Los Indigenas En Bolivia Durante El Siglo XIX

1. EL CONFLICTO POR LA TIERRA Y EL NACIMIENTO DE LOS APODERADOS INDÍGENAS

El uso de la justicia fue uno de los medios de resistencia más utilizados por las comunidades durante el periodo colonial junto con la fuga, la resistencia pasiva y la conjura armada. Es en estas practicas legales que se encuentra el origen de los que en el siglo XIX se titulan como «apoderados». Es decir, existió una tradición colonial muy fuerte de lucha legal como un medio estratégico para lograr sus reivindicaciones. Abolidas por la nueva República las figuras del cacique o kuraka y del Protector de Indios, los ocupantes de los cargos menores de las comunidades fueron vistos como las nuevas autoridades legitimas ante los ojos de los ayllus. Siendo desconocidos como posibles interlocutores, la comunidad se queda huerfana. En su lugar, el nuevo sistema juridico liberal instituyo la representación individual ante la ley negando la representacion colectiva. La ley de la costumbre enraizada en la mentalidad indigena desde el inicio de la colonia, entra en contradicción con las leyes liberales del nuevo Estado que les exige el nombramiento de ≪apoderados≫. De esta forma, se dispuso que ningun tribunal de la Republica debía admitir peticiones a nombre de las comunidades originarias puesto que ≪los indigenas podian demandar y pedir lo que les convenga≫ de modo particular siendo atendidos sus intereses comunes por medio de un apoderado8. El resultado fue la aparicion de esta figura legal que para el Estado era reconocida por la ley y los codigos, y que en el imaginario de los indigenas suplanto el papel mediador de los antiguos Kurakas, aunque con otras caracteristicas .Que papel les toco jugar a estos nuevos representantes de las comunidades? .Cuales fueron los nuevos problemas que aquejaron a los indigenas dentro del nuevo marco republicano? El problema de fondo que va a socavar el funcionamiento de las comunidades y que requirio de la actuacion de los apoderados fue la cuestión de la tierra. La mision encomendada a estos se concentro en la lucha legal por el mantenimiento de sus status corporativo a partir de las bases territoriales heredadas de la colonia. Por ello, para entender su actuacion, es necesario referirse al problema agrario y a la paulatina expansion de la hacienda, especialmente desde mediados del siglo XIX.

Basados en ideas de corte liberal y con la intencion de hacer participes a los indigenas de la vida politica nacional como ciudadanos-propietarios, Simon Bolivar (1825) intenta romper con la integridad de la comunidad indigena estableciendo la propiedad individualizada de la tierra a partir del decreto de Trujillo expedido en 8 de diciembre de 1825 en el que abolio la propiedad comunal. Sin embargo, por diversos motivos, las medidas bolivarianas quedaron en suspenso.

Mas tarde, el gobierno de Antonio Jose de Sucre (1826-1827) trato de implementar un nuevo sistema tributario instruyendo la conformacion de nuevas listas de contribuyentes incluidos los indios como una forma de universalizar los impuestos y dejar de lado el cobro del tributo indigena visto como una rémora del régimen colonial. El proyecto quedó suspendido debido a la oposición de gran parte de la población y a la incapacidad del gobierno de llevarlo a cabo.

Es en estas circunstancias que aparecen los primeros apoderados. Estos surgieron desde el inicio de las nuevas disposiciones lo que muestra la rapidez de su reacción frente al embate de las nuevas leyes. A pesar de que no faltaron los conflictos, durante el primer periodo republicano (1825-1866) las comunidades se mantuvieron vitales y su población aumentó siendo el Estado el principal beneficiado gracias a la contribución indigenal (tributo).

La relativa pax-comunal entra en crisis a partir de la década de 1860 con el ataque inescrupuloso de personajes como el presidente Mariano Melgarejo (1864-1871). Con el fin de disminuir el déficit fiscal, Melgarejo emprende la primera gran envestida contra la propiedad comunal bajo la legalidad que supuestamente le otorgaba una ley promulgada por el presidente Ballivián en 1842 que declara a los indígenas como meros «enfiteutas» —es decir— una especie de «inquilinos» en tierras del Estado. Por decreto de 20 de marzo de 1866 se establece que el indígena que dentro del término de 60 días, después de notificado, no recabe su titulo de propiedad abonando la suma de 25 a 100 pesos quedaba privado de la propiedad sobre su fundo rústico pudiendo el gobierno subastar las tierras.

Melgarejo no actuó sólo. Detrás de la emergencia por conseguir fondos para el Estado existió una renovada visión con respecto a las tierras de comunidad que respondía a la nueva situación económica del país con el resurgimiento de la minería de la plata y la menor dependencia estatal de la contribución indigenal. El gobierno de Melgarejo estuvo lejos de alcanzar sus objetivos fiscales pero logro erosionar las relaciones entre el Estado y las comunidades. Muchas de las zonas altiplánicas, especialmente en el departamento de La Paz, fueron afectadas por las compras que de manera legal o fraudulenta hicieron los miembros de su círculo de allegados que convirtieron grandes extensiones de tierras en haciendas.

En las áreas cercanas al lago Titicaca, a pesar de la resistencia de los comunarios, se remataron comunidades enteras, muchas de las cuales se anexaron a las haciendas ya existentes.

En este contexto, los apoderados actuaron con rapidez dirigiéndose nuevamente a las autoridades por los medios legales. Por ejemplo, se encuentra el caso de los comunarios de Achocalla. Estos lamentaron el decreto expedido manifestando su disconformidad:

«Que mis representados han visto con mucho dolor y sentimiento el decreto expedido por V.E. en el que ordena la venta de los terrenos de comunidad más para conseguir la suspensión de este mandato han instruido mis ponderantes que toque todos los medios posibles para lograr el fin que se han propuesto (...) los indígenas del cantón Achocalla han poseído y poseen los terrenos de comunidad a consecuencia de grande sacrificios y a costa de grandes erogaciones(....)»13

Para defender sus tierras, los apoderados sacaron a relucir sus títulos coloniales resaltando la importancia de la prestación de sus servicios al Estado y el pago del tributo al mismo. El 10 de agosto de 1868 los representantes de varias comunidades de los ayllus de San Pedro, en las cercanías de la ciudad de La Paz, presentaron una petición al «Excelentísimo Señor Presidente de la República General Mariano Melgarejo». En esta alegan que si se los convierte en peones de hacienda el Estado no contaría con este valioso beneficio:

«Los comunarios de San Pedro a cuyo nombre hablamos prestan servicios importantes por su calidad de comunarios y que si llegaran a ser colonos de propiedad particular, el gobierno

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