Derecho Indigena

Desde la Reforma de la Constitución Política del Estado de agosto de

1994 en Bolivia se han sancionado más de una treintena de leyes,

decretos y reglamentos que aplican y desarrollan sectorialmente los

derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. Forman parte de un

conjunto mayor de cambios profundos en la naturaleza y el imaginario

de la sociedad y la nación bolivianas, definidas en la Constitución

vigente como multiétnica y pluricultural y, en tiempos recientes, en la

del Estado imaginado como multinacional en las propuestas indígenas y

el texto de la Constitución Política del Estado de la Asamblea

Constituyente que se someterá a Referéndum como dispone la Ley de

Convocatoria.

Cada una de las disposiciones jurídicas sancionadas ha tenido y tiene

repercusiones en el orden societal1 y algunas han generado y

apuntalado procesos de cambio en aspectos estructurales que van más

allá de lo dispuestos en la norma.

Hacemos referencia, por ejemplo al caso de la Ley del Servicio Nacional

de Reforma Agraria (INRA) respecto a las Tierras Comunitarias de

Origen (TCO) en la que han confluido dos procesos, el propio vinculado

a la ley misma en cuanto a sus efectos en los regimenes de propiedad

de la tierra y el otro mucho más amplio en sus consecuencias jurídicas,

sociales y políticas que se originan en una “lectura” social de las

organizaciones y los Pueblos Indígenas aplicada a las TCO,

entendiéndolas en su práctica discursiva y de gestión concreta como

territorio sustento de su demanda de autonomía. Esta lectura social y

política transformadora del derecho formal ha reforzado, por una parte,

el control que, aunque en grado variable, tuvieron las entidades

territoriales indígenas (Ayllus, Cabildos, etc.), control ejercido a través

de normas del sistema jurídico de cada pueblo indígena.

No podemos aquí hacer el análisis de esta articulación entre las normas

del derecho estatal y los procesos sociales impulsados por las

organizaciones indígenas, sin embargo la tomamos como marco para

contextualizar las disposiciones del derecho estatal y sin hacer una

revisión exhaustiva presentan una mayor articulación, en una relación

de causa y efecto de doble entrada, con los movimientos indígenas y a

procesos sociales y políticos en las ultimas dos décadas.2

1 Utilizamos el término «societal» para significar y referirnos a lo que es relativo a la estructura y organización

de la sociedad», uno de los significados de «social» que abarca un espectro muy amplio de significados y

connotaciones.

2 Un extensa información sobre las disposiciones legales sobre los pueblos indígenas está disponible en el

Banco de Datos de Legislación Indígena elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos

Humanos,con el apoyo del BID y NORLAND. A nivel local, el trabajo de Judith Marinissen Legislación

Boliviana y Pueblos Indígenas. (SNV- Holanda y CEJIS. Segunda Edición 1998, Santa Cruz, Bolivia) es una

4

Lo anterior va ligado a una modificación fundamental en el campo

sociopolítico de Bolivia que constituye el contexto del proceso vinculado

con los derechos indígenas. Se trata de la importancia social y política

de la identidad y la identificación étnica como articulador de actores,

agentes y procesos sociales en una suerte de reemplazo a la

interpelación política desde la posición de clase. Aunque las demandas

de los pueblos indígenas constituyen el centro de este proceso otra

gama de interpelaciones desde la identidad socio cultural son parte del

mismo, como es el caso de las identidades regionales y su expresión

política en las demandas de autonomía.

1.2 Contextos socio políticos de la identidad y la identificación

A nivel mundial, lo étnico y la etnicidad en tanto fenómeno social y

político siguieron una evolución y transformación compleja. De

fenómeno social marginal y de cualidad subordinada pasó a ser un

poderoso estructurador de explosivos movimientos sociales en todo el

mundo ligado como en el caso de algunos países del “primer mundo” a

demandas autonómicas, en otros como componente de creencias

religiosas y en los nuestros a procesos anticoloniales.

Las categorías y supuestos que hasta entonces lo habían explicado,

debieron ser revisadas y el pensamiento social debió iniciar la

construcción de nuevas perspectivas que dieran cuenta de ese

“resurgimiento” de la identidad social construida sobre de

identificaciones étnicas y socio culturales que modificaron imaginarios

y visiones sobre las respectivas sociedades, naciones y estados, de

manera de responder a las preocupaciones de gobiernos, políticos y

legisladores enfrentados, en todo el mundo, a conflictos étnicos de una

dimensión y profundidad inéditos.

En la región este proceso asumió rápidamente formas de movilización

social y política que prepararon e indujeron cambios que resultaban

impensables algunas décadas atrás.

Las organizaciones indígenas estructuraron movimientos sociales y se

consolidaron como actores sociales y políticos plenos impulsando

procesos de alcance local y nacional que aglutinaron no solamente a los

distintos pueblos y sus organizaciones sino también a sectores

populares urbanos y otros influyentes sociales y políticamente que

apoyaron sus demandas. Aunque con alcance distinto en cada país su

agencia social y política, los movimientos indígenas logran inscribir su

importante contribución para establecer el estado de situación

...