Crisis de 1929 Análisis político

Crisis de 1929

Análisis político

Una democracia social consolidada requiere mejorar la calidad de la política y desarrollar instituciones abiertas y cercanas a la ciudadanía. Su funcionamiento necesita de actores sociopolíticos capaces de representar la diversidad de intereses de toda la sociedad. En este sentido, la Fundación Friedrich Ebert en México ofrece plataformas de diálogo, talleres para el fortalecimiento de las capacidades públicas de actores progresistas, asesoría institucional, consultorías y análisis político. Análisis Político responde a una necesidad de observar lo que sucede en la política nacional de México y su relación con la economía, la sociedad y las relaciones internacionales. Tiene el objetivo de contribuir a las fuerzas sociopolíticas progresistas en su tarea de desarrollar estrategias y políticas sobre temas relevantes para la sociedad mexicana a través de recomendaciones para la acción y los escenarios posibles. Las opiniones vertidas en los documentos que se presentan, las cuales no han sido sometidas a revisión editorial, así como los análisis y las interpretaciones que en ellos se contienen, son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no coincidir con las opiniones y puntos de vista de la Fundación Friedrich Ebert. 4 análisis político claudia maldonado trujillo 5 La catástrofe financiera de 2008 puso en tela de juicio los cimientos del sistema eco - nómico global en dimensiones quizá sólo comparables a la Gran Depresión (1929). El colapso de la burbuja financiera del boom crediticio y las complejas -e irresponsablesprácticas de actores clave en el sistema financiero global generaron la recesión más profunda y generalizada de la posguerra. Su resultado directo fue la mayor contrac - ción del producto global desde 1945 (2.2% en 2009) y una crisis de confianza sin pre - cedentes. Más allá de la retórica en torno a los peligros y bondades de la globalización, la crisis puso en evidencia la enorme fragi - lidad de las economías nacionales frente a la volatilidad de los mercados de capitales y la necesidad imperiosa de replantear, a nivel global, las reglas del juego del capita - lismo avanzado. Aunque todo parece indicar que lo peor de la recesión ha pasado, existe menos certeza en torno a sus efectos de largo plazo. Algu - nos expertos señalan que tomará al menos diez años retomar el ritmo de crecimiento global. En 2011, bajo un escenario opti - mista, se proyecta que la demanda agre - gada estará todavía 5 puntos porcentuales por debajo del potencial productivo de la economía. 1 De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, la economía global crecerá 3.9% en 2010 (efecto rebote) y 4.4% entre 2011 y 2014. 2 A diferencia de choques económicos ante - riores, los efectos de la crisis se difundie - ron vertiginosamente sin importar el buen manejo macroeconómico o la ausencia de participación directa en las conductas de alto riesgo que la provocaron. A pesar de Los impactos sociales de la crisis económica en México Claudia Maldonado Trujillo Claudia Maldonado Trujillo es profesora-investigadora de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 1. Banco Mundial. Global Economic Prospect 2010. 2. Sánchez. 6 análisis político claudia maldonado trujillo 7 la notable variación en la magnitud de los daños reportados, tampoco importó demasiado el grado de desarrollo, la estructura y política económicas, el sistema político y el grado de inserción al sistema internacional de comercio de distintos países. Por esta razón, la arquitectura básica de las instituciones financieras internacionales deberá ser repensada y reformada para articular respuestas globales a problemas de igual índole en materia de regulación bancaria y financiera, apertura comercial, protección social y medio ambiente, por mencionar algunas. El reto de esta generación será, sin duda, encontrar mecanismos eficaces para diversificar y socializar el riesgo del mundo globalizado y proteger con ello el futuro de la democracia y del desarrollo humano en un contexto económico tan adverso. En 2009, América Latina experimentó una caída promedio de 2.6% del PIB (3.8% del PIB per cápita) como resultado de: la caída de las exportaciones (11.2%), contracción de la demanda interna (15.8%); un decremento de 13.6% en la inversión; la caída del precio del petróleo (26%) y de los ingresos del sector turismo (6.7%), la ausencia y encarecimiento del crédito, fuga de capitales y reducción del flujo de las remesas (10.8%).3 Los efectos sociales para la región, que apenas empezaba a recuperarse de las recurrentes debacles económicas que ha sufrido desde la crisis de la deuda de 1982, son realmente alarmantes. La desigualdad en el ingreso y la persistencia de muy altos niveles de pobreza, aunados a la fragilidad y débil legitimidad de los gobiernos democráticos, plantean desafíos enormes para una dependencia extrema del ciclo econó- mico estadounidense (0.9 de correlación en la producción industrial de ambos países y 80% de las exportaciones mexicanas destinada a ese mercado) y los múltiples canales de transmisión de la crisis a la economía mexicana explican, en parte, la magnitud de las consecuencias para México. A diferencia de otros países de la región, México no ha logrado diversificar sus relaciones comerciales ni pudo articular una respuesta contracíclica efectiva por el estado de las finanzas públicas y señales preocupantes de ineficacia gubernamental. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) registra un aumento dramático en la tasa de desempleo de 4.9% en 2008 a 6.8% a nivel nacional, con un aumento desproporcionado en el segmento joven de la población urbana desocupada (7.6% en personas de 15 a 34 años). A pesar de que el Banco de México ha realizado esfuerzos importantes para controlar la inflación, el incremento en la canasta básica durante 2008 fue de 8.3%, mientras el aumento al salario mínimo para 2009 fue de 4.6%, lo que implica una caída evidente del poder adquisitivo de los salarios aún antes del efecto adicional del aumento de precios en alimentos, gasolina, electricidad y transporte y los aumentos a los impuestos previstos para 2010.5 En México, el salario mínimo real de 2009 fue similar al de 2003.6 De acuerdo con la OCDE, el costo inmediato de la crisis ascendió a 11% del PIB, lo que implica que la pobreza podría aumentar 7 puntos porcentuales y revertir súbitamente la modesta reducción de la desigualdad de la región aún después de casi tres décadas de esfuerzos sostenidos para replantear el modelo de desarrollo. En ese marco, la situación de México es quizá la más precaria. Los efectos negativos del ambiente económico de los últimos años rebasan por mucho los promedios regionales. El país atravesó, ante la mirada pasiva y la negación de la gravedad de los acontecimientos --“que vinieron de fuera”-- por parte del Gobierno Federal, por lo que podría caracterizarse como la tormenta perfecta. Además de la crisis financiera, México ha debido enfrentar una caída en la producción y los precios del petróleo de los que depende cerca de 30% de los ingresos fiscales; los efectos de la crisis alimentaria como importadores netos de granos básicos; la emergencia de la epidemia de influenza AH1N1; la proliferación de la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado y la adopción de una onerosa --y hasta ahora fallida-- estrategia de seguridad pública y combate al narcotráfico, en el marco de una fuerte crisis de legitimidad de las instituciones representativas y serios problemas de gobernabilidad e ineficacia gubernamental. Todo esto, en un contexto de polarización social y descontento ciudadano creciente. Más allá de las percepciones catastróficas -compartidas por una buena parte de la opinión pública- los datos son más que ilustrativos: México fue el país latinoamericano más afectado por la(s) crisis, con un decremento superior al 7% del PIB en 2009,4 con una caída aproximada de 10% en el PIB per cápita. La combinación de años anteriores. En lo que se refiere a la evolución de la pobreza y la desigualdad en México, cabe señalar que los datos disponibles subestiman la magnitud real del impacto, por el momento en que se realizaron las mediciones. La medición multidimensional de la pobreza realizada por CONEVAL, con datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2008 arroja cifras preocupantes: 47.2 millones de mexicanos (44.2% de la población) se encuentran en condiciones de pobreza multidimensional y presentan al menos una carencia social7 y cuentan con un ingreso insuficiente para la satisfacción de sus necesidades. De este total, 36 millones (33.7% de la población) se encuentran en pobreza moderada y 10.5% de la población en pobreza extrema. Es decir, que 11.2 millones de personas presentan tres o más carencias sociales y cuentan con un ingreso insuficiente para cubrir sus necesidades de alimentación. 77.2% de la población nacional tiene al menos una carencia social y 30.7% al menos tres carencias sociales (21.7% sufre rezago educativo, 40.7% no tiene acceso a los servicios de salud, 64.7% no cuenta con seguridad social, 17.5 tiene carencias de calidad y espacios de la vivienda, 18.9% carencias por servicios básicos en la vivienda y 21.6% de alimentación.) Los datos también revelan la desigualdad de oportunidades para el desarrollo que caracteriza el territorio nacional y el desequilibrio territorial de nuestra estructura económica. Los incidencia de la pobreza oscila entre el 76.7% de la población en el caso de Chiapas y 21.2% en Baja California Sur. 3. Fuentes: UNDP (2009), “Farewell to 2009: Impacts of the global crisis in Latin America and the Caribbean” y Banco Mundial (2010), LAC Regional Economic Prospects. 4. Liliana Rojas. 5. Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Banco de México. 6. Reyna Vergara y Miguel Ángel Díaz Carreño, “Inflación y Poder Adquisitivo en México 2009”, Revista Trimestral de Análisis de Coyuntura Económica, octubre-diciembre 2009. 7. Las carencias sociales consideradas para esta medición son: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. 8 análisis político claudia maldonado trujillo 9 Igualmente, es posible identificar la concentración de la pobreza multidimensional en la población indígena (75.7%; 39.2% en pobreza extrema). Como consecuencia de la disparidad regional preexistente, la crisis financiera tuvo un efecto directo concentrado en la región norte del país por la vía del choque a la industria manufacturera, y un fuerte impacto indirecto, derivado de la caída en los ingresos, el empleo y las remesas en el sur del país. Por ambas vías, la pérdida de ingreso se concentró principalmente en quienes menos tienen (Ver Tabla 1). El índice Gini reportado por CONEVAL es de 0.506 para 2008. De acuerdo con la CEPAL, la desigualdad en el ingreso aumentó de 0.506 a 0.515 entre 2006 y 2008.8 Si se analiza la distribución del ingreso por deciles, la participación del decil más pobre en el producto nacional pasó de 2 a 1.9% entre 2002 y 2008, en contraste con el aumento de la participación del quintil más rico de 38.3 a 40.2% para el mismo periodo. Igualmente, de acuerdo al índice de feminidad de la pobreza --estimado por la CEPAL-- aumentó la carga desproporcionada del choque económico entre las mujeres mexicanas. En virtud de que estos datos capturan el panorama social de México antes de que el impacto profundo de la crisis de desencadenara, es previsible que la situación real de los hogares mexicanos sea aún peor en todas estas dimensiones. Si se combina el efecto de caída de las remesas, el aumento en el desempleo y el aumento en el precio de productos básicos previsto para 2010, es muy probable que la incipiente recuperación económica en Estados Unidos y el fin del ciclo recesivo no logren atenuar el golpe dramático de 2009 ni reflejarse en el bienestar de los hogares mexicanos en los próximos años. Igualmente, el crecimiento del sector informal de la economía (estimado en 30% del PIB en 2008), abona al círculo vicioso de baja productividad, desprotección social y fuertes presiones sobre la finanzas públicas en al menos dos sentidos: en primer lugar, la reducción de la recaudación potencial y el aumento simultáneo de la demanda presupuestaria para programas sociales para la población abierta; en segundo, y como consecuencia de lo primero, como ha sugerido Santiago Levy, la creación de incentivos adicionales para la informalidad que pueden conducir a un equilibrio perverso de productividad, inversión y crecimiento bajos. Esta combinación de factores estructurales de la economía mexicana pone en riesgo, como nunca antes, cualquier aspiración a la plena vigencia de los derechos sociales en México y el cumplimiento de las Metas del Milenio. En el caso de la población más pobre y vulnerable, la combinación del difícil entorno económico y la ausencia de mecanismos efectivos de protección social --en ausencia de cobertura universal de la seguridad social y una débil capacidad fiscal del Estado mexicano-- implica el riesgo de pérdidas irreversibles en el capital humano de las nuevas generaciones (desnutrición, mortalidad infantil, deserción escolar) y por ende, generar efectos negativos permanentes en el potencial de desarrollo del país. Representan también un grave peligro para la cohesión social y la estabilidad política. En resumen, la crisis económica global tuvo efectos desproporcionados y devastadores en la economía mexicana. Sus implicaciones de largo plazo, en ausencia de un paquete de reformas y políticas públicas contundentes, son de magnitudes catastró- ficas. Podrían implicar una nueva década perdida para el desarrollo, a pesar de los signos iniciales de recuperación macroeconómica en las economías avanzadas, particularmente la de Estados Unidos. En el corto plazo, es muy probable que los signos de recuperación en el norte se comuniquen rápidamente a la economía mexicana a través del sector exportador, la recuperación de los flujos de remesas y el sector turístico. Sin embargo, las debilidades estructurales de nuestro sistema de protección social y el efecto agregado del declive económico, político y social plantean la necesidad de hacer revisiones de fondo en la estrategia económica y la política gubernamental vigentes para revertir el deterioro social y económico del país. La insuficiente respuesta mexicana ante la crisis En primer lugar, es importante reiterar que el reestablecimiento de la confianza y la funcionalidad del sistema financiero internacional requieren una revisión profunda de las reglas del juego del capitalismo avanzado, que distribuyan los riesgos y responsabilidades del desarrollo mundial en forma más equilibrada. Esto implica replantear el papel, los derechos y la responsabilidad de los países menos desarrollados en el proceso de toma de decisiones de las instituciones financieras internacionales, así como la creación de mecanismos de solidaridad internacional y rendición de cuentas que impidan la socialización de pérdidas y la privatización de ganancias que permite el mercado de capitales desregulado y la poca transparencia del sistema vigente. El papel de México, como parte el G-20, brinda la oportunidad --y la obligación-- de articular una política exterior proactiva para avanzar la agenda de los países en desarrollo en la construcción de la arquitectura económica internacional del siglo que comienza. La participación de México, junto con Alemania, en el Grupo de Trabajo 2 del G-20, dedicado a temas de arquitectura financiera internacional compromete al gobierno mexicano a plantear una posición firme y proactiva en torno a este importante tema. Se necesitará por tanto una fuerte presión interna para movilizar una agenda de política exterior más sólida y proactiva en la materia, en vista de la excesiva pasividad del discurso gubernamental en torno al tema. En el ámbito nacional, sin embargo, hay mucho por hacer, ya que la respuesta de política pública en México fue tardía, insuficiente y errática. Mientras la mayoría de los países optó por medidas contracíclicas de emergencia, México adoptó de facto una reforma fiscal regresiva y procíclica, mediante el aumento de la recaudación sin acciones complementarias destinadas a ampliar la base fiscal y frenar la creciente 8. El índice Gini tiene un valor de cero para una distribución perfectamente igualitaria y de 1 para el máximo nivel de desigualdad. 10 análisis político claudia maldonado trujillo 11 informalidad e ilegalidad de la economía mexicana. La precariedad de la respuesta económica ante la crisis se explica en parte por un mal diagnóstico de las implicaciones y magnitud reales de lo sucedido, así como de restricciones fiscales fuertes ante la acumulación de diversos choques negativos para las finanzas públicas. Ante la magnitud del problema, el paquete de estímulo de México fue sumamente modesto, equivalente al 1.8% del PIB (SHCP) y consistió --hasta ahora-- en medidas aisladas débilmente articuladas. El gobierno mexicano cometió un grave error al tratar de negar la naturaleza de la crisis financiera internacional y apostar ciegamente al poder protector de las variables macroeconómicas “fundamentales”. Se llegó al extremo de afirmar que la economía mexicana se encontraba “blindada” por la acumulación de reservas y la disciplina fiscal. Mientras muchas economías construían paquetes agresivos de política pública para atenuar los efectos de la recesión --como Chile y Brasil-- México insistió, hasta niveles insostenibles, en que bastaba con esperar a que pasara la tormenta para que se reestableciera automáticamente el ritmo de crecimiento. El discurso gubernamental, haya sido motivado por una estrategia mediática interna o por un genuino error en el diagnóstico, implicó que se perdiera tiempo muy valioso que limitó la capacidad de reacción gubernamental. Sobre todo, la creciente incongruencia entre las declaraciones de las autoridades económicas y la percepción compartida de los agentes económicos sobre la gravedad de la situación, terminó minando la confianza y la credibilidad de las respuestas gubernamentales. Este reconocimiento muy gradual y tardío de la situación económica real se reflejó naturalmente en una serie de medidas aisladas poco contundentes. En febrero de 2008 se creó del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), presentado como “una de las principales medidas contracíclicas y el más importante brazo ejecutor del desarrollo de la infraestructura en el país” (SHCP)9, seguido del Programa para la Promoción del Crecimiento y el Empleo (PICE) en octubre de ese mismo año y el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar (ANEFE) en enero de 2009. Básicamente, el FONADIN buscaba aumentar, en el marco del Programa Nacional de Infraestructura 2007- 2012, la inversión pública en infraestructura para fortalecer el mercado interno y detonar empleo por un periodo de 5 años. El PICE reiteró el énfasis en la infraestructura, aportando 255.3 mil millones de pesos adicionales para tal fin. Entre otras cosas, la idea central consistió en reorientar el gasto público hacia infraestructura, la construcción de una nueva refinería, fondos adicionales para las pequeñas y medianas empresas y reformas para liberalizar trámites aduanales y bajar aún más las barreras al establecimiento de empresas extranjeras en el país. Como medidas complementarias se amplió el Programa de Empleo Temporal y se aumentó el presupuesto asignado a los programas sociales como Oportunidades y el Seguro Popular. El primero deberá ampliar su cobertura en 600,000 hogares en 2010, y el segundo buscará lograr la cobertura total de la población abierta para 2012. Como respuesta al aumento del desempleo, se presentaron iniciativas para reformar la Ley del IMSS y del INFONAVIT para permitir el acceso anticipado a los fondos de ahorro de los trabajadores que perdieron su empleo (aplicable hasta 2011). Igualmente, se propuso una modificación al mandato del Banco de México para añadir el crecimiento econó- mico como objetivo de política monetaria. El paquete fiscal de 2010 contempla incrementos importantes en el gasto social. Sin embargo, ninguna de las medidas adoptadas tuvo la capacidad de respuesta rápida necesaria para frenar y/o atenuar el deterioro económico. Los programas sociales focalizados, por ejemplo, están diseñados para responder a problemáticas de rezago bien identificadas e identificables, y de naturaleza más o menos estable. Por esta razón no pueden responder ágilmente ante aumentos súbitos en el número de familias pobres. El gasto social, que por su estructura en México tiende a ser regresivo, poco transparente y procíclico, tampoco pudo compensar los efectos de la crisis en las familias mexicanas más vulnerables. La inyección efectiva de recursos para la reactivación del mercado interno está entrampada por la complejidad de las licitaciones, serios problemas de ineficacia en la implementación y porque la capacidad de operación de los programas sociales se encuentra rebasada para la ampliación de cobertura. Como señala Carlos Moreno Brid, de la CEPAL, en ausencia de recursos fiscales adicionales y voluntad política, la eficacia del paquete de acciones contemplado por el gobierno es muy poco probable. El discurso del Ejecutivo Federal parece indicar que nuevamente, se pone en manos de “el fin de la crisis que viene de fuera” el destino del bienestar de los hogares mexicanos. A partir de los pronósticos de recuperación económica en Estados Unidos, el gobierno mexicano proyecta ya una transmisión inmediata a la economía mexicana que restaurará el transcurso normal del crecimiento nacional en los próximos 2 años. Esta lectura, y la poca claridad en torno a las prioridades de política económica interna, son indicativas de la preocupante pobreza de la agenda gubernamental en materia de desarrollo social, protección al empleo y combate a la pobreza y la desigualdad. Los riesgos del presente Es muy posible que lo peor de la crisis, en términos macroeconómicos, haya pasado. Sin embargo, sus efectos en la población vulnerable pueden ser irreversibles. Más allá de la frialdad de las cifras económicas, detrás del deterioro de los indicadores se encuentran auténticas tragedias personales que destruyen nuestro acervo de capital humano, cancelan oportunidades de desarrollo y movilidad social y amenazan seriamente al tejido social básico. Los efectos reales de esta crisis todavía no se han medido, y muchos 9. Informe Semanal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (7-11 de diciembre 2009). 10. “Mexican economy facing the International crisis” (Conferencia sobre la re-regulación de las finanzas globales, Beijing, China, Abril 2009). 12 análisis político claudia maldonado trujillo 13 de sus efectos irreversibles son de difícil estimación. El contexto económico adverso se refleja en indicadores tan cruciales como la mortalidad infantil, la morbilidad y la esperanza de vida, por no hablar del costo social e individual de la incertidumbre económica y la insatisfacción crónica de necesidades básicas para el desarrollo de los individuos Como estrategia de supervivencia, en ausencia de mecanismos eficaces de protección social, los hogares mexicanos de menores ingresos han debido incorporar al empleo informal (de baja remuneración y sin protección legal) a sus miembros en edad escolar; sacrificar necesidades básicas de alimentación y vestido, desatender problemas de salud y enfrentar el colapso de las pocas oportunidades existentes para participar del proceso de desarrollo en México. En el extremo, como reporta un artículo reciente del New York Times, las familias mexicanas se vieron obligadas a enviar remesas a Estados Unidos a sus familiares desempleados, principalmente en el sector de construcción. En el momento más álgido de la crisis, la migración dejó de representar una válvula de escape para las presiones distributivas en México, para aumentarlas precisamente entre los grupos más afectados. El endurecimiento de la política anti-inmigración en Estados Unidos y el dramático aumento del desempleo en los sectores en los que participan trabajadores mexicanos tampoco permitieron que la migración actuara como “estabilizador”. Si tomamos en cuenta las pérdidas de valor del peso respecto al dólar en esos meses y la precariedad económica de estas familias, las implicaciones distributivas son realmente trágicas. Como si fuera poco, los mexicanos han enfrentado la adversidad económica en un entorno de alarmante escalada de la violencia, la impunidad y la inseguridad. De acuerdo a una encuesta de salida de Buendía & Laredo (julio 2009), 33% de los votantes del país consideraba que el país va por mal camino; 56% que la economía mexicana ha empeorado mucho y 64% que la delincuencia ha aumentado. Las referencias anecdóticas de desesperanza y descontento se generalizan en medios impresos y electrónicos, redes sociales, espacios comunitarios y en el sentir general de población. Los grupos ciudadanos se organizan para externar el descontento y plantear alternativas, ante la pasividad de la clase política y discusiones poco serias en torno a reformas político-institucionales de gran envergadura. El peligro de una fuerte crisis de representación y legitimidad, ante la ausencia de respuestas programáticas y responsables en los temas que más preocupan a los mexicanos, es evidente. ¿Qué hacer aquí y ahora? En el corto plazo se debe considerar el contexto político inmediato. Todo indica que el gobierno del Presidente Calderón agotó ya sus márgenes de negociación política para avanzar en la agenda legislativa. La anticipación de estrategias electorales sin propuesta programática está contaminando los debates sustantivos de política pública al grado de la parálisis. De seguir así, es difícil vislumbrar escenarios favorables para las reformas estructurales más apremiantes: 1. reforma fiscal; 2. una auténtica regulación de la competencia que ponga fin a los oligopolios y monopolios que frenan el desarrollo del país; 3. modernización y profesionalización de la administración pública; 4. avance en la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de recursos públicos y 5. un replanteamiento de las estructuras y la estrategia de seguridad pública y Estado de Derecho del país. No obstante, el momento es propicio para avanzar una agenda ciudadana que busque, en lo inmediato, que los recursos presupuestados para fomentar la inversión y ampliar la cobertura de programas sociales no sean desviados de sus objetivos últimos para servir objetivos particulares: _ La depuración de los padrones de beneficiarios de programas públicos poco transparentes como PROCAMPO. _ Fortalecer y respaldar la evaluación de programas sociales para su mejora continua. _ Exigir mayor espacio para la participación y contraloría sociales en el proceso de políticas públicas. En lo que a la esfera gubernamental se refiere, las lecciones de la gestión de la crisis parecen obvias. En primer lugar, es necesario que el Gobierno Federal y las autoridades económicas asuman plenamente la situación del país y la necesidad de replantear la estrategia económica para proteger niveles mínimos de bienestar para los mexicanos. Como mínimo, esto impone el principio hipocrático de “no hacer más daño” con políticas recaudatorias regresivas (como el impuesto a las pensiones), el gasto corriente en la administración pública dedicado a servicios personales y comunicación social y la abierta tolerancia a prácticas poco éticas por parte de funcionarios públicos encargados de la implementación de programas sociales de los que se benefician directamente. En segundo, la obligación de una crítica responsable y franca de la estrechez de la respuesta económica ante la crisis y sus implicaciones para el desarrollo del país. El daño económico está hecho. Debe reconocerse y atenderse. Reconocer el problema es el principio de la solución. Los retos del futuro El desafío de fondo es la construcción de una agenda para el desarrollo con equidad anclada en los derechos sociales, un sistema efectivo de protección social y una estrategia económica que permita diversificar el riesgo nacional ante choques económicos internacionales: aumentar el gastos en salud y educación asegurando la rendición de cuentas y la transparencia, diversificar nuestro portafolio exportador a Europa y 14 análisis político claudia maldonado trujillo 15 América Latina; reducir la dependencia fis - cal de los ingresos petroleros y construir un fondo de estabilización que permita utilizar el ciclo de la demanda de hidrocarburos para apuntalar las finanzas en tiempos de crisis; mejorar las condiciones de inversión en México mediante el fortalecimiento de los derechos de propiedad, tanto como los derechos de los trabajadores de los secto - res formal e informal. En este sentido, es importante no caer en la trampa de la reforma laboral entendida como un repliegue de los derechos labo - rales en México. Al contrario, la reforma laboral que el país necesita tiene que es - tar acompañada de la universalización de la seguridad social y la protección laboral, con el objetivo de dar fin al ciclo pernicio - so de la informalidad y la descapitaliza - ción de los sistemas de protección social contributivos y la proliferación errática de programas sociales residuales. Fortalecer la competencia en las esferas económica y política; el universalismo en la esfera so - cial, y la legalidad, transparencia y rendi - ción en lo gubernamental son condiciones sine qua non para el desarrollo con equi - dad en México.

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