Bolivia: El proceso de Democratización a través de su historia

Bolivia:  El proceso de Democratización a través de su historia

Introducción

En el año 2022, Bolivia cumple 40 años de historia democrática que inició en el año 1982, con la caída de la dictadura militar establecida por el General Celso Torrellio Villa, y que marca el inicio a la transición de un régimen democrático, que suponía grandes desafíos, reformas y cambios significativos.

En la actualidad, el triunfo del candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), en las elecciones celebradas el 18 de Octubre del 2020, con una asistencia masiva de casi 80% de la población votante, luego de las elecciones fallidas en el 2019, puso fin a los 14 años de Gobierno del Presidente Evo Morales, cuya elección fue anulada luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) publicara un Informe de Auditoría en el que se reflejaron “operaciones dolosas”, lo que conllevó a una protesta liderada por jóvenes bolivianos denominada “revolución de los pititas”, ocasionando su renuncia e instaurando a la senadora Jeanine Añez como presidenta interina, caracterizada por una gestión netamente corrupta. Esto evidenció una crisis social y política que venia arrastrando el país, así como el debilitamiento político que dejo en tela de juicio la solidez y la estabilidad de las instituciones garantes de la justicia y los derechos de los ciudadanos.

Sin embargo, para poder definir la situación política y social en la democracia boliviana actual, debemos profundizar en los procesos históricos anteriores y la participación de los diversos actores en la última década.

Desarrollo

En los últimos años, la democracia en Bolivia se ha convertido en una constante disputa que nos lleva principalmente a los eventos en el año 2006, con la elección de un dirigente indígena a la presidencia como lo fue Evo Morales, con un respaldo de la mayoría de los votos que apuntaba a un gobierno de “cambios sociales”, en su mandato, Morales apeló a un Asamblea Constituyente dando lugar a una nueva Constitución, formando los órganos del poder (ejecutivo, legislativo, electoral y judicial), los jueces de los tribunales eran electos popularmente.

Durante ese período, se destacaron diversos avances en lo político, con el régimen de autonomías a nivel subnacional, que buscaba una cierta descentralización política mediante gobiernos departamentales, indígenas y municipales, contrario a la cultura centralista impartida por gobiernos anteriores.

En el año 2009 se instauró el primer gabinete ministerial con paridad de sexos. Durante el año 2010 Morales derogaba el decreto 748 que promulgaba el aumento de la gasolina y diesel en un 83% más de su precio inicial, lo que provocó un desacuerdo en la población y terminó en protestas. En el año 2011 se anunciaba la construcción de una carretera que atravesaría Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure, TIPNIS, en la Amazonia, nuevamente ante el descontento de los pueblos indígenas y activistas se realizaron marchas para frenar la obra y exigir una consulta previa a su diseño.

En ambos periodos de gobierno, la brecha entre los sectores populares y el gobierno se fue acentuando cada vez más, la falta de confianza en las instituciones gubernamentales se vivió cuando se realizó el referéndum en el año 2016 en la que se consulta al pueblo sobre la reelección continua del presidente en curso, el “No” ganó con un 51,30% de los votos mientras que el “Si” obtuvo el 48,70% restante, esta decisión no fue acatada por Morales quien era presidente en esa fecha, y amparado por la Convección Americana de Derechos Humanos, interpretando como una “reelección indefinida”, violó las normas constitucionales y la participación ciudadana en elecciones libres y democráticas y que conllevó a la renuncia del presidente en el año 2019.

Ante este escenario, Orias R. (2021) afirma “El impacto de la crisis política de 2019 sobre la institucionalidad democrática ha sido de tal intensidad, que ha sacudido algunos de los cimientos esenciales en los que se asentaba el régimen electoral boliviano, como: cómputos definitivos e irrevisables y aceptados por todos los competidores, la estabilidad en el cargo de las autoridades electorales y el principio de preclusión, por el que la actividades cumplidas ya no pueden ser revisadas ni repetidas; pero que excepcionalmente se tuvieron que adaptar a los difíciles retos de la realidad política y sanitaria, con el fin de volver a la normalidad constitucional. Los consensos políticos sobrevinieron con el fin de reencauzar el proceso electoral”.

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