Argentina Y El Golpe Del 76

1. El golpe de Estado que dió lugar al llamado proceso de reorganización nacional fu el 24 de marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón (peronista), hasta el 10 de diciembre de 1983, día de asunción del gobierno elegido mediante sufragio de Raúl Alfonsín (radical).

La situación financiera, económica, social y política previa al golpe militar del 24 de marzo de 1976, era realmente deplorable. Todos los días había cadáveres en la calle fruto del enfrentamiento entre la Triple A y las organizaciones subversivas.

Existía un vacío de poder que no pudo manejar la ex presidente María Estela Martínez de Perón -alias Isabelita- y sus colaboradores. Había una inflación inmanejable por los ministros de economía de le época y existía un relajamiento social, total, fruto del descontento y de la incertidumbre.

La presidencia de Martínez de Perón se desarrolló en el marco internacional de la llamada crisis del petróleo y de una extrema violencia política interna, con actuación de varios grupos armados.

Dejando de lado la política de acercamiento entre Perón y el líder de la oposición, el radical Ricardo Balbín, Isabelita se apoyó principalmente en su ministro de Bienestar Social, el ex secretario personal de Perón, José López Rega, conocido como Daniel por sus allegados y el Brujo por sus adversarios políticos. López Rega ejerció una importante influencia sobre Martínez, fortaleciendo la presencia en el gobierno de los sectores de derecha por sobre otros grupos, y organizó desde el gobierno una fuerza parapolicial conocida como Alianza Anticomunista Argentina o Triple A que emprendió acciones de hostigamiento a figuras destacadas de la izquierda que acabarían en secuestros, torturas y asesinatos.

Desde el gobierno procuró mantener el control político con intervenciones a varias provincias con gobernadores disidentes, universidades, sindicatos, los canales de televisión privados, y reforzando la censura contra libros,4 diarios y revistas. El gobierno exhibió una marcada inoperancia administrativa en distintas áreas.

María Estela Martínez de Perón anuncia medidas económicas, aumento de salarios, llamado a paritarias y control estricto de precios. Cadena Nacional 1975.

La economía argentina sufrió daños graves, con una inflación galopante, la paralización de las inversiones de capital, la suspensión de las exportaciones de carne a Europa y el inicio del crecimiento incontrolable de la deuda externa. Una solución de corte monetarista intentada por el ministro Alfredo Gómez Morales, un histórico del peronismo, no tuvo éxito, y provocó una fuerte retracción de la liquidez, iniciando un complicado proceso de estanflación. La suspensión de las compras de carne argentina por el Mercado Común Europeo empeoró la situación.

En junio de 1975, el nuevo ministro de Economía, Celestino Rodrigo, auspiciado por López Rega, aplicó una violenta devaluación de la moneda acompañada de aumentos de tarifas; el llamado Rodrigazo, parte del plan de López Rega para debilitar las presiones sindicales a través del desprestigio de sus principales operadores, provocó la primera huelga general contra un gobierno peronista. En julio de 1975, ante la huelga general y la presión callejera de la CGT y, en especial de la Unión Obrera Metalúrgica de Lorenzo Miguel, López Rega se vio obligado a renunciar a su cargo en el gobierno y abandonar el país.

Ante la creciente actividad de los grupos armados de izquierda —tanto los que actuaban dentro del peronismo, los Montoneros, como otros de corte marxista, el Ejército Revolucionario del Pueblo— y de extrema derecha, Martínez de Perón decidió fortalecer la acción de gobierno. La renovación de la cúpula militar, que incluyó entre otras medidas la designación de Jorge Rafael Videla al frente del ejército, fue parte de un programa de endurecimiento del control, que incluyó también el cierre de publicaciones opositoras.

Como los ataques terroristas iban en aumento y la sociedad era castigada con cotidianos secuestros, asesinatos y atentados contra civiles y militares, la presidenta Martínez de Perón organizó el Operativo Independencia, para lo cual dictó el primer decreto de aniquilamiento el 5 de febrero de 1975. Este decreto obligó a las fuerzas armadas a intervenir y "aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actuaban en la Provincia de Tucumán". La acción bélica fue cumplida tanto por el Ejército Argentino como por la Fuerza Aérea Argentina en la localidad de Monteros y de Famailla, para aniquilar a la Compañía Ramón Rosa Jiménez del ERP, y a los guerrilleros Montoneros, que intentaron un "foco revolucionario" en el monte tucumano.5 El dictado de este decreto de aniquilamiento de la subversión inició el Terrorismo de Estado.

Al agravarse la crisis política y económica, en setiembre de 1975 Martínez de Perón pidió licencia del cargo por razones de salud; sus funciones fueron ejercidas por el presidente provisional del Senado, Ítalo Lúder, entre el 13 de septiembre y el 16 de octubre de 1975. En un momento de especial tensión, amenazó en un discurso pronunciado desde el balcón de la Casa Rosada con convertirse en la mujer del látigo.

2. El gobierno resultante de este golpe fue el de la Junta Militar integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti (de facto)

El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas:

1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti

1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Omar Domingo Rubens Graffigna

1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo

1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco y Augusto Jorge Hughes

En cada una de estas etapas, las juntas designaron como «presidentes» de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. Bignone, fue el único "presidente" que no perteneció a la junta.

4. El objetivo de las Fuerzas Armadas era restablecer el orden y la tranquilidad. Para lograr esto se le recomendaba a la gente del pueblo abstenerse a la realización de reuniones en la vía pública y divulgar noticias alarmistas, ya que los que lo hicieran serían detenidos por la autoridad. También, la junta de comandantes generales dictó que quien difundiese comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o a grupos dedicados a actividades terroristas, sería reprimido con reclusión de hasta diez años. Otro de los objetivos era el proceso de reorganizacion nacional; Restituir los valores

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