ACCESO A LA JUSTICIA INDÍGENA

ACCESO DE LOS INDÍGENAS A LA JUSTICIA

Considerando que la mayoría de los países de la región cuenta con población indígena que forma parte de los grupos vulnerables,

Considerando que el Estado al impartir justicia no puede ignorar la realidad cultural de la población y menos soslayar el reconocimiento y la protección de las comunidades indígenas,

Aprobamos las siguientes:

DECLARACIONES

PRIMERA

Reafirmamos que el acceso a la justicia es un derecho fundamental de todas las personas y una garantía instrumental esencial para obtener una justicia pronta y efectiva.

SEGUNDA

El acceso a la justicia implica la existencia de una gama de instrumentos jurídicos, administrativos y culturales, así como de una organización político institucional que brinde diversidad de opciones para hacer efectivos los derechos de todas las personas.

TERCERA

El acceso a la justicia se realiza por medio de órganos jurisdiccionales y de otros medios alternativos de resolución de conflictos.

CUARTA

El reconocimiento y respeto a la población indígena, su cultura, organización social, usos y costumbres deben concretarse en la solución de sus conflictos por medio de sus formas tradicionales.

Al acceder a los servicios jurisdiccionales se tomarán en cuenta sus usos, costumbres, tradiciones orales y valores, teniendo como límite el respeto a las normas y principios constitucionales y el acatamiento de los tratados y convenios sobre los derechos humanos internacionalmente reconocidos por cada Estado e incorporados a su legislación conforme a su derecho interno.

Para lograr el cumplimiento de las anteriores Declaraciones, manifestamos nuestra voluntad de llevar a cabo las siguientes:

ACCIONES

1. Evitar la discriminación cultural a través de propuestas e iniciativas normativas, a fin de que se respete el hecho de tener idiomas, costumbres y cultura propios.

2. Emprender un programa de acciones positivas destinado a lograr la igualdad de los indígenas ante la justicia estatal, con fundamento en las siguientes acciones específicas:

a) Velar por la plena vigencia de las garantías contenidas en el debido proceso.

b) Concretar la posibilidad de usar su propio idioma ante la administración de justicia en todas las ramas.

c) Adoptar un sistema que garantice la formación, acreditación y contratación de intérpretes.

d) Incrementar los esfuerzos para promover el uso de idiomas indígenas por parte de estímulos en la contratación y capacitación de jueces, mediadores y funcionarios judiciales hablantes de idiomas indígenas, y el desarrollo de una política de destinos que lleve a los funcionarios a lugares donde su conocimiento de los idiomas sea un factor que facilite la coordinación de que trata el párrafo anterior.

3. Fomentar el recurso del peritaje cultural o estudio socioantropológico, como un instrumento idóneo para involucrar elementos que mejoren la valoración cultural de los procesados.

4. Desarrollar programas permanentes para la capacitación y sensibilización de jueces, mediadores y funcionarios judiciales sobre las culturas indígenas y el derecho indígena.

5. Fomentar que los órganos encargados de la carrera judicial incluyan en el manual y en la escala de evaluación de rendimiento de los jueces y magistrados que proceda aquellos aspectos relacionados con el derecho de los pueblos indígenas.

5. Propiciar el desarrollo de mecanismos de coordinación entre el derecho oficial y el sistema normativo practicado por las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas.

6. Fomentar investigaciones socio-jurídicas que den cuenta de las normas, procedimientos y autoridades de los pueblos indígenas en cada país.

7. Elaborar guías o manuales que faciliten y promuevan la aplicación de la legislación que insta al respeto del derecho indígena.

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