Las reformas de 1992

Las reformas de 1992 a la legislación agraria.

El fin de la Reforma Agraria mexicana y la privatización del ejido

Horacio Mackinlay Grohmann

Introducción

En diciembre de 1991, la Cámara de Diputados aprobó una serie de modificaciones a la Constitución que ponen término al reparto agrario y privatizan la propiedad dela tierra de los ejidos y de las comunidades indígenas. El reparto agrario, iniciado a raiz de la Revolución de 1910, tuvo un considerable impacto social puesto que representó, para los campesinos, un medio para acceder a la posesión de la tierra, tanto por la via de la propiedad social como dela privada. Signil'icó, para muchas comunidades indígenas, la restitución de considerables superficies de las que habían sido despojadas a lo largo de su historia.

La Reforma Agraria mexicana, no obstante sus grandes limitaciones, constituyó un importante mecanismo de ascenso social para los habitantes del medio rural. Los resultados preliminares del Censo Agropecuario de 1991 contabilizan un total de 29 951 ejidos y comunidades agrarias, que abarcan una superficie de 102 876 789 hectáreas, donde hay 3 538 948 campesinos titulares de derechos agrarios. Esta superficie representa más de la mitad de la total del país, que es de poco menos de 197 millones de hectáreas. Considerando la superficie ejidal y comunal, 74 436 269 hectáreas están sin parcelar (72%) y 28 440 523 (28%) están parceladas, y es de 5 022 340 (de un total de 3 538 948) el número de ejidatarios o comuneros que cuentan con una parcela individual (INEGI,1992,p.79).

Si bien las cifras arriba citadas parecen bastante impresionantes, la superficie cultivable de los ejidos y comunidades es reducida. Los resultados preliminares del Censo de 1991 no proporcionan este dato. Según la Encuesta Ahcíonal Agropecuaria Ejidal de 1988, sólo el 21 .4% de la superficie ejidal y comunal es de uso agrícola; el 17.3% está ocupada por bosques y selvas; el 57% por pastos naturales, agostadero o superficie enmontada; y el 4.3% restante tiene “Otro uso” (construcciones, pedregales, aguas, arenales, etc.) (ENAE, 1988, p.18). La escasa proporción de suelos cultivables y las reducidas unidades de dotación determinan que la mayor parte de los ejidatarios recurran a la producción para la subsistencia, lo cual les impide insertarse favorablemente en una economía de mercado.

Definida en la Constitución de 1917 como un proceso que no serestringía a la entrega de la tierra, sino necesariamente unido a la promoción del desarrollo rural y a la elevación de los niveles de vida y bienestar social de los campesinos, la reforma agraria no arrojó, después de 75 años de duración, los resultados esperados. La distribución de tierras poco aptas para el cultivo, aunada al deficiente papel del Estado en el fomento y la conducción del desarrollo agropecuario, contribuyó al estallido de la crisis rural a finales de la década de los sesenta. inicialmente a nivel de la economía campesina -integrada por pequeños propietarios minifundistas, ejidatarios y comuneros-,1 dicha crisis convirtió a México en un importador neto de granos básicos y empezó a abarcar, desde los ochentas, a considerables grupos de empresarios agrícolas y ganaderos dedicados a la producción de cultivos básicos y algunos productos comerciales.

En la óptica gubernamental, para hacer frente a la crisis resultaba necesario realizar un “ajuste estructural", consistente en recortar elEs necesario aclarar que las categorias de "sector social/sector privado" y “economía campesina/agricultura empresarial“ son diferentes. Las primeras se refieren al régimen de propiedad y las segundas al tipo de economia y su lógica productiva. El régimen de propiedad será analizado con detalle en el presente trabajo. Cuando hablamos de economía campesina nos referimos a aquellos productores que tienen como móvil principal la reproducción de la economía familiar. Al no poder desempeñarse económicamente bajo criterios de rentabilidad capitalista, deben recurrir a la economía de subsistencia, sin retirarse de la actividad, generalmente por falta de alternativas. En un análisis de los censos agropecuarios de 1970 se calculaba que el 86.6% de los“productores agrícolas eran campesinos, el 18% empresarios y el 11.6% productores rmmictonalac, oscilando entre ambas categorías. Considerando el tipo de tenencia, estas proporciones eran, para el sector privado. 86.9%, 0.9% y 12.2% y. para el social. 85.9%, 10.3%y 3.8% respectivamente (CEPAL 1982, p.114). Desafortunadamente no existen estadísticas para poder evaluar cómo se ha modificado la situación desde entonces, ya que los Censos de 1980 resultaron sumamente defectuosos y los resultados definitivos de los Censos Agropecuarios realizados en 1991 aún no han aparecido.

gasto público e impulsar la privatización de la economía, la apertura comercial y la desregulación económica. Esta e5trategia “neoliberal”, que empezó a implementarse durante el pasado periodo presidencial (1982-1988), ha sido mucho más enérgica desde el arranque de la presente administración (1988-1994). En el sector agropecuario, entre otras medidas, se ha llevado a cabo una inusitada racionalización de los sistemas de crédito, aseguramiento y financiamiento agropecuarios; el desmantelamiento de la infraestructura estatal reguladora del comercio y del abasto; la eliminación de la mayor parte de los subsidios y precios de garantía; y, por último, la desincorporación de las empresas paraestatales dedicadas a la producción de fertilizantes, semilla mejorada, y otros productos e insumos. El carácter restrictivo de la nueva política de fomento, combinado con altos niveles de apertura comercial, aun antes de haberse concretado el Tratado de Libre Comercio (TLC), ha impactado a los productores rurales de manera tal que es posible afirmar que se presenta, a inicios de los noventa, una crisis económica sin precedentes en el medio rural desde los años treinta.

Esta política, instrumentada durante la primera mitad del sexenio, se desarrolló sin que se registrasen mayores cambios a nivel legislativo. En 1992 se pasó a una segunda fase de la reforma neoliberal en el campo, consistente en modificar las relaciones de propiedad de… la tierra y las modalidades de adquisición y aprovechamiento delos recursos naturales. Una vez publicadas en el Diario Oficial las reformas al artículo 27 de la Constitución (enero) y la nueva Ley Agraria (febrero), se procedió a una readecuación del conjunto de legislación concerniente al campo con la expedición, entre junio y diciembre del mismo año, de nuevas leyes de pesca, minera, de aguas nacionales y forestal. Falta promulgar algunas leyes importantes que sustituirán a otras que ya fueron derogadas, como las relativas al crédito y al seguro agropecuario, además de diversos reglamentos y disposiciones complementarias. Se trata de una reordenación integral del marco jurídico regulador de los recursos naturales que prevalecerá en los próximos años, basado en el traspaso a la iniciativa privada de una multitud de funciones anteriormente reservadas al Estado.

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