¿Cuál ha sido la evolución del panorama político y de las estrategias sindicales desde la instauración del régimen Franquista hasta el final de la transición?

¿Cuál ha sido la evolución del panorama político y de las estrategias sindicales desde la instauración del régimen Franquista hasta el final de la transición?

Eder Ferrera Merinero. 100291820 - 3º Relaciones Laborales y Empleo.

Análisis del marco regulador de las relaciones laborales en España.

Ensayo basado en:

José María Zufiaur “El Sindicalismo Español en la Transición y en la Crisis”, publicado en Papeles de economía española, Nº 22, 1985, págs. 202-234.

¿Cuál ha sido la evolución del panorama político y de las estrategias sindicales desde la instauración del régimen Franquista hasta el final de la transición?

¿Cuál ha sido la evolución del panorama político y sindical desde la instauración del régimen Franquista hasta el final de la transición? ¿Se han producido cambios en las estrategias de los principales agentes sociales? ¿Han sido los movimientos políticos un factor clave en la evolución de dicho periodo? Para responder a estas preguntas, será necesario analizar ambas etapas de dicho periodo, una primera etapa marcada por un periodo de prohibición, exilio y clandestinidad de los sindicatos y partidos políticos contrarios al régimen Franquista, y la posterior etapa de transición hacia una monarquía parlamentaria caracterizada por unos movimientos sindicales ligados a los progresivos sucesos políticos.

Con la instauración del régimen Franquista en febrero de 1939, se produce un punto de inflexión en la evolución de la configuración político-sindical Española. Se prohíben todos los entes políticos y sindicales ajenos al régimen, viéndose éstos arrastrados a la clandestinidad o al exilio. Con la aprobación en 1940 de la Ley sobre la Unidad Sindical, nacerá el Sindicato Vertical. Sindicato dirigido por el régimen y basado en una afiliación obligatoria para empleados y empresarios aunando el conjunto de la población laboral bajo una única entidad organizada por sectores productivos. En la década de los 60, se producirá el nacimiento en la clandestinidad de Comisiones Obreras tras un intento de penetración en el sindicato vertical del ilegalizado Partido Comunista Español (PCE). Es por tanto que, durante este periodo y clandestinamente, Comisiones Obreras (CCOO) junto con la Unión Sindical Obrera (USO) irán posicionándose como elementos de lucha en la sombra contra la represión. Mientras tanto, en el exilio, la Unión General de Trabajadores (UGT) sufrirá una crisis interna que le llevará a posicionarse como un sindicato de clase y con estructura diferenciada del Partido Socialista Español (PSOE).^[1]

En 1976, y tras la reciente muerte de Franco en 1975, Adolfo Suarez será posicionado al frente del gobierno. Tras las constantes presiones obreras motivadas por el deseo de una representación de carácter libre y democrático, Adolfo Suarez abolirá el Sindicato Vertical reconvirtiéndolo un año después en la Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales. Será a comienzos de abril de 1977 cuando se reconocerá el derecho de asociación sindical a través de la adecuación de los convenios 87 y 98 de la OIT en la Ley 19/77. Reconocimiento ratificado posteriormente en la Constitución de 1978, aunque vacío de contenido; que, junto con la Ley de Convenios Colectivos de 1973 y la ratificación del convenio 135 OIT sobre protección y  facilidades a empleados en el seno empresarial configuraban un marco de relaciones laborales insuficiente.

Tras el primer proceso electoral del periodo de transición, en junio de 1977, será el partido de Unión de Centro Democrático (UCD) el que se posicionará al frente del gobierno. Durante este inicio de legislatura se producirá una etapa de consenso político entre el gobierno y el PCE. Consenso que permitirá la firma de los Pactos de la Moncloa con CCOO, la inicialmente reticente UGT y las asociaciones empresariales, lo que suscitó el rechazo de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT). Durante este periodo, CCOO, debido a su estrategia, se basará en el posicionamiento del ente sindical como sindicato responsable a través de la interlocución privilegiada con el poder político y  patronal, considerado por su mayor implantación como el único ente capaz de establecer el orden en la clase trabajadora. Paralelamente, desde el gobierno, se potencia el posicionamiento de USO como tercera fuerza sindical, utilizando ambos elementos como instrumentos reductores del poder socialista, principal fuerza competitiva directa. Durante este periodo CCOO basará su estrategia en el movimiento socio político recurriendo a la acción obrera como principal elemento de contestación política. Finalmente, bajo este marco de presión la UGT y a través de uniones de acción puntuales con CCOO buscará evitar el posicionamiento de USO como tercera fuerza política, lo que supondría su aislamiento de la dinámica de acción sindical. Durante este periodo UGT defenderá un modelo claramente sindical equiparable al del resto de países democráticos, con formas de estructuración y actuación propias de la legalidad, con el fin de configurar un nuevo marco de relaciones laborales, esperanzado por el triunfo electoral del partido socialista frente al movimiento sociopolítico planteado por CCOO.

Una nueva victoria de la UCD en marzo de 1979 supondrá la ruptura de las expectativas de gobierno socialista de los ugetistas y ante el temor de un sindicalismo de hegemonía comunista, supondrá el alejamiento político de UCD del PCE y CCOO. Ante esta nueva situación, UGT modifica su estrategia buscando una mayor normalización de las relaciones sindicato-empresarios y gobierno-oposición, pasando de una práctica sindical ideológica a una acción sindical basada en la negociación. Contrariamente, CCOO tratará de aumentar y recuperar la posición privilegiada con la que contaba en la situación anterior. Posiciones que se reflejarán en la aceptación de UGT a la proposición gubernamental de negociación entre sindicatos y empresarios del proyecto del Estatuto de los Trabajadores, que se aprobará en marzo de 1980, incluyendo el derecho limitado de los sindicatos a negociar convenios de empresa. Esta proposición fue, sin embargo, rechazada por CCOO alegando falta de representación gubernamental en el proceso. Esta misma postura se reproducirá en la posterior negociación del Acuerdo Marco Interconfederal en 1980. Acuerdo que supondrá un compromiso de los principales agentes sociales con el gobierno en la lucha conjunta contra la inflación a través de la regulación y moderación de los crecimientos salariales e incluirá la normativa práctica del descuento de la cuota sindical en las nóminas de los trabajadores, consagrando así una nueva ordenación de la negociación colectiva y el reconocimiento de los derechos sindicales en la empresa. Acuerdo aceptado y apoyado por UGT y rechazado por CCOO que continuaba reclamando la negociación política gubernamental. Ambos rechazos llevarán a CCOO a una posición de marginación sociosindical y a un periodo de crisis. En 1981, con la negociación y firma del Acuerdo Nacional de Empleo, ésta entrará de nuevo en las negociaciones sociales, promovida por intereses principalmente sindicales y evitando una nueva exclusión.

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