Educacion En La Ultima Dictadura Militar

LA EDUCACIÓN DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR

PERIODO 1.976-1.983

La última dictadura militar produjo huellas profundas en el sistema educativo. A pesar de no haber desarrollado un proyecto educativo sistemático y orgánico, su impacto en la vida cotidiana de las instituciones, y en el funcionamiento regular del sistema educativo es innegable.

Las políticas educativas puestas en marcha durante el período 1976 – 1983 tienen como denominador común ejercer un control pleno sobre los actores y las instituciones. Este control fue ideológico, pero también fue un control del comportamiento y de las relaciones cotidianas entre los actores escolares.

Por otra parte, estas políticas se articularon con elementos que ya se encontraban presentes en el dispositivo escolar construido durante un siglo. El ejercicio arbitrario de la autoridad, la vigilancia sobre el comportamiento y el pensamiento de alumnos y docentes, la ritualización y la burocratización de la enseñanza, fueron algunos de los elementos que la dictadura enfatizó en las escuelas pero que ya formaba parte de muchas de ellas.

El control sobre el sistema educativo

Una de las preocupaciones iniciales del gobierno militar en materia educativa fue ejercer un control pleno sobre el sistema educativo. Dos días después del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, el delegado militar ante el Ministerio de Cultura y Educación, Contraalmirante César Guzzetti, designaba delegados militares en todas las direcciones nacionales y generales del ministerio.

Esta resolución revelaba la preocupación inmediata de la Junta Militar por tomar el control del aparato burocrático educativo. La nómina de designaciones indica que no se trató de una ocupación estratégica de algunas áreas relacionadas con la gestión de las escuelas o las universidades, sino de un inmediato copamiento con miembros de las fuerzas armadas de la totalidad de las dependencias del Ministerio, desde las áreas de administración y personal, hasta las de educación del adulto o educación física.

El sistema educativo representaba uno de los cuerpos más numerosos de la administración pública nacional. Además, en los años anteriores al golpe, las instituciones educativas habían sido escenario de procesos de radicalización política, creciente presencia sindical y habían experimentado distintas iniciativas de apertura de la participación de los actores escolares.

Concurrentemente con este control ejercido sobre la estructura burocrática del sistema, la vida cotidiana de las escuelas sufrió el impacto de la represión, los secuestros y desapariciones, desde el inicio mismo de la dictadura.

En alguna medida, estas políticas represivas, al menos en la dimensión específicamente pedagógica, registran ciertas continuidades respecto de gestiones educativas inmediatamente anteriores a la de la dictadura. El ministro Ivanisevich había iniciado ya la persecución de docentes y el control ideológico sobre el cotidiano escolar. La dictadura impuso, de todos modos, un salto cualitativo al constituir estos elementos en el centro de su intervención en el sistema educativo.

Más allá de este copamiento integral de la estructura del sistema, durante el período 1976 – 1983, la cartera educativa fue una de las que experimentó una mayor rotación de ministros. Ricardo Bruera, Juan Catalán y Juan Llerena Amadeo, durante la presidencia de Videla; Albano Harguindeguy, Carlos Burundarena durante la presidencia de Viola y Cayetano Licciardo durante las presidencias de Galtieri y Bignone ocuparon el Ministerio en seis años.

Desde el punto de vista de las propuestas educativas es difícil hallar un denominador común entre esta sucesión de ministerios, sin embargo, hubo una continuidad represiva a pesar de la rotación de las gestiones. A la desaparición y secuestro de estudiantes y docentes la acompañó la expulsión de maestros y profesores, el control de los contenidos, la prohibición de libros, el control de las actividades de los alumnos, padres y docentes, y la regulación de los comportamientos visibles (ropa, cortes de pelo, etc.) que se extendieron a lo largo de todo el período.

La intervención sobre el currículum

Entre estas regulaciones, las distintas gestiones educativas de la dictadura buscaron la internalización de patrones de conducta que aseguraran la continuidad de los valores tradicionalistas, y que evitaran la eclosión del conflicto en las instituciones. Para ello, se produjeron entre 1977 y 1981 distintas intervenciones en el currículum escolar de los niveles primario, secundario y de la formación docente.

Estas intervenciones más centradas en el control ideológico que en la promoción de cierto orden de aprendizajes, tuvieron por resultado un vaciamiento de contenidos educativos socialmente significativos. Una marca particular en el plano curricular fue la de evitar la participación de los actores educativos en la definición del currículum. Los maestros y profesores no debían intervenir en la enunciación de objetivos y contenidos, sino dedicarse exclusivamente a la formulación de actividades de enseñanza, su ejecución y evaluación.

El currículum de los distintos niveles y modalidades fue reorientado en función de una concepción esencialista de los valores, una imagen excluyente de la familia, y un giro hacia el nacionalismo fundado en la idea de la defensa nacional. Asimismo, el concepto de democracia dejó de ser mencionado en los distintos documentos curriculares. La formación del ciudadano se definía en términos de obediencia y subordinación, eliminándose toda referencia a las nociones de participación y compromiso.

En este sentido, una de las modificaciones más notables que experimentó el currículum de la educación secundaria fue el reemplazo de la materia Estudios de la Realidad Social Argentina (ERSA) por Formación Moral y Cívica. En general, se produjo una descontextualización de los contenidos curriculares, desligándolos de las condiciones socio-históricas. Así, las modificaciones del currículum implicaron una pérdida de significatividad, y un vaciamiento de contenidos, que tuvo consecuencias en el largo plazo en un deterioro de la calidad educativa.

Transferencia de escuelas primarias de la nación a las provincias

Desde la Ley Láinez, en 1905, el Poder Ejecutivo Nacional estuvo facultado para crear escuelas de su dependencia en el territorio de las provincias, a solicitud de éstas, con el fin de garantizar la cobertura de la educación primaria. De acuerdo con la Constitución Nacional de 1853, este nivel educativo debía estar a cargo de las provincias, pero a lo largo del siglo XX se hizo evidente que la escasez

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