuraduría General de la República sobre estos hechos, esa noche del 26 de septiembre, la caravana de autobuses que transportaba a los estudiantes de Ayotzinapa pasaría a una cuadra de los festejos y el alcalde temía que boicotearan la celebración, entonces a fin de evitar posibles disturbios y daños que opacaran el acto, solicitó el apoyo de las fuerzas de seguridad y la participación de miembros del cártel Guerreros Unidos para impedir que los estudiantes lleguen al lugar.

Pues como se afirma, “Si la policía se ocupa de la calle es porque ésta es el terreno del conflicto social. La calle es la casa de aquellos que no la tienen”.

De acuerdo con declaraciones del fiscal, Iñaqui Blanco Cabrera, el episodio de violencia ocurrió a las 21:30 horas, cuando la policía logró interceptar el paso de los cuatro autobuses mediante una camioneta que bloqueó su avance. Los alumnos bajaron de los autobuses para intentar empujar fuera del camino la camioneta, y se enfrentaron a los policías. La balacera inicial puso en desbandada a los estudiantes normalistas, varios de los cuales se refugiaron en los espacios entre los autobuses detenidos. Otros más escaparon como pudieron a los alrededores; sin embargo, la policía de Iguala se llevó bajo arresto a la mayoría de los estudiantes que no habían podido bajar de los autobuses.

“La policía se ocupa del cuerpo de los individuos, pero tomados en su conjunto: cuerpo urbano intervenido en salvaguardia del estado, que aspira a la seguridad y que obliga a actuar sobre lo que agita, anima, trastorna al cuerpo. Así, la biopolítica es el perfeccionamiento de la disciplina.

Las autoridades informaron que como resultado del operativo 6 personas murieron, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes permanecían en calidad de desaparecidos. Ese mismo día, se señaló al Alcalde Abarca, como presunto autor intelectual de las desapariciones forzadas y como el responsable de dirigir desde un radio a fuerzas policíacas del Estado para proceder con los actos del 26 de septiembre.

El 4 octubre del mismo año fueron encontrados en los alrededores de Iguala, 28 cuerpos, en varias fosas clandestinas de la región; pero las pruebas realizadas arrojaron que no se trataba de los estudiantes desaparecidos.

“Pero hemos llegado a tanto que el Procurador General de la República, el priista Jesús Murillo Karam, salió a decir, casi aliviado, que los veintiocho cuerpos encontrados en las primeras fosas clandestinas “descubiertas” en Iguala (la ciudad donde se produjo el último ataque a los normalistas y donde fueron detenidos por la policía municipal un número no determinado de estudiantes, entre los que se encuentran los 43 desaparecidos), no correspondían a los de los normalistas. ¿Quiénes son entonces esas veintiocho personas?, ¿desde cuándo están ahí?, ¿por qué? Las preguntas se atragantan”.

“El presidente municipal se dio a la fuga, el gobernador estaba al filo de la navaja, el palacio de gobierno en llamas, la presidencia terriblemente cuestionada ya no solo por los mexicanos, sino además por la comunidad internacional y algunos de esos elefantiásicos organismos –como la ONU- que se han pronunciado con fuerza sobre el “caso” y el saldo sigue creciendo y creciendo, sin control, sin que aparezca un gesto o algo que medianamente se vislumbre como estrategia de contención, ya no digamos de voluntad política de esclarecer y aplicar la justicia”.

“Comenzó así la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos. La cantidad de los cuerpos encontrados fue sumamente desgarradora y el sentimiento generado en la comunidad, indignante. La noticia no pudo ocultarse, expandiéndose a nivel nacional como internacional. La libertad de expresión se ejerció en el centro del país y por medio de manifestaciones y movimientos estudiantiles, el pueblo habló”.

A fines de noviembre de 2014 fue anunciada la captura de José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda en la Ciudad de México, y a los pocos días la Procuraduría General de la República confirmó en una conferencia de prensa en cadena nacional, que existían indicios de un homicidio masivo en un basurero aledaño, según el testimonio de tres nuevos detenidos quienes confesaron que los estudiantes fueron asesinados después de que policías de los municipios de Iguala y Cocula los entregaran al grupo criminal «Guerreros Unidos». Sus cadáveres fueron quemados, después se depositaron los restos en bolsas y fueron arrojados en un río cercano.

Desde que comenzó la investigación se han encontrado decenas de fosas comunes en los alrededores de Iguala y en distintos puntos del estado de Guerrero.

“El 27 de enero de 2015, la PGR notificó del avance de las investigaciones de la desaparición, aclarando que era prácticamente un hecho que el grupo Guerreros Unidos, vinculado al alcalde de Iguala, había secuestrado, asesinado, incinerado y desaparecido en un río, las cenizas de los 43 normalistas. De acuerdo a la versión oficial, el grupo rival antagónico de Guerreros Unidos, “Los Rojos” junto con el Director de la Escuela normal

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