EL ESTADO DE CHILE Y EL DESPOJO DE LOS MAPUCHE

Sin embargo, esa masacre estatal cometida, transgredió las propias normas del Estado chileno. Más allá que a la palestra haya salido una carta de Bernardo O”Higgins Riquelme quien fuera director Supremo de la República de Chile y considerado por algunos como el “padre de la patria”, donde reconocía la independencia y soberanía Mapuche y su frontera, es el propio naciente Estado chileno en 1825 que establece un parlamento con la Nación Mapuche, en un acuerdo pacífico, de interlocución, donde se reconocen los límites jurisdiccionales y los límites de la competencia de las respectivas autoridades.

La empresa de conquista iniciada el año 1541, terminó por aniquilar (vía la opresión y el mestizaje) todo vestigio social de las poblaciones ubicadas al norte del río Bio Bio. Los Mapuche, lograron expulsar a los hispano-criollos de la zona de la Araucanía, entre los ríos Bío Bío y Toltén.

La rebelión Mapuche iniciada en Curalaba el año 1598 permitió desarticular definitivamente este aparato de invasión y conquista en la región. Así, la Corona española se vio obligada a establecer una política de Parlamentos y tratados con los Mapuche.

En efecto, con la política de los Parlamentos nace la frontera entre “entre una Nación y un Reino Imperialista dentro de los cuales destacan el de Quilin de 1641 y 1647 y más tarde el de Negrete – 1726- , los que significan un reconocimiento del estatus independiente del Pueblo – Nación Mapuche y de su territorio.

Los parlamentos coincidieron en reconocer la frontera en el Bío- Bío, la que ninguno podía cruzar sin el permiso del otro, diferenciando así los territorios y jurisdicciones de ambos pueblos. Se trataría entonces, de un tratado internacional entre naciones soberanas. En los últimos años ha sido apoyado por distintas instancias nacionales como internacionales.

Incluso, según la propia Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, instancia creada por el represivo Gobierno de Ricardo Lagos, cuyas conclusiones durante el año 2004, no fueron consideradas ni valoradas por el mismo Gobierno en la aplicación de sus políticas públicas, señala que los Parlamentos deben ser analizados como evidencia jurídica, que se trata de una relación reconocida y respetada y aunque aún no tengan valor “probatorio” en los tribunales debieran ser tomados en cuenta como un antecedente de la mayor importancia frente a situaciones de controversia contemporánea.

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