Derechos Humanos

Ciudadanía y Derechos económicos, políticos y culturales

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) son parte de los derechos humanos, definidos éstos como atributos y garantías que corresponden al ser humano o a las personas, al margen y por encima de las leyes, los cuales por lo menos deben ser reconocidos y protegidos.

El reconocimiento de los DESC se ha establecido universalmente a través de distintos instrumentos: convenciones, conferencias, declaraciones, pactos y protocolos que obligan a los Estados a protegerlos y materializarlos. En este sentido, fue en 1966, más de veinte años después de emitida la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando se dividieron formalmente los derechos humanos en dos grupos: los civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales.

Los derechos humanos tienen carácter de universalidad, son indivisibles e interdependientes, ya que el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos sólo puede tener lugar en contextos que aseguren condiciones de vida digna y humana; es decir, el cumplimiento de los DESC.

Este avance se da en el marco del proceso histórico social que supuso el cambio de paradigma económico, social y político que se inició en México en la década de los años 80 del siglo pasado. En un Estado con cuestionable economía del bienestar, fuertemente endeudado, autoritario y crecientemente corrupto e ineficiente, surgió desde distintas corrientes sociales y políticas el paso a una sociedad abierta, democrática, con mayor participación ciudadana y ávida de cambios que redujeran el centralismo y la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos.

El cambio de paradigma significó el paso de una economía volcada hacia el mercado interno, que tenía como motor principal del crecimiento a la inversión y el ahorro públicos, a una economía abierta, orientada a la exportación, principalmente con un modelo maquilador basado en la inversión privada nacional y extranjera, y una reducción sustancial de la intervención del Estado en la economía.

Ahora bien en materia social, aunque se han fomentado los diálogos entre el ejecutivo federal con líderes sindicales para establecer un equilibrio en las demandas del grupo de individuos, que exigen servicios y prestaciones faltan aún mejoras en los ámbitos de educación pública, salud, vivienda, créditos para el consumo y seguridad social en calidad de salario social.

Por otra parte, las intervenciones del gobierno en la provisión de servicios públicos que atiendan los derechos sociales, tal es el caso en la demanda de educación superior y de empleo ejercida por el grupo de población joven, y los requerimientos en materia de pensiones, empleo y salud del grupo de adultos mayores están, actualmente, planteando violaciones a los derechos

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