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ANTECEDENTES LEGISLATIVOS EN EL ÁMBITO NACIONAL

Los primeros antecedentes en esta materia son de carácter impositivo. El Dto. 6755/43 contempló el principio de realidad económica y societaria para evitar la evasión del impuesto a la transmisión gratuita de bienes a través de la constitución de sociedades.

También la ley impositiva 11.683 introdujo el criterio de realidad económica en materia fiscal.

En el ámbito laboral, el principio de la penetración aparece establecido en materia antifraude a través de la ley 16.593 cuyo artículo segundo dice que el contrato por el cual una sociedad se obligue a la prestación de servicios o tareas típicas de una relación de trabajo por parte de sus integrantes, a favor de un tercero, en forma permanente y exclusiva, será considerado contrato de trabajo por equipo y cada uno de sus integrantes, trabajador dependiente del tercero a quien hubiere prestado efectivamente los mismos.

Finalmente llegamos a la consagración legislativa de la teoría de la desestimación de la personalidad jurídica. La ley 22.903 agregó un tercer párrafo al artículo 54 de la LSC que dice: "La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados".

Julio Otaegui señala que con anterioridad a la reforma, la doctrina de la desestimación de la personalidad en sentido amplio fue admitida en nuestro medio para la tutela tanto de intereses privados como del interés público, fundándose en los principios de la simulación ilícita, del abuso del derecho, la doctrina fiscal del conjunto económico, etc.

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