El Origen De La Violencia En Colombia

Un primer conjunto explicativo de las "violencias colombianas, y en especial de la violencia homicida actual, se encuentra en el campo político. Las luchas por el control del Estado, las rivalidades e intolerancias entre los partidos y organizaciones políticas, y las inconsistencias y debilidades de las distintas prácticas en el ejercicio del poder han sido un elemento explicativo esencial de los diversos ciclos de violencia del país, con diferencias en el tipo y papel de los diversos actores, en los intereses particulares en juego y en las modalidades e intensidades de las acciones violentas. En los enfrentamientos conquistador-conquistado y metrópoli-colonia de los siglos XV al XIX, y en las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XIX es muy claro el contenido político. Las razones fundamentales más aceptadas de la violencia de la primera mitad del siglo XX. "La violencia" como se le reconoce en la literatura y en el imaginario colectivo nacional - se relaciona precisamente con la debilidad del Estado, propiciada en buena parte por la confrontación entre los partidos liberal y conservador, y la intolerancia política, estimulada también por la intolerancia religiosa. Igual si se trata de "un derrumbe parcial del Estado", como lo planteó en su análisis histórico de dicho proceso Paul Oquist a finales de los setenta, o de un "desmantelamiento de la ideología de la regulación estatal" que llevó a una disolución progresiva del Estado, como lo postuló Daniel Pécaut a comienzos de los ochenta, el núcleo explicativo central de "La violencia" es político. Como la indagación que originó esta línea de trabajo se dirige a la violencia colombiana de las tres últimas décadas, la cuestión entonces es precisar con qué actores, en qué sentido, en qué medida y a través de qué mediaciones y mecanismos el contexto político contribuye a explicarla. Los estudios, ensayos y la información disponibles, y los resultados de las entrevistas realizadas a diferentes actores en desarrollo del trabajo personal, confirman de manera categórica el carácter predominantemente político de la violencia actual. Conviene desagregar los contenidos de esta afirmación.

En primer lugar: tanto los analistas internacionales como los nacionales reconocen en las insuficiencias, debilidades e ilegitimidad del Estado colombiano un factor determinante de la violencia actual. Daniel Pécaut se detiene en explicar la "precariedad del Estado-Nación". Peter Waldmann opina que "no es suficiente afirmar que el Estado colombiano se encuentra en una crisis de legitimidad y de efectividad sino que habría que diagnosticar una desintegración estatal periódica".

Aun Malcolm Deas, empeñado en superar los estereotipos y las explicaciones que considera "retóricas" de la violencia actual y en plantear más preguntas que respuestas - "sabemos mucho menos acerca de la violencia política de lo que suele pensarse" - parece aceptar la importancia relativa de las carencias y ausencias estatales en la dinámica de la violencia actual. Varios de los investigadores nacionales que trabajan el tema han desarrollado distintas dimensiones de la precariedad "colapso" y deficiencias estatales en la génesis y dinámica del problema.

Sin rendir culto al saber convencional, pero apreciando más que otros la percepción que tienen del problema de la violencia homicida grupos como el entrevistado por el autor de este trabajo, se constituye en un argumento importante el hecho de que la mitad de los interlocutores seleccionados considera la violencia actual como expresión y consecuencia al tiempo de la precariedad e insuficiencia del Estado y del consiguiente funcionamiento inadecuado de las relaciones Estado-Ciudadano-Sociedad. Fueron resaltados al respecto cuatro aspectos específicos del problema: la ilegitimidad, la pérdida de credibilidad, la ausencia y la debilidad del Estado. Cohesiona el argumento el hecho de que al momento de las propuestas, la más frecuente se refiera a la necesidad de legitimar el Estado, recuperar su credibilidad, fortalecerlo y darle mayor presencia y capacidad de acción.

Pero la explicación política de la violencia homicida no se agota en la consideración del papel del Estado. Se extiende también a la sociedad en su conjunto. A la falta de conciencia y participación política, al desconocimiento de los derechos ciudadanos, a los obstáculos para el libre juego democrático y a la proclividad a tratar de resolver cualquier conflicto por la vía violenta. Estas dimensiones lúcidamente señaladas por los y las entrevistadas no son un descubrimiento nuevo u original. autores han destacado al tratar de explicar que las distintas formas de la violencia actual. Tienen que ver con el ejercicio real de la ciudadanía, con los tipos y niveles de participación política y con el grado de organización social.

De los tres procesos coyunturales considerados aquí como específicos del período en estudio de la vida nacional y como dinamizadores del actual ciclo de violencia, hay dos que tienen una mayor identidad política. Son ellos: la intensificación del conflicto político-militar y la implementación del modelo neoliberal, en especial en lo referente a la concepción y a la acción del Estado y al tipo de valores y estrategias políticas que lo animan y que a su vez él impulsa. Sobre ellos se avanza a continuación dentro de este contexto explicativo político de la violencia.

Impacto político del cambio en la concepción del Estado. Más que por su sentido y consecuencias económicas -que se retomarán al desarrollar el respectivo contexto - interesa considerar aquí las orientaciones y efectos políticos de la reformulación del papel del Estado implicados en el denominado modelo neoliberal. De un lado es innegable que en la raíz de dicho modelo hay un marcado hincapié en la competencia como fuerza dinamizadora social, en el mercado como escenario central de las interacciones sociales, en la privatización de lo público y en una relativa reducción del Estado, asignándole una función de predominio económico en especial en la regulación del mercado. Tales énfasis pueden tener, y de hecho han tenido, consecuencias muy negativas aún en países considerados desarrollados. Pero sin duda los efectos son más negativos en un país como Colombia y en una coyuntura como la del período en estudio. En efecto, al evidenciarse con la violencia de mitad de siglo las debilidades del Estado, la polarización política y las rupturas y necrosis del tejido social, se pudo concluir que para su reconstrucción se requería -entre otras cosas- de un Estado más sólido, incluyente y presente, empeñado más que en regular los mercados en generar y sostener equidad en la distribución del poder y la riqueza y en crear vínculos solidarios.

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